Acá falta Paula. Pasaron más de ocho años y la causa judicial no logró desentrañar dónde está Paula Perassi. Este jueves el tribunal de la Cámara Penal revocó parcialmente la sentencia absolutoria para los acusados en el caso. Condenó sólo por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva por tratarse de una mujer embarazada a Gabriel Strumia, a quien le aplicó la pena de 17 años de prisión, y para su pareja Roxana Michl la pena de 7 años por el mismo delito aunque con una participación secundaria. Ambos siguen en libertad porque el tribunal no hizo lugar al pedido fiscal de que quedaran detenidos. La decisión se tomó por mayoría con la disidencia del camarista Javier Beltramone. En cambio, la absolución del resto de los acusados fue tomada por unanimidad, muchos de ellos policías. Para Alberto Perassi fue un golpe en los dientes mientras que Alicia dijo: “Yo quería el cuerpo de Paula”. Tanto la Fiscalía como la querella dijeron que esperaran los fundamentos pero adelantaron que probablemente apelen la decisión.
Este jueves el tribunal de segunda instancia a cargo de Gustavo Salvador, Javier Beltramone y Carolina Hernández dieron a conocer la decisión sobre la revisión de la absolución dictada en el juicio oral y público –que se llevó adelante en mayo pasado– contra nueve personas acusadas de participar en la privación de la libertad de Paula Perassi, el aborto no consentido seguido de muerte y la posterior desaparición de su cuerpo que aún hoy se sigue buscando.
Paula tenía 33 años y fue vista por última vez la noche del 18 de septiembre de 2011 cuando salió de su casa luego de un llamado telefónico que recibió. Se comprobó que Paula estaba embarazada de 6 semanas de Gabriel Strumia, un empresario con el que había iniciado un amorío a escondidas pocos meses antes. Por el hecho, fueron llevados a juicio Strumia, su esposa Roxana Michl, Mirta Rusñisky –acusada de practicarle un aborto clandestino a Paula– y Antonio Mario Díaz, un chofer de camiones que trabajaba para Strumia. La Fiscalía les achacó los delitos de aborto sin consentimiento seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada.
Mientras que el resto de los acusados fueron policías, la mayoría con intervención directa en la investigación en los primeros momentos donde la carátula era búsqueda de paradero y así se mantuvo por un año. Se trata de los uniformados que trabajaban en la Unidad Regional XVII de San Lorenzo Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli, junto a los dos ex comisarios Jorge Krenz y Adolfo Daniel Puyol, quienes enfrentaron en el juicio los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario.
En algunos casos también fueron acusados por sustracción, destrucción de pruebas y falsedad ideológica de instrumento público. Para la Fiscalía fueron parte de una estructura que usó los recursos del Estado para desaparecer el cuerpo y borrar rastros que remitan a los autores.
En el caso de Puyol, la querella a cargo de Adrián Ruíz y José Ferrara, pusieron al uniformado en el primer grupo y pidieron la pena de prisión perpetua.
Pero los jueces de primera instancia –Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Álvaro Campos– que presidieron el debate oral y público resolvieron el 2 de mayo pasado absolver a todos los acusados y liberarlos.
En octubre, el caso tuvo su revisión ante los jueces de la Cámara Penal. En esta oportunidad, la Fiscalía resalto la falta de una evaluación integral a la prueba indiciaria del caso, donde no hubo un cuerpo, ni perspectiva de género. No le creyeron a la víctima, fue uno de los fundamentos más fuerte de la acusación.
Este jueves, en medio de un operativo de seguridad sin fisuras, los camaristas Hernández, Salvador y Beltramone leyeron la parte resolutiva de la sentencia y revocaron la sentencia sólo respecto a Strumia y Michl, algunos de los otros acusados largaron alguna lágrima al escuchar la confirmación de la sentencia que los absolvió.
