Finalmente los alegatos de apertura en el juicio oral y público por el doble crimen de Emanuel Medina y David Campos tuvieron lugar este viernes. Tras un escollo técnico que demoró el debate una semana, por un cambio de defensa de una de las imputadas, la fiscalía, la querella y las defensas presentaron sus teorías del caso.
“Fue un fusilamiento no un enfrentamiento”, describieron los representantes de las familias de las víctimas, mientras que las defensas intentaron alivianar la situación procesal de sus clientes. En el banquillo de los acusados se sentaron 19 uniformados, dos de ellos por el crimen y el resto por distintos delitos como encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El debate está presidido por los jueces María Trinidad Chiabrera, Román Lanzon y Gonzálo López Quintana.
El hecho ocurrió la mañana del 23 de junio de 2017. David Campos de 28 años y Emanuel Medina de 32, volvían a sus casas después de una noche de festejos. Iban a borde de un VW Up cuando en Grandoli y Gutiérrez personal policial comenzó a perseguirlos.
La querella contó que las víctimas sacaron «el auto arando», lo que molestó a uno de los acusados, Alejandro Bolanios, que inició una persecución. Los jóvenes se asustaron y continuaron la marcha. Varios móviles se unieron a la corrida que duró unos 20 minutos por distintas calles de la ciudad, a los tiros, hasta que en Callao al 5700 un móvil policial les cerró el paso.
El conductor del Up perdió el control del coche, que terminó impactando contra un árbol. David y Emanuel quedaron dentro del habitáculo y fueron baleados por el personal policial que llegó al lugar. La investigación determinó que las víctimas no tenían armas en su poder, contó la querella a cargo de Santiago Bererciartúa.
El representante de la querella dijo que desde un primer momento las familias constataron que fue un fusilamiento, no un enfrentamiento, lo que se convirtió en una bandera de lucha durante estos tres años. Contó que debieron romper con la versión policial que hablaba de un intercambio de disparos, también de “dos delincuentes que venían de robar”, lo que se fue diluyendo con el correr de la investigación.
La querella aseguró que tras la conmoción del accidente las víctimas se encontraban inmovilizadas y fueron ejecutadas con armas reglamentarias provistas por el Estado por los acusados Leonel Mendoza y Alejandro Bustos. Mientras que Marcelo Escalante disparó a la línea baja del coche. David recibió tres disparos y Emanuel nueve impactos de bala. La querella constató que la Policía plantó dos armas, dijo.
Agregó que estas circunstancias se dieron cuando los uniformados Fernando Varela, Paola Cano, Leandro Cardozo, Claudio Canclini, Aldo Benítez, Roxana Ramírez, Jésica Lezcano, Pablo García y Rosa D´Angelo estaban presentes, no denunciaron lo que pasó y colaboraron en alterar la escena. Dijo que a estos uniformados se sumaron Walter Ocampo, Alexis Tanneur, Alejandro Bolanios, Marías Ramírez, Daniela Abraham y Germán Mareco y todos rubricaron el acta policial.
En cuanto a Hugo Baroni, jefe de tercio del Comando Radioeléctrico en ese momento, la querella aseveró que quiso ocultar su participación desde el principio a pesar de estar a cargo de la escena, agregó.
Pedidos de pena
La Fiscalía, a cargo de Adrián Spelta, y la querella coincidieron en la teoría del caso y en la calificación legal, aunque se diferenciaron en el pedido de algunas de las penas. Para Bustos y Mendoza solicitaron prisión perpetua por los delitos de homicidio calificado por abuso de función o cargo en su carácter de miembro integrante de las fuerzas públicas (la querella sumó alevosía) y falsedad ideológica agravada por su carácter de miembro integrante de las fuerzas públicas.
Para Escalante, por los delitos de abuso de armas calificado por el carácter de funcionario público, encubrimiento doblemente agravado por la gravedad del delito que se encubre y por el carácter de funcionario público y falsedad ideológica agravada por su carácter de miembro integrante de las fuerzas públicas. La Fiscalía pidió 8 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta, la querella pidió el doble de pena.
Para Baroni, Varela, Cano, Cardozo, Canclini, Benítez, Roxana Ramírez y Lezcano la Fiscalía pidió 7 años de cárcel y 14 de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento doblemente agravado por la gravedad del delito que se encubre y por el carácter de funcionario público y falsedad ideológica agravada. Mientras que la querella requirió 12 años de prisión y el doble de inhabilitación aunque para las dos últimas acusadas pidió 7 años de prisión y 14 de inhabilitación.
En cuanto a Ocampo, Tanneur, Bolanio, María Ramírez, Abraham y Mareco; por los delitos de encubrimiento doblemente agravado y falsedad ideológica agravada la Fiscalía pidió 4 años y el doble de inhabilitación especial mientras que la querella solicitó 6 años y 12 de inhabilitación. Los últimos acusados fueron D’Angelo y García por el delito de encubrimiento doblemente agravado, la Fiscalía pidió 4 años de prisión y la querella solicitó la pena de 6 años y 10 de inhabilitación.
Luego fue el turno de las defensas, que intentaron mejorar la situación procesal de sus clientes y lograr la absolución. Luego declararon el padre y el hermano de Emanuel Medina y el papá de David Campos. Para mantener las normas de distanciamiento el debate se trasmitió en tres salas donde estuvieron las partes, los acusados y el público que asistió a la audiencia. El debate continuará el lunes a partir de las 9.
