Tres horas de audiencia no bastaron dos semanas atrás para resolver la situación de un hombre de 52 años que padece una enfermedad terminal y está prácticamente ciego. Desde hace cuatro meses se encuentra en una celda compartida de la Unidad Penitenciaria 6 (la ex Alcaidía de Policía) pese a que tanto los informes médicos de parte como los del forense recomendaron que cumpla prisión domiciliaria. Su defensa dijo que la situación encuadra en el artículo 10 del Código Penal “por una cuestión de salud y humanidad” y además ofreció a dos garantes (el novio y la hermana del detenido), la utilización de una tobillera electrónica, tres autos y una costosa propiedad para resarcir a los damnificados. Con todo, y ante la oposición de la Fiscalía y la Querella, el juez de Cámara Alfredo Ivaldi Artacho ordenó a las médicas forenses que “ratifiquen su informe” con una visita a la cárcel para ver si cumplía con las condiciones de asepsia necesarias y si el hombre recibía un tratamiento adecuado. La audiencia pasó a un cuarto intermedio. Y ayer finalmente el juez ordenó la prisión domiciliaria con un dispositivo electrónico y dispuso que quede bajo responsabilidad de sus familiares, quienes también se harán cargo de su enfermedad.
Edgardo R. fue acusado de hacerse pasar por contador. Lo detuvieron el 2 de noviembre pasado y un día después lo imputaron por estafa y falsificación. Según la fiscal Valeria Haurigot, hasta ese momento eran 54 las víctimas, aunque el 20 de febrero pasado adelantó que la cifra se va a multiplicar. Los problemas de salud del acusado fueron planteados desde un principio y ninguna de las partes los negó. En ese momento la jueza Mónica Lamperti rechazó la domiciliaria y le dictó prisión preventiva por 60 días hasta que la defensa acreditara los padecimientos médicos del acusado con un informe forense. Los mismos se completaron el mes pasado y por eso, se pidió la morigeración de prisión que ayer fue concedida. Durante la audiencia, la defensora pública Marianela Di Ponte refirió que los informes son “contundentes” y que su defendido (que en la imputación había sido representado por los abogados particulares Carlos Varela y Adrián Martínez) le manifestó “estar desesperado por su estado” de salud.
“El médico forense de la Unidad 6 explicó que en un ojo no tiene visión y en el otro, la tiene disminuida en una 80 %, porcentaje que había disminuido desde que está detenido”, dijo la defensora en relación con los informes oftalmológicos.
A eso agregó otras dos enfermedades que padece, una de ellas infectocontagiosa y terminal, que esgrimió como argumento para referir que no existe peligro de fuga de su defendido. A eso le sumó que el delito que le achacan podría terminar en una condena condicional. Que “no existe posibilidad de peligrosidad procesal ni de entorpecimiento probatorio” ya que “la documental ya fue secuestrada y se encuentra en manos de la Fiscalía, además hay querellantes constituidos”.
En cuanto al peligro de fuga, la defensora dijo que es “imposible” porque su arraigo a Rosario, por las tres enfermedades que padece, sobre lo cual evaluó lo poco frecuente que es “que un médico forense recomiende que a un detenido se le conceda prisión domiciliaria”.
La estafa
Edgardo tenía una oficina y varios clientes que estaban seguros de que era contador. Todos los meses se presentaba en los negocios de esos clientes. Pedía los papeles y el dinero para pagar impuestos: monotributos, ingresos brutos, DREI. Luego volvía con los recibos de pago, aunque muchos de ellos eran apócrifos. En algunos casos no pagaba y en otros hacía un recibo por un monto superior y se quedaba con la diferencia, acusó Haurigot.
A su vez realizaba declaraciones juradas ante la API por Ingresos Brutos de sus clientes. Todos habían sufrido retenciones por un mismo agente y sus declaraciones cerraban en cero. Esta situación hizo que la API notara la irregularidad en un caso y mandó una inspección al negocio. Era una ferretería; su contador era el imputado.
Edgardo R. estuvo a cargo de los números del negocio desde 2006 hasta octubre de 2015. La aparición del organismo encendió la luz de alarma del ferretero, quien hizo una consulta con otro contador y descubrió serias irregularidades. Surgió que tenía una deuda de Ingresos Brutos de más de 78 mil pesos, lo que tuvo que resolver a través de un convenio de pago por más de 104 mil pesos. También descubrió que lo anotó en Afip como apicultor. Esta categoría no paga IVA ni Ganancias, pero le cobraba estos impuestos y le emitía falsos comprobantes. Algunos meses lo pasaba a la categoría que le correspondía para no levantar sospechas y luego lo volvía a anotar como apicultor, dijo la fiscal Valeria Haurigot en la primera audiencia imputativa.
En marzo de 2017, el ferretero hizo la denuncia en Fiscalía y se inició una investigación que derivó en un allanamiento a la oficina del falso contador. De la computadora que tenía en el lugar se obtuvieron plantillas de comprobantes de pago de diferentes impuestos. También había una base de datos de presuntos clientes, unos 140, de los cuales se llegó a investigar a 53 personas, a quienes estafaba con la misma modalidad que al ferretero, explicó la fiscal.
La pericia contable que se le realizó al imputado determinó que también estuvo anotado como apicultor. De 2010 a 2015 no tuvo actividad y actualmente se encuentra inscripto en prestación de servicios. Había talonarios que decían “estudio contable y gestoría” y en los distintos bancos con los que operaba aparecía como contador. Un informe del Colegio de Mandatarios para Trámites de Automotor de la Segunda Circunscripción de la provincia detalló que Edgardo R. está inscripto. Tiene al menos siete trámites abiertos en el Tribunal de Ética; fue suspendido en tres oportunidades. Actualmente tiene abierta una investigación por falsificación de documento. La pesquisa determinó que en los últimos cinco años viajó al exterior 22 veces, dos de ellas en crucero: República Dominicana, Perú, Sudáfrica, España, Brasil, Colombia, Francia, Estados Unidos, México, Panamá, Turquía, Gran Bretaña e Italia, fueron los destinos.
“Siempre hizo lo mismo”
Un ex empleado Edgardo R. lo conoce hace 25 años y se presentó espontáneamente a declarar en la primera audiencia que se celebró contra el acusado de la estafa. “Siempre hizo lo mismo”, dijo. Trabajó unos seis años con el falso contador, pasando datos sobre la facturación de los clientes, hasta que la oficina fue allanada. “Ya estuvo preso por una actividad similar”, aclaró. Siempre se presentó como contador y contó que en 2017, finalmente, se anotó en la carrera y no aprobó una materia. Se dedica a la gestoría y lleva la contabilidad de unos 150 clientes, a los que les cobraba 300 pesos si eran monotributistas y 1.000 si eran responsables inscriptos, afirmó.
