Zona Crítica
Un capítulo pendiente de la célebre investigación a la banda de Los Monos retomó su cauce tras siete años de interrupciones y demoras. Es la causa por falso testimonio que afrontan Ana Viglione y Andrés Ferrato, dos funcionarios del ex gobernador Antonio Bonfatti en la disuelta Secretaría de Delitos Complejos acusados de mentir sobre el alcance de sus tareas cuando el juez Juan Carlos Vienna los llamó a declarar al inicio de la «megacausa». Un juez avaló este lunes la acusación que pesa sobre ellos por falso testimonio y ordenó que la cuestión se discuta al fin en un debate oral y público.
Con los principales referentes de Los Monos condenados a altas penas en causas provinciales y federales y su rival Esteban «Lindor» Alvarado en prisión, la audiencia que se realizó este lunes por la mañana contra los dos funcionarios actualizó nombres y resonancias de la década pasada. En un desprendimiento de la causa Monos, los dos fueron acusados de falso testimonio porque al ser citados para explicar sus tareas dijeron que las áreas a su cargo no investigaban asuntos de narcotráfico. Sin embargo recibían mails de su entonces subordinado, el comisario inspector Gustavo «Gula» Pereyra, de 58 años,con informes sobre el tema.
Esto complicó a Pereyra, quien fue acusado de colaborar con la organización de zona sur pero en 2018 terminó absuelto en el juicio oral a la banda.
Tres años después aquel extenso debate, Gula regresó a una sala de audiencias del Centro de Justicia Penal. No ya como imputado sino en rol de víctima: aseguró que sus jefes mintieron para perjudicarlo y por eso es querellante en la causa.
El fiscal Aníbal Vescovo había presentado en diciembre de 2018 su acusación contra Viglione y Ferrato. Entonces pidió para ellos la pena de 3 años de prisión condicional y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de falso testimonio. El trámite se demoró por suspensiones y recursos varios y se retomó este lunes a las 11. Luego de escuchar a las partes el juez Román Lanzón respaldó la acusación, desechó un planteo de sobreseimiento y dijo que el asunto debe discutirse en un juicio oral y público.
Es la primera vez que un magistrado respalda el pedido fiscal. El querellante Sergio Larrubia, con Gula a su lado, fue por más y pidió que la condena sea a 5 años de prisión efectiva. El contrapunto entre los acusadores y la defensora pública Alejandra Paolini adelantó los cruces que anticipa el juicio.
Una instancia donde volverá al debate público algo de la tela que dejó para cortar la causa Monos: cuáles eran las funciones de la disuelta Secretaría, qué destino tenían los mails con reportes sobre actividades de narcotráfico que enviaba Gula Pereyra a sus superiores y cuánto de ese delito absorbía la atención del área.
«Este es un caso muy particular. Todo parece circunscribirse a dos declaraciones escritas que han perjudicado a Pereyra» , evaluó el juez en su análisis del caso.
Más allá de de cuánto se vio afectado Gula –un perjuicio que para el magistrado está «claro»– consideró que la cuestión en juego en este caso es si se afectó el correcto funcionamiento de la administración de Justicia. «Sentarse frente a un juez bajo juramento y mentir o callar algo. Eso es lo que se castiga», aclaró.
Sobre esa base, dijo que el valor de las evidencias deberá sopesarse en juicio: «Puedo tener dudas, no estoy convencido de que con estas evidencias se vaya a obtener una condena. Sin embargo no puedo privar a la Fiscalía y a la querella de un juicio porque tampoco se sustenta un sobreseimiento», observó.
La abogada y policía Ana Viglione era jefa de la Secretaría de Delitos Complejos creada por Bonfatti al calor de la escalada en la tasa de homicidios de 2013. El abogado Andrés Ferrato era su segundo al frente de Investigación Criminal, una de las cuatro divisiones del área. Los dos fueron citados por Vienna para explicar qué tareas tenía asignadas Gula, el policía de mayor rango en el sector y quien reportaba de manera directa a Ferrato. El sobrenombre de Gula aparecía nombrado en una escucha entre Ramón «Monchi» Machuca, uno de los líderes de Los Monos, y el policía Juan «Chavo» Maciel, condenado por sus ostensibles aportes a la banda y quien por entonces era subalterno de Gula Pereyra.
Los dos funcionarios civiles dijeron que no bajaron directivas de investigar casos relacionados con drogas sino que perseguían acciones de crimen organizado como robo de cereales o piratería del asfalto. Pero en la computadora secuestrada al comisario inspector se recuperaron fotos de búnkers y numerosos mails a sus superiores con datos sobre actividades de narcotráfico, lo cual desmentía a sus jefes. Gula Pereyra afirmó que sus superiores mintieron para perjudicarlo y no quedar ellos implicados.
En 2014 el juez Vienna desligó de la causa a Gula, al tiempo que abrió el proceso por falso testimonio contra sus jefes. Pero al revisar los mails el camarista Daniel Acosta advirtió que Gula manejaba un volumen de información mayor al admitido y revocó su sobreseimiento.
En septiembre de 2015 fue procesado con prisión preventiva por la entonces jueza y actual vicegobernadora Alejandra Rodenas. Así llegó Gula al juicio contra Los Monos, donde dijo que a Viglione le dieron la orden de «desconocerlo» y que en el gobierno de Bonfatti se impuso una línea que quería «recaudar del narco».
La defensora Paolini planteó que no hay evidencia para demostrar que los funcionarios mintieran de manera dolosa. «Ellos relataron su dinámica de trabajo», aseveró. Sostuvo que los datos sobre drogas que recibían era derivados a otras áreas por no ser de su incumbencia específica. Según dijo, tampoco se demostró que sus dichos causaran un perjuicio.
Esto disparó la réplica del querellante: «Pereyra estuvo nueve meses preso y la declaración de los imputados provocó que fuera a juicio con la banda de Los Monos», contestó Larrubia. Dijo que a Gula, ya jubilado, le perjudicaron la carrera mientras que «los funcionarios políticos siguen estando en la administración pública».
Para graficar su posición, leyó uno de los mails enviados por Gula en junio de 2013 donde detallaba actividades del empresario y sindicado narco Luis Medina, asesinado junto a su novia en diciembre de ese año.
El intercambio seguirá en el juicio, que estará a cargo de un juez y con una duración prevista de cuatro días, dado que las chances de un acuerdo abreviado entre partes parecen muy lejanas. El juez consultó si ese camino era viable y la defensora respondió que sus clientes afirman «de manera muy contundente, muy firme, que ellos no mintieron y quieren defenderse en un juicio oral y público».
