La Fiscalía de la ciudad de Santa Fe adelantó que pedirá nueve años de prisión para dos ex jefes de la Policía provincial que están acusados de defraudar al Estado con una persistente maniobra de falsificación de arreglos de móviles policiales. Se trata del comisario general Rafael Grau, de 54 años y con prisión domiciliaria desde 2017, y su par Omar Odriozola, de 54 e imputado en septiembre pasado. Para éste último, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez pidieron la prisión preventiva en la audiencia preliminar realizada este domingo en los tribunales capitalinos ante el juez Luis Octavio Silva quien deberá resolver, además de ese pedido, si el caso ya está listo para juicio oral.
Tanto Grau como Odriozola están acusados de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.
Odriozola fue jefe de la Policía entre 2013 y 2015, mientras que Grau se desempeñó desde septiembre de 2015 hasta mayo de 2016 cuando el entonces ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, lo apartó por una denuncia anónima. Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez solicitarán penas de nueve años de prisión ambos ambos ex jefes, investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales.
Hernández y Jiménez también pedirán que a los dos ex jefes policiales se les imponga una inhabilitación especial por 10 años para ocupar y para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos –a cada uno– por la comisión de ilícitos con ánimo de lucro.
En la audiencia preliminar de este domingo, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) también solicitaron la “inmediata prisión preventiva del acusado Odriozola –quien hasta el momento viene transitando el proceso en libertad. Ahora, el juez deberá resolver en relación a este pedido”. Por otra parte, aclararon que “al otro imputado ya se la impuso la prisión preventiva, la cual viene cumpliendo de forma domiciliaria a raíz de problemas de salud”.
“La medida cautelar y la pena que solicitamos se fundamentan en las características de los hechos ilícitos, las calificaciones legales que atribuimos desde el MPA, las conductas de los acusados y los medios utilizados en el marco de una organización constituida a los fines de defraudar a la administración pública”, manifestaron los fiscales. “Además, es un particular disvalor que los dos acusados fueron la máxima autoridad de la Policía en toda la provincia. Esta particularidad los obligaba a no sólo hacer cumplir la ley, sino también a que ellos mismos la acataran”, agregaron.
Asociación ilícita
“Los dos acusados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles”, informaron los fiscales. “Usando su potestad jerárquica, los dos ex jefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”, añadieron.
En relación a la modalidad delictiva, los fiscales explicaron que “consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo”, precisaron. En tal sentido, detallaron que “los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima; coordinaron acciones con Facundo José Testi –organizador de la banda– y con sus miembros; y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”.
“Los particulares emitían facturas por la realización de reparaciones en los vehículos que no se hacían y por la presunta compra de repuestos que no se adquirían. Las facturas eran presentadas al habilitado, quien emitía las órdenes de pagos específicas a través de cheques”, relataron los fiscales.
“Para poder librar dichas órdenes de pago, el habilitado requería la firma del jefe provincial de la policía y una confirmación del departamento de Logística”, revelaron los fiscales y agregaron que “tanto el habilitado como el jefe de Logística coordinaban esta tarea con el organizador de la asociación ilícita (Facundo José Testi, ya condenado), quien a su vez diagramaba con los talleristas y comerciantes la elaboración y firma de las facturas, el cobro de los cheques y la distribución de la recaudación”.
“Una vez que los talleristas y comerciantes cobraban los cheques, le entregaban parte de ese dinero en efectivo al habilitado de la Policía, quien a su vez, se lo daba al jefe provincial”, aclararon los fiscales. Y concluyeron que “era la máxima autoridad policial de la provincia quien luego decidía sobre el reparto del dinero para con sus subalternos”.
Por último, los fiscales apuntaron que “el habilitado confeccionaba los expedientes de rendición de cuentas por las erogaciones efectuadas, e incluía las facturas así emitidas. Para poder finalizar el trámite, el jefe provincial de la policía debía prestar su conformidad”.
Perjuicio económico
“El accionar ilícito del acusado Odriozola fue entre enero y agosto de 2015, y el perjuicio económico que causó al Estado asciende a 1.058.664,20 pesos”, indicaron Hernández y Jiménez. “Por su parte, el accionar Grau fue entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 y el perjuicio patrimonial causado al erario público fue de 958.385 pesos”, sostuvieron.
Condenados
Además de Odriozola y Grau, hay otras nueve personas que ya fueron condenadas –cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo– en juicios en los que se abreviaron los procedimientos. “Los condenados admitieron la existencia de los hechos y su culpabilidad, tal como lo sostuvimos desde la Fiscalía. Además, logramos la recuperación de más de cinco millones de pesos en concepto de reparación económica, donaciones y multas”, remarcaron Hernández y Jiménez.
El monto recuperado es la suma de los pagos realizados por los condenados a lo largo de los últimos tres años. A valor de hoy, actualizado por la inflación, el dinero recuperado es mayor.
Las personas condenas hasta el momento son:
* Raúl Alberto Patriarca, de 50 años, policía, ex habilitado de la Jefatura provincial de la Policía, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; pago de una reparación económica de 40.658,98 pesos (25 mil pesos en concepto de capital y 15.658,89 pesos en concepto de intereses) por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.
* Ariel Hernán Villanueva, de 44 años, policía y Contador Público Nacional, ex habilitado de la Jefatura provincial de la Policía, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos; pago de una reparación económica de 795.922 pesos (600 mil en concepto de capital y 195.922 en concepto de intereses) por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 600 mil pesos a cinco entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.
* José María Leiva, de 53 años, policía, ex jefe del departamento de Logística de la Policía provincial, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos; pago de una reparación económica de 204.420,50 pesos por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 150 mil pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA. Además de la condena por ser miembro de la asociación ilícita, coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública y autor de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.
* Facundo José Testi, de 42 años, civil, dueño o responsable tributario del comercio T-gráfica, organizador de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo; pago de una reparación económica de 1.430.836,67 pesos (1 millón de capital y 430.836,67 de intereses) por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 1 millón de pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.
* Rodrigo Exequiel Ruiz, de 30 años, civil, dueño o responsable tributario del taller Servicio Mecánico, miembro de la asociación ilícita:condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional.
* Maximiliano Edgardo Ambrosio, de 38 años, civil, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a instituciones de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA.
* Noelia Biscari, de 40 años, civil, dueña o responsable tributario del comercio de repuestos TC Repuestos, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de 90 mil pesos de multa al MPA.
* Artemio Biscari, de 42 años, civil, dueño o responsable tributario del comercio de repuestos TC Repuestos, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de 90 mil pesos de multa al MPA.
* Andrés Daniel Soto, de 41 años, chapista, dueño o responsable tributario del taller Los Hermanitos, miembro de la asociación ilícita: condena a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. En este caso, la pena fue por integrar la banda, por la defraudación a la administración pública y también por la autoría de los delitos de corrupción de menores agravada (por el vínculo y la guarda) en perjuicio de una niña menor de edad, y tenencia de un arma de guerra sin la debida autorización legal.
Denuncia
“La investigación la inició el fiscal Roberto Apullán en mayo de 2016 a partir de una presentación que hizo en el MPA quien era ministro de Seguridad de la provincia en ese momento, Maximiliano Pullaro. En su denuncia, el funcionario indicó que se anotició de las maniobras ilícitas a partir de un documento dejado en un sobre cerrado en una oficina del ministerio provincial”, recordaron los fiscales.
Juicio oral y público
Luego de la audiencia preliminar llevada a cabo este domingo, el juez Silva deberá resolver lo planteado por las partes. Si entiende que están dadas las condiciones, deberá dictar lo que se denomina auto de apertura a juicio para que se programe el juicio oral y público.
Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear el juez que dirigirá el debate. La dependencia judicial se encargará además de fijar una fecha para el inicio del debate.
