Richard Norton Taylor, periodista que escribió durante tres décadas en el diario The Guardian sobre seguridad y Defensa, publicó este lunes un extenso artículo titulado «Desclassified UK». Como uno de los datos inéditos de la Guerra de Malvinas, el escritor señala que, para mediados de mayo de 1982, el portaaviones británico HMS Hermes tenía 18 armas nucleares a bordo y el portaaviones Invincible (Invencible) tenía 12; mientras que el barco auxiliar de la Flota Real, Regent, poseía una; «los barcos estaban dentro de la «Zona de Exclusión Total» impuesta por Gran Bretaña alrededor de las Islas Malvinas», dicen los documentos.
La desclasificación, y la publicación de Norton Taylor, coinciden con los 189 años de la ocupación británica de las Islas Malvinas que se cumplen este lunes y con los anuncios del gobierno nacional sobre cuáles serán sus actividades al cumplirse, en abril, los 40 años de la guerra anglo argentina.
Lo visto en los documentos permite completar la historia relatada con lujo de detalles ya que, en 2003, Gran Bretaña admitió que varios de los barcos que la ex premier Margaret Thatcher envió al Atlántico Sur para desalojar por la fuerza a los militares argentinos, llevaban armas atómicas.
Ese mismo año, el Ministerio de Defensa británico también reconoció que hubo «incidentes» en el transporte de esas armas, como contenedores dañados en sus traslados, sin que se perjudicara el armamento. También de ello escribió el profesor Sir Lawrence Freedman, el historiador oficial británico de la guerra de las Malvinas, cuando reconoció que desde Gibraltar fueron despachadas armas nucleares a las islas.
El periodista y escritor señala que la cuestión contenida en los Archivos Nacionales de su país estaba marcada como «Atómico de Alto secreto». Y que esta cuestión causó «pánico» y discusiones entre los funcionarios de Londres sobre los daños físicos que las armas podían causar y también sobre el tipo de decisiones políticas que les convenía o no tomar.
Señala que un acta del Ministerio de Defensa (MoD), fechada el 6 de abril de 1982, se refirió a la «gran preocupación» de que algunas de las «bombas nucleares de profundidad» pudieran «perderse o dañarse y el hecho se hiciera público». El acta, agregó Norton Taylor, decía que “las repercusiones internacionales de tal incidente podrían ser muy dañinas”. Entonces se instaló una disputa entre el Ministerio de Defensa y el Foreign Office (Relaciones Exteriores), que pidió a los primeros que «desarmara» el armamento. Pero la Marina se negó, señala Norton en «Declassified UK».
A raíz de esto, el Foreign Office se preocupó porque la presencia de armas nucleares en el Atlántico Sur violaría el Tratado de Tlatelolco de 1967, que estableció una zona libre de armas nucleares en América Latina y las aguas circundantes, incluidas las Malvinas.
El Ministerio de Defensa tomó nota de los principales argumentos a favor de mantener las armas a bordo y, según la investigación de Norton, declaró: «En caso de tensión u hostilidades entre nosotros y la Unión Soviética al mismo tiempo que la Operación Corporate (Operación Corporativa, el nombre en clave dado a la liberación de las Malvinas), la capacidad militar de nuestros buques de guerra se reduciría drásticamente».
Pero Norton señala que para los militares británicos, aunque no hubiera contaminación en caso de un arma nuclear dañada o hundida, los argentinos podrían hacerse con tecnología nuclear y “podríamos haber tenido que enfrentar una gran vergüenza en el campo de la no proliferación”.
