Desde hace años, la provincia de Santa Fe es pionera en fabricación de medicamentos que garantizan el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El Laboratorio Industrial Farmacéutico – Sociedad del Estado (LIF) produce misoprostol y mifepristona que se comercializan a todo el país. Estas dos drogas, combinadas, son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para garantizar abortos seguros. Hace unas semanas, desde el LIF hicieron pública una preocupación: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) implementado por el presidente Javier Milei deroga la ley N° 27.113, que declara “de interés nacional y estratégico” a los laboratorios de producción pública, por lo que la fabricación de misoprostol y mifepristona podría verse afectada. Así, La Libertad Avanza suma un nuevo embate a los derechos de las mujeres y diversidades de todo el país.
El misoprostol es una prostaglandina que no se acumula en el cuerpo ni afecta la fertilidad. Tomar 12 pastillas en tres dosis produce contracciones en el útero provocando un aborto. Es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) un medicamento esencial para abortar de manera segura y ambulatoria hasta la semana 12 de embarazo.
La mayoría de las interrupciones se hacen con misoprostol de manera ambulatoria, es decir, la persona puede hacerlo en la casa en el momento que prefiera, con el seguimiento del médico o la médica de cabecera antes y después. Su efectividad es del 85 por ciento y, combinado con la mifepristona, un 99 por ciento de eficacia.
El LIF produce misoprostol desde 2018 (en 2021 consiguió la licencia de la ANMAT) y en 2023 sumó la producción de mifepristona. Es el primer laboratorio público de América Latina en producir este último medicamento. Con la producción de esas dos drogas, Santa Fe puede proveer al país del paquete básico necesario para asegurar el acceso a los mejores estándares de atención de IVE, tal y como establece la ley sancionada el 30 de diciembre de 2020.
Sin embargo, hace unas semanas desde el LIF hicieron públicas sus preocupaciones respecto de los alcances del DNU implementado por el presidente Javier Milei tras su asunción en diciembre pasado.
El DNU deja sin efecto la Ley 27.113, sancionada en diciembre del 2014 y promulgada en enero del 2015, que declara «de interés nacional y estratégico» la actividad de los laboratorios de producción pública. A su vez, esa ley creaba la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) que, descentralizada de la órbita del Ministerio de Salud, posee «autarquía económica y financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado».
El objetivo de la ley es «promover la actividad de los laboratorios de producción pública, entendiendo por tales a los que pertenecen al Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal». Además fomenta la investigación y el desarrollo científico, tecnológico e industrial; busca fortalecer el rol de estos en el sistema de salud; propiciar programas y políticas públicas que prioricen la accesibilidad a medicamentos, materias primas para la producción, vacunas e insumos; orienta la producción y el abastecimiento de estos últimos al subsector público de salud y a organismos e instituciones sin fines de lucro; y promueve el intercambio y cooperación entre laboratorios públicos a nivel regional e internacional.
Al respecto, la directora dl LIF, Édila Formente, sostuvo: «Como estamos creados por una ley provincial, en teoría y en principio estaríamos amparados por la autonomía de las provincias. Pero por supuesto que en alerta porque, si a nivel nacional las políticas van en detrimento de la producción pública, lógicamente puede afectar al laboratorio público de la provincia».
Hasta ahora, la distribución de misoprostol está garantizada en todo el país gracias a la producción pública que realiza el LIF, a través del programa nacional Remediar -el cual brinda acceso y cobertura de medicamentos esenciales a centros de salud-. La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva adquirió este medicamento desde el LIF por primera vez en 2021, lo que significó «un ahorro del 54,9%, con respecto al precio del laboratorio privado al que había comprado en 2020», según un informe de la ANLAP.
