La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue enviada a juicio oral y público junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, en la causa donde están procesados por «administración fraudulenta» a raíz de la venta de dólar futuro al final de su gobierno.
El juez federal Claudio Bonadio dio por cerrada la investigación y envió la causa a sorteo de un tribunal oral, en lo que será el primer juicio que enfrentará la ex mandataria, según la resolución difundida hoy.
Junto a Cristina Fernández de Kirchner fueron enviados a juicio oral otros 14 procesados, como Kicillof, Vanoli y directivos del Banco Central como Pedro Biscay, entre otros.
Todos fueron enviados a juicio como coautores de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», que prevé penas de hasta seis años de prisión.
Bonadío los había procesado en un fallo confirmado por la Sala II de la Cámara Federal porteña que dejó firme además el máximo tribunal penal del país, Casación Penal.
«Los hechos resultan claros, precisos y circunstanciados», sostuvo Bonadio al repasar el dictamen acusatorio del fiscal federal de caso, Eduardo Taiano.
El juez sostuvo que «existen los presupuestos que justifican la realización de un juicio» y criticó a las defensas que se opusieron, en planteos que desestimó.
«Los escritos de las defensas que se opusieron al juicio no lograron conmover los argumentos», argumentó el magistrado, quien además señaló que «resulta paradójico que, quienes debieran ser los más interesados en que este proceso avance y se acerque al momento en que se encuentre en condiciones de obtener un pronunciamiento judicial que ponga fin a la incertidumbre», se opongan a que la causa pase a la instancia oral.
De hecho, las defensas de la ex presidenta y de Kicillof no apelaron el procesamiento en ninguna instancia aunque sí lo hicieron otros acusados, como los directivos del Banco Central.
Cristina Fernández de Kirchner ya está procesada en otra causa penal por la adjudicación direccionada de obra pública en Santa Cruz a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
También es investigada en la denuncia de supuesto encubrimiento del atentado a la Amia del fallecido fiscal Alberto Nisman y el juez Bonadio ya la indagó junto a sus hijos Máximo y Florencia en la causa por el alquiler de propiedades de la sociedad «Los Sauces», que les pertenece, a empresarios beneficiados con la obra pública en su gobierno.
La investigación por la venta de dólar futuro en el final del gobierno de la ex Presidenta se abrió a raíz de una denuncia de los diputados oficialistas Mario Negri y Federico Pinedo.
En la causa se investigó la operatoria en base a la cual se hicieron venta de dólar en el mercado a futuro cuando regía un cepo cambiario por lo cual la moneda se ofreció a un valor mucho menor al real, lo que hizo que el Estado Nacional sufriera una pérdida multimillonaria.
