Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano
El 5 de mayo pasado, a las tres de la mañana, Mónica Aquino caminaba en las cercanías de su domicilio, en el sur de la capital provincial. Es la última imagen que se tiene de ella con vida. Dos meses después su madre, Mirta Machado, habla firme con los medios y exige que el Estado siga buscando a su hija.
En estos dos meses, la familia llenó cuanto lugar pudo con la foto de su hija y una breve, urgente, descripción: “Mónica tiene tez trigueña y dos lunares en el cuello, el color de sus ojos es marrón oscuro, su cabello es castaño y mide 1,54 metros de estatura”. En las decenas de marchas que organizaron, mujeres de diferentes barrios de la ciudad nucleadas en diversas organizaciones sociales (como la Corriente Clasista y Combativa, entre otras), se acercan para acompañar.
Cuando se alejan los micrófonos, Mirta cuenta que este fin de semana los dos hijos de Mónica cumplirán cuatro y nueve años. En la última semana, tuvo que ir a buscarlos tres veces a la escuela: lloran, piden por su mamá. “La nena llora, quiere que su mamá esté en su cumpleaños”, dice la abuela con un hilo de voz.
Hasta el momento, hay tres detenidos por la causa: Hugo Pérez, quien fue pareja de Mónica, su hermano, Mario Pérez, y su madre, María Rosa Aguirre. Están acusados de explotación de la prostitución ajena (artículo 125 del Código Penal), agravada por la situación de vulnerabilidad de la joven.
El 23 de junio, el juez de la Cámara de Apelaciones, Fabio Mudry, confirmó la prisión preventiva resuelta en primera instancia por el juez Octavio Silva. Mudry consideró, para su decisión, la posibilidad de entorpecimiento probatorio por parte de los acusados en el marco de la investigación.
“Si alguien sabe algo, que hable”
El día 26, el gobierno provincial emitió la Resolución Nº 0307, que ofrece un millón de pesos como recompensa para quienes aporten datos relevantes sobre el paradero de la joven. El documento, que lleva la firma de la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, expresa que la identidad de quienes brinden información y reciban la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y el proceso judicial. El lugar donde deberán aportarse los datos es en la sede de cualquiera de las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación.
Para el abogado de la familia, Gonzalo Marel, si bien la recompensa aporta “una herramienta más”, considera que “llegamos hasta ahí porque carecemos de otras cuestiones que deberíamos tener más firmes”. Y puntualiza: “Por lo menos, tener una pista certera, cosa que hasta ahora no existe”.
El letrado recuerda que Mónica era víctima de violencia de género por parte de su pareja, Hugo Pérez. Marel afirma: “Hay millones de Mónica y todavía los estamentos del Estado no están a la altura. Hace cinco años que ella estaba ‘pidiendo ayuda’. Y sin embargo llegamos a una situación extrema donde ella no está”.
El pasado 9 de junio la fiscal a cargo, Alejandra del Río Ayala, brindó una conferencia de prensa. “Allí dijo que tenía por cierto que había gente que había participado en la desaparición de Mónica Aquino. Evidentemente tienen datos concretos de que hubo gente colaborando con los detenidos. Y eso sigue siendo materia de investigación”, comenta el abogado.
El pedido, a dos meses de la desaparición de la joven, es que se profundicen los rastrillajes en su barrio, Varadero Sarsotti. Se trata de una barriada ubicada a las orillas del río Salado, en el sur de la ciudad. “Esa zona tiene una gran expansión geográfica y no la han rastrillado como corresponde. El rastrillaje no es fácil, son zonas muy amplias que requieren recursos humanos y económicos”, valora Marel.
Mientras tanto Silvestre Aquino, hermano de Mónica, le habla al gobernador Omar Perotti: “Ella es una ciudadana de Santa Fe y la tienen que buscar. Hoy se cumplen dos meses desde que desapareció y no tuvimos ninguna novedad”.
Esta semana, la familia acampará frente a la Casa de Gobierno. Además de pedir por la aparición de Mónica, piden —nuevamente— una mejor comunicación con la Fiscalía. “Nadie nos dice nada. Nadie nos da detalles de cómo va la investigación”, cuestionan. Este medio se comunicó con la fiscal Alejandra del Río Ayala, pero tampoco obtuvo respuestas.
Mirta pide a la sociedad: “Si alguien sabe algo, que hable”. A su lado —siempre con una bandera con el rostro de Mónica de fondo— Silvestre enfatiza: “Serían testigos protegidos”. Melisa, otra de las hermanas de la joven, insiste: “Que hagan más rastrillajes. La costa es muy grande, pido que no se queden buscando en un solo lugar porque el río es grande y se puede buscar en más de un sitio”.
