El término “hidrovía” pasó a formar parte de la agenda mediática a partir de 2021, cuando venció la concesión de dragado y balizamiento de ese corredor fluvial. Antes, poco se sabía de ella. Para algunos, es un tema económico. Para el resto, se trata de “el río” a secas, mucho más que una carretera de agua para la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país. De eso se trata esta nota: hidrovía, normativas, territorios, sentidos e imaginarios. Todo a partir del diálogo con María Celina Añaños y Paula Vera, responsables del proyecto de investigación “Hidrovía y planificación urbana del Área Metropolitana Rosario”. Ambas investigadoras contaron a El Ciudadano de qué se trata exactamente esta propuesta.
“Hidrovía y planificación urbana del Área Metropolitana Rosario” es uno de los 1051 proyectos que fueron seleccionados para recibir fondos otorgados por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, en el marco de la convocatoria Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología (PICT) 2020, que se realiza anualmente a nivel nacional.
Los PICT, como define la página oficial de la Agencia, “tienen por objeto la generación de nuevos conocimientos en todas las áreas de Ciencia & Tecnología”. La propuesta de Añaños y Vera se presentó en la categoría “Temas Abiertos: Proyectos de investigación científica y tecnológica abiertos a todas las áreas del conocimiento”. En este caso, el proyecto recibió alrededor de 1.000.000 de pesos, que serán distribuidos en los 3 años que demandará el estudio.
La investigación es llevada adelante por un grupo de profesionales y estudiantes de diversas disciplinas (sociología urbana, comunicación, estadística, economía, urbanismo, geografía). El grupo responsable está conformado por Celina Añaños, como Directora, y Paula Vera como Investigador integrante. El grupo colaborador está conformado por los estudiantes Esteban Romero, Monserrat Gutierrez, Yoana Fernández, y los investigadores Melissa Argento, Andrea Mansilla, Nicolás Ventroni y Martín Scarpacci.
Celina Añaños explicó que comenzaron a trabajar la temática especialmente para esta convocatoria. “El tema de la hidrovía tomó notoriedad en el momento en que terminó la concesión. Con el tiempo también aparecieron preocupaciones sobre la cuestión del medio ambiente, sobre cómo estas infraestructuras que trabajan sobre el territorio lo van deteriorando. Pero no solo tiene consecuencias desde el punto de vista físico sino también a nivel social. Este grupo de investigación está muy preocupado por estas cuestiones. Cuando surgió la idea vimos el gran peso que empezaba a tener la hidrovía como problemática y dijimos, vamos a presentarnos”, detalló.
Desde 1995, por decisión del gobierno de Carlos Menem, la concesión de tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del río Paraná quedó en manos del consorcio Hidrovía, integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa como socia menor. El 30 de abril de 2021 venció esa concesión, después de varios estiramientos de plazos. En ese momento, el gobierno de Alberto Fernández dispuso una nueva prórroga que duró hasta septiembre del mismo año. Ese período se utilizó para definir una nueva modalidad de operación de la vía navegable más importante de Latinoamérica.
El presidente decidió el 1 de julio del 2021 poner tansitoriamente la Hidrovía bajo control estatal a través de la Administración General de Puertos (AGP). Pero la nueva gestión de la Hidrovía Paraguay-Paraná no inició, como se dijo, sino hasta el 11 de septiembre. El Estado Nacional, por medio de la AGP, pasó a gestionar, en oprincipio por 12 meses, ese corredor que en la Argentina atraviesa siete provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
Es en todo ese período que la palabra hidrovía copó las “primeras planas”. Comenzó a circular en el debate público acompañada además de un 2021 electoral, donde el tema fue incorporado a las campañas políticas. La dicotomía era: ¿nacionalizar o no nacionalizar la vía? Otro actores se sumaron, con otros enfoques: organizaciones ambientales y académicas que habían hecho oir su voz durante las quemas en las islas del Delta del Paraná se inforporaron a los debates.
¿De qué hablamos cuando hablamos de hidrovía?
Según el portal oficial www.argentina.gob.ar, se define Hidrovía Paraná-Paraguay al “corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 km de largo que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay”. Este corredor permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y la salida al Atlántico. “Es parte de un inmenso sistema hídrico denominado “Cuenca del Plata”, que comprende a una vasta región de algo más de tres millones de kilómetros cuadrados de superficie, cuyas aguas superficiales descargan en el Río de la Plata”, detalla el portal.
La Hidrovía Paraná-Paraguay no solamente es una de las reservas hídricas más valiosas del mundo –como explica el sitio oficial, no solo por el caudal de los ríos que desaguan en él sino también por la diversidad biológica del área y por la riqueza de los territorios que bañan–, sino que, además, a los ojos de los intereses mercantiles, es una fuente de divisas clave y concentra una alta actividad económica.
Para entender su magnitud, es relevante saber que este corredor, para el sistema en funcionamiento hoy en día, es crucial para el desarrollo del comercio de los países componentes, tanto para sus exportaciones como para su comercio interno. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, solo en el tramo argentino, durante 2020 se movieron 1,1 millón de toneladas de mercadería en transporte fluvial de cabotaje. Y la que se embarcó desde los puertos argentinos sobre la vera del Paraná hacia el océano fue de 74 millones de toneladas en el mismo año. El polo agroindustrial del Gran Rosario es, podría decirse, el más importante de nuestro país: de allí salen cerca del 80% de las exportaciones de granos, subproductos y aceites de Argentina.
“Nosotros veíamos que la hidrovía había sido tratada siempre desde una mirada economicista. En nuestro trabajo pusimos el foco en el territorio, desde lo urbano. Partimos de considerar a la infraestructura como una unidad orgánica con el territorio y las poblaciones que aloja. Creo que esa fue una de las cosas que valoraron de nuestro proyecto”, explicaron Añaños y Vera.
En esa misma línea, añadieron que la perspectiva que trabajarán entiende a la hidrovía como “parte de un fenómeno complejo que posee diferentes escalas espaciales y distintas dimensiones, incluyendo los efectos socioterritoriales”.
Al momento de delimitar y elaborar el proyecto, el equipo observó que la hidrovía, en el tramo correspondiente al Área Metropolitana de Rosario (AMR), se presenta como “una infraestructura tratada en forma independiente de la realidad urbana de las localidades que se articulan productivamente con ella, particularmente las terminales portuarias para la salida de productos al mercado internacional”.
El proyecto cita informes y escritos como antecedentes. Un ejemplo es el “Plan de Ordenamiento Territorial Costa Metropolitana del Gran Rosario” de Alicia Mateos. Hace referencia tanto a la problemática ambiental (desbarrancamiento en los bordes e islas y contaminación) como a la urbana que genera el cordón productivo. Y pone de relieve la existencia de normativa obsoleta o su falta de aplicación. Incluso, menciona estudios de impacto ambiental producidos más recientemente por organizaciones sociales, como el Taller Ecologista, en los que se señalan las consecuencias negativas de la hidrovía sobre las costas urbanas y las islas, el incumplimiento de obligatorios estudios sobre estos impactos que exigen los organismos financiadores y la falta de un órgano de control sobre las obras de dragado y balizamiento, aún cuando este fue solicitado en varias ocasiones a la Auditoría General de la Nación.
“En el momento de la escritura de este proyecto, se agregó la amplia difusión en los medios del tema de la renovación de la concesión, cuya primera lectura permite observar que no se cuestiona su existencia ni las consecuencias que produce sobre el medio ambiente”, recalcó Añaños.
El foco de este estudio está en el territorio urbano, su planificación y los imaginarios sociales que emergen en torno al fenómeno. “El objetivo es indagar en la disputa por el suelo entre los niveles estatales, el poderoso sector privado y la sociedad en general, cada uno con sus intereses particulares y su proyecto territorial”, detallaron las cientistas sociales. “La regulación del suelo es un campo de confrontación entre intereses cuya lógica predominante está basada en el beneficio económico versus el colectivo”, abundaron.
Delimitaron su abordaje a Santa Fe, Argentina, y específicamente a las localidades comprendidas por el área de intervención del Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario (Ecom). De las 29 localidades en las que interviene, este proyecto estudia las que van desde Timbúes hasta Villa Constitución, relacionadas con la hidrovía: además de las que delimitan esa geografía, Puerto General San Martín, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Pueblo Esther, General Lagos, Arroyo Seco y Fighiera.
El uso del suelo y su relación con el agua: campo de disputa de intereses
El Ecom, creado en 2010, es un ente no gubernamental que tiene entre sus atribuciones asistir técnicamente a la gestión urbana (del uso del suelo) de las localidades del Área Metropolitana de Rosario. “En este estudio hemos privilegiado al Ecom porque es el ente territorial que actúa sobre el área de estudio y debemos decir que tiene una destacable difusión de su producido online”, comentó Añaños.
“Cuando uno quiere conocer cómo ha sido regulado el suelo, tenés que analizar mucho la normativa, los planes. Cuanto más chica es una localidad, más probable es que uno se encuentre con que los documentos se perdieron, que las ordenanzas no están ordenadas. Para nosotros, es muy importante interactuar con el Ecom porque es el que se ocupa de esas cosas. Puede decirnos dónde encontrarlas o «mirá, olvidate, un día agarraron, limpiaron los armarios y tiraron todo». El trabajo de nosotros como investigadores es ver hasta dónde se puede conocer y hasta dónde no”, sostuvieron ambas.
Las responsables del proyecto repitieron que muchas veces resulta dificultoso acceder a ciertos documentos. “Te doy un ejemplo, acá en la ciudad de Rosario. Uno tiene el acceso a través de internet siempre que vos sepas el número de una normativa. Pero hay cosas que no están publicadas. Muchas veces vos no lo sabés, a no ser que alguien te lo cuente. Hay convenios que son imposibles de encontrar”, dijo Añaños. “Es información que tendría que ser de acceso público”, completó su compañera.
“Nos interesa ver cómo fue la historia de la regulación de cada una de esas localidades. Cómo se permitió el asentamiento, dónde se permitió, cómo se negociaba con estas iniciativas productivas”, expresó Añaños. La directora puntualizó que en las normativas está la historia de las negociaciones, de las luchas, las confrontaciones.
“Que te digan «acá usted puede construir una torre de 40 pisos o no la puede construir» ya es la historia urbana, social, la lucha de intereses que hay por el territorio. Hay que reunirlas, leerlas, prestar atención a aquello que no está, que se deja hacer por omisión, así como a las condiciones de vida, cómo se equipa ese territorio. Todo eso también es parte de la política urbana. Es una parte muy sistemática la de las cuestiones catastratales. Ver de quién es la tierra, por qué la tierra tiene dueño. Hay grandes intereses inmobiliarios, la construcción del territorio tiene esa dimensión económica terrible de quienes ya se apropiaron sabiendo que va a pasar tal cosa de tal y tales tierras”, desarrolló.
Más allá de las referencias, el equipo constató que había una vacancia de estudios desde el área de las Ciencias Sociales sobre la Hidrovía y el espacio urbano que hiciera foco en la regulación del suelo y los efectos que este proceso tiene sobre las poblaciones. “Como dijimos, había una mirada economicista”, afirmaron.
Paula Vera añadió: “Este área de vacancia tiene dos patas: por un lado, dentro de los estudios urbanos quizás más clásicos, el tema del ordenamiento –cómo impacta en la estructura de esas pequeñas localidades–, y por el otro, el impacto social –cómo se empieza a vivir en esas ciudades la vida cotidiana, cómo tener la terminal portuaria y no poder acceder al río cambia el vínculo entre población y río–. Esa es la mirada que se busca aportar desde las ciencias sociales. No se trata de desatender la cuestión económica, porque es un elemento que construye este objeto de investigación, sino de no quedarnos con eso y ver cómo estas dimensiones se están articulando”.
Los imaginarios y qué ponen en juego
“La mirada más «dura» desde el lado de la planificación está abierta a otros objetivos que tienen que ver con cierto abordaje de lo social, aunque también es transversal a las normativas: poder identificar cuáles son los imaginarios sociales que están actuando y legitimando las distintas posiciones”, mencionó la investigadora.
Continuando con la misma idea, Vera observó que gracias a que se terminó la concesión y estalló el conflicto se empezaron a visibilizar ciertas disputas, distintos puntos de vista en torno a la hidrovía. “Empiezan a entrar en discusión distintos imaginarios” ”, puntualizó.
“Se trata de corrernos de esa separación más bien técnica-instrumental de decir «el río por un lado, la ciudad por el otro», la idea es ver cómo están permanentemente interactuando, construyéndose de manera compleja”, explicó Vera. En este sentido, también agregó que los imaginarios y representaciones sociales nos permiten ver cómo entran a jugar esos sentidos en los campos de disputa por los espacios, por los territorios, por las condiciones de vida.
Explicaron: “Los imaginarios sociales nos permiten reconstruir ese marco de referencia desde el cual estamos interpretando el mundo”. Éstos se plasman en las normativas, en el modo de vida, en la percepción que los propios habitantes de esas localidades tienen en relación al río, a la hidrovía, a la cuestión económica y política.
Construir conocimiento social para la toma de decisiones
En convocatorias como las de los PICT los resultados están destinados al dominio público y no están sujetos a condiciones de confidencialidad comercial.
En relación a esto, y ante la pregunta sobre si esos conocimientos y resultados luego se utilizan de fuente para la elaboración de políticas públicas, o sobre la importancia de que así fuese, Paula Vera afirmó: “Primero, en términos de políticas científicas, tendría que ser de suma importancia darle lugar a la ciencias sociales. Tiene que ver con que, como sociedad, necesitamos entender por qué y cómo pasan ciertas cosas. Y después, a la hora de elaborar políticas públicas, es importante que se usen esos conocimientos”.
De esta forma, explicó que al momento de preguntarse por qué falló la implementación de tal política, por ejemplo por qué falló la ley de alquileres, se necesita un estudio social y no solo económico para comprender. “Hay muchos estudios y análisis que preveían ciertas situaciones que hoy padecen los inquilinos. El conocimiento sobre cómo funciona la sociedad es fundamental para poder generar políticas públicas de mejor calidad. Pero ahí la decisión ya no tiene que ver con el investigador sino con el Estado”, aseguró.
“Tiene que ver con la responsabilidad social también que adquiere el equipo en este caso con el conocimiento que produce, que esperamos sea de calidad pero que también tenga un impacto social que vaya en pos de luchar por una justicia social, ambiental, urbana. Que si en la política formal no hay cabida hay muchos otros actores con los que uno puede dialogar, articular, y que ese conocimiento no quede solamente después en un informe o en un artículo. Ese es un desafío extra, es un objetivo de máxima que ese conocimiento vuelva a la sociedad”, concluyeron ambas investigadoras.
