Rosario sumó un nuevo capítulo al proceso de memoria, verdad y justicia: en el mediodía de este jueves Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y otras organizaciones locales, junto a funcionarios de áreas de Derechos Humanos de municipio y provincia, realizaron un acto en el marco de la campaña nacional Plantamos Memoria en el lugar donde estuvo emplazada la Quinta Operacional de Fisherton, centro clandestino de detención que montó la última dictadura en San José de Calasanz al 8600. La construcción ya no existe, y el predio ahora pertenece al Colegio San Bartolomé, lo que dio lugar a una situación de paradoja: un trabajador que presta tareas en el Colegio Inglés (como es también conocido) estuvo secuestrado en el lugar.
El objetivo del encuentro, además de señalizar de forma colectiva un sitio de memoria del circuito represivo de la ciudad, fue plantar 33 árboles –la campaña ya lleva plantados en Rosario más de 500– en homenaje a cada una de las víctimas que estuvieron prisioneras en el centro clandestino. Además, el Concejo Municipal instaló una placa conmemorativa y, específicamente en el lugar donde estaba la quinta, se realizó una intervención artística colectiva: un conjunto de papeles de color blanco que formaban el pañuelo de las Madres de Playa de Mayo.
El encuentro fue especialmente importante para sobrevivientes, querellantes y familiares de víctimas, ya que se trató de la primera vez que pudieron ingresar libremente a este predio que ahora es un campo de deportes. La quinta fue demolida en 2016. Hasta el año anterior había una medida cautelar que la protegía.
“No sé qué es más difícil de sobrellevar, si el hecho de saber que este fue un lugar de horror y que sucedieron cosas tremendas, como en tantos lugares del país, o encontrarse con que no quedan signos materiales de eso. No sé qué es peor si el dolor y la dureza del recuerdo o la intención y la amenaza del olvido”, sintetizó durante el acto Iván Fina, querellante en la causa Klotzman, que investiga los crímenes cometidos en la «Quinta Operacional».
Su mamá, Isabel Carlucci, es una de las cuatro mujeres embarazadas que pasaron por el centro clandestino –además estuvieron cautivas allí Cecilia Barral, María Laura González y Liliana Beatriz Girardi– y, aunque sus restos fueron identificados, no se pudo determinar si dio o no a luz. Iván Fina forma parte de Abuelas y sigue buscando a su posible hermano o hermana. Su papá, Víctor Hugo Fina, fue asesinado por fuerzas de seguridad en la casa donde vivía con Isabel.
Lapachos y jacarandás
La primera en tomar la palabra en el acto fue una de las organizadoras del acto, Sabrina Gullino Valenzuela, integrante de Abuelas cuya identidad fue restituida en 2008. Resumió los aspectos principales de la causa Klotzman, que ya tuvo su primera sentencia en julio de 2021, cuando se condenó a la pena de prisión perpetua a Jorge Alberto Fariña, quien revistó como capitán en el Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, y a Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López, ex agentes de la Delegación Rosario de la Policía Federal.
La causa se conoce popularmente como Klotzman por el apellido del primer secuestrado en una serie de “operativos conjuntos” del Ejército y la Federal. El juicio investigó los crímenes cometidos contra 29 personas entre agosto y septiembre de 1976. La mayoría de ellas eran militantes del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo) y la mayoría, también, siguen desaparecidas.
Hasta ahora se conoce la existencia de solo tres sobrevivientes: Fernando Brarda, quien denunció en soledad, durante más de 20 años, la existencia de este centro clandestino; Daniel Guibes, quien denunció por primera vez su caso ante la Justicia en 2016, y la nieta recuperada número 103, de quien se había apropiado Fariña, hija de Cecilia Barral y Ricardo Klotzman. La nieta recuperada es también el único caso confirmado de nacimiento de las cuatro mujeres que estaban embarazadas al momento del secuestro.
Por esto también es una causa especialmente importante para Abuelas, porque por primera vez se investigaron crímenes de este tipo en Rosario: la apropiación de menores y robo de identidad.
En Argentina el robo de bebés durante la dictadura fue una práctica sistemática y desde la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo, en 1977, se consiguió la restitución de 130 personas hasta ahora. La última fue en 2019: se trata de Javier Matías Darroux Mijalchuk, quien también estuvo presente en el acto en Fisherton.
“Donde hubo muerte y represión, habrá lapachos y jacarandás”, resaltó Gullino Valenzuala. Y habló de la importancia de construir memoria de forma colectiva, como estaba ocurriendo en ese mismo momento entre familiares, sobrevivientes, organizaciones, el Colegio San Bartolomé y autoridades de la Municipalidad, Provincia, Nación, la Universidad Nacional de Rosario y el Concejo Municipal.
El próximo en tomar la palabra fue Marcelo Wade, que forma parte de la comisión directiva de la Asociación Civil Churchill del Colegio San Bartolomé. Leyó un comunicado donde repasó en qué momento y cómo fue la compra del predio por parte de la institución educativa.
Luego, contó que él vivió unos años en Europa desde 1980 y fue a través de exiliados y organizaciones como Amnistía Internacional que tomó conocimiento del terrorismo de Estado que se estaba desplegando en la Argentina. Al mismo tiempo, habló del vínculo que mantiene con Ana Lina Klotzman –hija de una de las víctimas del centro clandestino– quien conoció a su hermana apropiada recién en 2016, y cómo este acto, por eso, lo toca en lo personal por el afecto que le tiene a quien conoce de la Facultad de Arquitectura de la UNR.
En el acto también hablaron la directora de Derechos Humanos de la Municipalidad, Alicia Gutiérrez; la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Lucila Puyol; la directora nacional de Sitios de Memoria, Lorena Battistiol; la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y el rector de la UNR, Franco Bartolaccci.
Hablaron además tres hijos de desaparecidos en la Quinta de Fisherton: Ana Lina Klotzman, Iván Fina y Patricia Maciel. Los tres dieron cuenta del dolor y lo difícil de estar en el mismo sitio donde sus padres, sus madres, fueron torturados. También instaron a las autoridades del Colegio Inglés a un compromiso mayor por la Memoria, pensando en los niños, niñas y adolescentes que asisten.
“Acá estamos los hijos, parados, de pie. Vamos a morir como los árboles ¿Por qué? Por nuestros viejos”, concluyó Maciel.
Por otro lado, las referentes de Derechos Humanos de los tres niveles del Estado –Gutiérrez, Puyol y Battistiol– hablaron como funcionarias, pero también como protagonistas, ellas mismas, de la historia del genocidio: la primera como ex perseguida política y exiliada, y la segunda y tercera como hijas de desaparecidos.
La funcionaria nacional a cargo de los Sitios de Memoria, que son 805 en todo el país, se refirió al equipo técnico de su área a cargo y las tareas de cuidado y preservación que realizan en cada lugar.
Battistiol recordó que aún busca a su hermana o hermano que nació en cautiverio en Campo de Mayo, e insistió en la importancia de hablarle a las nuevas generaciones: son ahora los hijos de los hijos de desaparecidos quienes también están en condiciones de hacerse preguntas acerca de su identidad.
Finalmente manifestó que como funcionaria comprometía a las autoridades de la institución a realizar charlas y llevar la historia de este centro clandestino a las aulas, ya que las propias identidades de los estudiantes pueden estar fraguadas y es en esta dirección hacia donde debe orientarse la búsqueda ahora.
Todos los presentes hablaron de la necesidad de la construcción de la memoria entre todos los sectores de la sociedad. También valoraron la experiencia militante y el legado político de los perseguidos y desaparecidos por el Estado argentino entre 1976 y 1983.
A su turno, el rector Bartolacci destacó la responsabilidad que les cabe a quienes ejercen la función pública para que nunca más ocurran hechos como los crímenes cometidos por la dictadura, en un contexto global donde los discursos de odio suman adeptos y los negacionismos están a la orden del día. El rector también anunció que la Universidad Pública será sede oficial para la filial de Rosario de Abuelas de Plaza de Mayo.
Finalmente, Guibes, el último sobreviviente que testimonió ante la Justicia, también fue uno de los oradores. Se trata de un hombre que trabajaba en el área de mantenimiento del Colegio San Bartolomé y por ese motivo en 2015 estuvo en el chalet de Fisherton: en ese momento lo reconoció como el lugar donde había estado secuestrado.
Visiblemente emocionado, dio un discurso breve que terminó así: “Trabajé 21 años acá y he plantado muchos árboles de los que están acá plantados, pero hoy creo voy a plantar el árbol más importante de mi vida que es para reivindicar la memoria, la verdad y la justicia”.
