Uno de los imputados de pertenecer a una asociación ilícita encabeza por Esteban Lindor Alvarado logró un arresto domiciliario tras una audiencia oral y pública. El pedido de su defensa se basó en el estado de salud de su cliente. La jueza dispuso la prisión domiciliaria hasta principios de agosto y, para el caso que haya stock la colocación de una tobillera electrónica.
Para la Fiscalía, la asociación ilícita que encabeza Alvarado –detenido en febrero pasado y acusado, además de instigar el crimen del prestamista Lucio Maldonado– tiene tres estamentos. El primero compuesto por las personas que obtenían los medios materiales necesarios para cometer delitos y los ejecutaban. También proveían de armas y vehículos a la organización, pagaban por los trabajos ilícitos que otros realizaban para el grupo, hacían tareas de inteligencia, identificaban e intimidaban personas para lograr un beneficio ilegal, explicaron. El segundo brindaba protección y proveían impunidad y el tercer estamento estaba vinculado a la cuestión económica y a una red de empresas que eran utilizadas para fines lícitos e ilícitos y para sostener la organización.
Carlos Argüelles, de 44 años, esta sindicado de pertenecer al primero de los estamentos. Tras su dentención el 10 de junio pasado, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra acusaron a Argüelles como partícipe de la asociación ilícita y encubrimiento agravado. Es dueño de un taller mecánico y se lo acusó de brindar apariencia de legalidad a los autos que quedaban a disposición de la organización. Para la Fiscalía era el encargado de “emponchar” los autos. También le imputaron haber ayudado a desviar la investigación del crimen del prestamista Lucio Maldonado, secuestrado de su casa de barrio Tablada y asesinado en noviembre pasado y en las balaceras al Centro de Justicia Penal y al edificio de Tribunales en Balcarce al 1600, ocurridas en diciembre pasado, según se desprendió de la acusación.
Para la Fiscalía, Argüelles fue uno de los que manipuló celulares truchos que luego pretendieron incorporar a la investigación con el fin de desviarla e involucrar en el caso a dos personas. Uno de ellos fue Leandro “Chulo” Olivera, un muchacho cercano a Los Monos, y el otro fue un testigo de identidad reservada enfrentado con Alvarado.
Este martes, el defensor oficial Martín Ricardi solicitó una audiencia oral y pública donde pidió un arresto domiciliario para su cliente por cuestiones de salud. Planteó un cuadro psíquico con antecedentes de autolesión y permanentes visiones vinculadas a la muerte, según explicó una fuente del caso.
Si bien los fiscales se opusieron al pedido entendiendo de que había otras medidas como una internación con custodia, la jueza María Melania Carrara ordenó la morigeración bajo la tutela de un familiar hasta el 7 de agosto y la colocación de una tobillera electrónica previo informe de viabilidad para el caso de que exista stock. También dispuso una prohibición de acercamiento y abstención de comunicarse con los restantes coimputados incluso en forma telefónica y notificar a la Fiscalía la necesidad del traslado para el tratamiento ambulatorio al que será sometido el imputado con antelación.
