Dos policías de Seguridad Vial de Santa Fe fueron investigados tras haberse detectado una serie de delitos cometidos por varios representantes de esa fuerza policial, entre ellos, el servicio de adicionales en zona del Túnel Subfluvial. Los agentes deberán reintegrar el dinero defraudado y no podrán hacer adicionales durante un año.
Según AIRE, la medida fue resuelta en el marco de una suspensión de juicio a prueba presentada por el fiscal de Delitos Complejos y Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, y los abogados defensores Clara Vazquez y Raúl Sartori en una audiencia presidida por el juez Gustavo Urdiales.
Los policías María Florencia Baez y Carlos González fueron imputados como coautores de defraudación calificada en concurso ideal con falsedad ideológica por los hechos cometidos entre octubre de 2021 y julio de 2022.
Detalles de la causa
La causa se remonta a agosto de 2022, cuando cinco agentes de la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe fueron detenidos en el marco de una investigación de la entonces División de Control Policial, que detectó varias irregularidades perpetradas por los uniformados.
La intervención de CP comenzó tras la detención del exjefe de la Policía Vial en Rafaela, Javier Gorosito. Al peritar su teléfono celular se detectaron comunicaciones con el jefe en Santa Fe, Luis Mariano Veloteli, que permitió detectar posibles maniobras ilícitas perpetradas en Santa Fe; la Fiscalía solicitó la intervención del teléfono del uniformado en octubre de 2021 y a través de las escuchas se detectaron los delitos que fueron imputados a Veloteli y a otro miembro de la fuerza, David Cadenas, Jefe de la Brigada Motorizada de la Dirección General de la Policía de Seguridad Vial. Tanto Veloteli como Cadenas ya fueron condenados por los hechos a través de sendos juicios de procedimiento abreviado.
Como detalló el portal AIRE, entre los varios delitos cometidos por Cadenas en su rol de jefe policial, se encuentra haber defraudado al Estado provincial mediante la realización de horas Ospe (Orden de Servicio de Policía Excepcional) y SPA (Servicio de Policía Adicional), por medio de la falsificación de planillas de los respectivos servicios en cuanto a las personas que realmente prestaron los mismos y la hora correspondiente. También por autorización del registro de horas extraordinarias o de servicio de policía adicional superpuestas con las horas de la jornada ordinaria. De la causa se desprende además que la defraudación implicó la omisión o falsedad de los controles de registro sobre la jornada laboral ordinaria de los empleados de la dependencia. Los policías Baez y González eran parte de esta maniobra en perjuicio del Túnel Subfluvial.
Para cerrar el proceso en su contra a través de una probation, los agentes deberán reintegrar el total de dinero cobrado por las adicionales no cumplidas, montos que rondan los 90 mil pesos cada uno de ellos, que deberán ser abonados en la cuenta bancaria de la administración del Túnel, y pagar una multa al Ministerio Público de la Acusación también por 90 mil pesos cada uno. Además, no podrán realizar servicio de adicionales por un año.
Veloteli y Cadenas fueron condenados por los delitos de defraudación doblemente calificada por ser en perjuicio de la administración pública y cometida por funcionario público en concurso ideal con falsedad ideológica en instrumento público calificada por ser cometida por funcionario público con abuso de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público; cohecho pasivo; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes y autor de tenencia de arma de fuego de uso civil.
Luis Mariano Veloteli fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional; además, debió abonar una multa de $100.000 y se le impuso una inhabilitación absoluta por seis años. En tanto, como reglas de conducta, debió donar $250.000 a la Sociedad de Beneficencia de Santa Fe del Hospital Dr. J.M Cullen y otros $250.000 a organizaciones de bien público vinculadas a la seguridad vial.
En tanto, David Cadenas fue condenado, a pocos día de su detención en 2022, a tres años de ejecución condicional, el pago de una multa y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; también pagó una multa de 35 mil pesos al Ministerio Público de la Acusación y una reparación económica por 200 mil pesos al Túnel Subfluvial «Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis.
