Dos mujeres y tres hombres comenzaron a ser juzgados este lunes por su participación por el doble femicidio de Estefanía (28) y Marianela Gorosito (25) cometido en julio de 2022 en un descampado en Cabín 9, de la localidad de Pérez. El fiscal Patricio Saldutti expuso una mecánica criminal que combina el accionar de las bandas narco con la violencia de género, en el departamento Rosario que en 2022 transitó su año más sangriento con un récord histórico de 287 homicidios.
El plan criminal
En esta primera jornada, el tribunal integrado por los magistrados Facundo Becerra, Valeria Pedrana y Juan Pablo Rodríguez, escuchó los alegatos de apertura del fiscal Saldutti con la reconstrucción del secuestro que terminó en el doble asesinato de las hermanas y el pedido de pena.
Según la reconstrucción fiscal, el plan criminal se llevó a cabo el 19 de julio de 2022. Alrededor de las 19, las hermanas se encontraban en el bar Anajuana, ubicado en bulevar Oroño y Salta. Al salir fueron abordadas por los ocupantes de un Citroën C3 gris. Bajo engaños o amenazas, las jóvenes subieron al vehículo y fueron llevadas hasta la intersección de Chubut y Garzón.
Mientras el vehículo circulaba, las jóvenes fueron despojadas de sus pertenencias (celulares, llaves y joyas) bajo amenaza de arma de fuego con el objetivo de disimular el verdadero móvil del plan criminal en un doble homicidio en ocasión de robo.
El trayecto finalizó en un descampado de Cabín 9, sobre el Camino de los Indios casi intersección con Chajá. Allí, las hermanas fueron bajadas del auto y ejecutadas: Estefanía recibió ocho disparos y Marianela cuatro, en ambas los asesinos les gatillaron dos veces en el cráneo.
A las 20.30 de ese día, personal de Gendarmería Nacional divisó el vehículo sospechoso en un control. Tras una persecución, el auto fue abandonado y detuvieron a uno de los ocupantes (Espinoza López), mientras que otros lograron huir en ese momento. Sus cuerpos fueron encontrados al otro día por un vecino.
Según la investigación, la entrega fue facilitada por Lucas «Pelu» Castillo, quien en ese momento era pareja de Estefanía.
Castillo, sindicado como «gatillero» y hombre de confianza de Pablo Camino, habría utilizado ese vínculo de confianza para captar a las víctimas y entregarlas a los homicidas que terminaron con sus vidas por una presunta deuda de 900 mil pesos vinculada a la venta de estupefacientes.
Roles y acusaciones: estructura de la banda
La Fiscalía sostiene en su acusación que el ataque fue una «empresa criminal» planificada desde el interior de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda donde estaba alojado Pablo Camino (30) en ese momento y que luego pasó a la cárcel federal de Marcos Paz.
- Camino, quien ya se encuentra en prisión con condenas por homicidios y diversos delitos cometidos como jefe de una banda narco que en un tiempo respondió a la banda de Los Monos, está acusado como el autor intelectual. Le atribuyen haber ordenado y planificado el crimen desde la cárcel, proporcionando las instrucciones al grupo operativo. Está acusado de femicidio y homicidio criminis causa (matar para ocultar otro delito) y también el robo calificado.
- Lucas «Pelu» Castillo (38) y William Espinoza López (22): acusados como coautores materiales. Les atribuyen el traslado, el robo y la ejecución de las hermanas. Castillo mantenía un vínculo previo con una de las víctimas, lo que facilitó el contacto.
- Sandra Calegari (56), un transera de Camino, y Melisa Negro (39), la pareja de éste: acusadas como coautoras. Se les atribuye participación en la logística, portación de armas y el apoyo necesario para la consumación del plan.
El feminicidio en un contexto narco
La Fiscalía no solo se enfocó en la figura de homicidio calificado, sino que sumó la acusación de femicidio. Lo que conlleva un paso más en la interpretación de cómo operan las bandas narcocriminales donde las mujeres son utilizadas como blancos de disciplinamiento o represalias por deudas, donde sus cuerpos son tratados como mercancía o territorio de disputa mafiosa.
Condenas previas y situación actual
En la primera jornada del debate oral que este lunes busca el fiscal Saldutti solicitó la prisión perpetua para los cinco principales acusados.
Cabe recordar que Damián Rojas, dueño del auto, fue condenado en un proceso abreviado a 10 años de prisión el 19 de noviembre de 2024 como partícipe secundario, tras admitir que prestó el vehículo y luego intentó denunciar un robo falso en la subcomisaría 20ª para cubrir el rastro del crimen.
Además, una menor de edad también fue penada por la Justicia de Menores por su participación en el grupo agresor.
