Cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron formalmente acusados este viernes por la tarde por organizar y llevar a cabo el crimen de Nicolás “Fino” Ocampo, de 38 años, a cambio de 270 mil pesos. Aunque aún no se supo quién fue el instigador que pagó esa suma. El Fino integraba la banda de Esteban Alvarado y había firmado un acuerdo abreviado a través del cual reconoció su responsabilidad en el hecho. Salió en agosto pasado con libertad condicional y a los días sufrió un atentado contra su vivienda. Este 16 de abril pasado, fue asesinado en la puerta de su casa frente a su familia.
Los cuatro sospechosos fueron imputados este viernes por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por promesa remuneratoria y quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley.
En la audiencia de este viernes, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada sindicaron a Fabio Alejandro Giménez –detenido en la Unidad Penitenciaria N° 3– como organizador del crimen, su pareja Joana Bernal como partícipe primaria por aportar la logística; y a Uriel Reynoso, conocido como Claudio, junto a Brian Josué «Narigón» González como los ejecutores.
A Reynoso, que para el fiscal fue quien manejaba la moto el día del crimen, lo acusó como partícipe primario y al Narigón, quien sería el que se bajó del vehículo y le disparó a la víctima, como autor material.
Ejecución por encargo
La tarde del viernes 16 de abril Nicolás “Fino” Ocampo llegó a su casa, ubicada en Ocampo 6600, junto con su pareja y su pequeño hijo en una camioneta Toyota Hilux.
Según la reconstrucción, dos jóvenes en moto pasaron al menos tres veces por el lugar y a las 15.35, cuando la víctima se disponía a bajar de la camioneta en la que había llegado, el acompañante de la moto se bajó y disparó contra Fino con un arma calibre 9 milímetros en tres oportunidades. La víctima recibió impactos en el tórax y falleció casi en el acto.
La investigación por el crimen del Fino Ocampo se agilizó cuando una fiscal federal advirtió a sus colegas de la Justicia ordinaria que tenía escuchas de la línea que Giménez utilizaba desde la cárcel, que había sido intervenida en una causa por drogas.
De esas comunicaciones surgieron un gran intercambio de llamadas y mensajes entre Giménez, su pareja Bernal y los dos presuntos ejecutores del crimen de Ocampo, que para los fiscales demostraron sus participaciones y roles.
De allí surge que Giménez apostó a personas frente al domicilio de Ocampo los días previos al crimen para vigilar sus movimientos, después contrató por 5 mil pesos a dos personas que siguieron a la víctima en auto y pagó 100 mil pesos al Narigón por la ejecución, mientras que le dio 60 mil a Reynoso, a quien en las escuchas denominan “el piloto”.
Según la pesquisa, el pago por el crimen se realizó a las 21.35 en una estación de servicios ubicada en el cruce de las avenidas Provincias Unidas y Juan Domingo Perón y la secuencia quedó captada por las cámaras de seguridad. Para los fiscales, la encargada de entregar ese dinero fue Joana Bernal, bajo las órdenes de su pareja Giménez.
Mientras que la acusación estimó que el matrimonio se quedó con 100 mil pesos por organizar el crimen del Fino, aunque aún falta identificar quién o quiénes encargaron y pagaron el homicidio.
En una conversación posterior al crimen, Giménez le dijo a su pareja que los ejecutores cambiaran su corte de cabello para no ser identificados: «Hola amor. Ahí los pibes que recién trabajaron la changuita esa de la pared que tenían que levantar. Dale 5 mil pesos para que se corten el pelo, ahí en un rato me pasan la plata”, dice, y también le ordenó que llame a dos remises para que los llevaran a los lugares donde se ocultaron.
En ese sentido, la Fiscalía sostuvo que fue partícipe necesaria, ya que previo al crimen entregó un celular para que Narigón se comunicara con Giménez; además gestionó los remises para los tiradores y les entegró 5 mil pesos para que se cortaran el pelo y le dio lugar para que escondieran la motocicleta.
Tras escuchar a las partes, el juez Carlos Leiva aceptó la imputación fiscal, por homicidio agravado por uso de arma y calificado por promesa remuneratoria y por la participación de dos o más personas, y dispuso las prisiones preventivas de los cuatro acusados por el plazo de ley.
El empresario que mandó a matar a socio
En esta audiencia, los fiscales vincularon al Uriel «Claudio» Reynoso como el presunto matador contratado por el empresario, Lucas F., de 35 años, para matar a su socio en el Laboratorio Nutrilab, de avenida del Rosario al 2700, caso que será llevado a audiencia el próximo martes.
El ataque homicida estaba encargado para este lunes 10 de mayo por la mañana y por las mismas escuchas de la Justicia federal los pesquisas intervinieron y lograron frustrar el ataque.
El 21 de abril, el socio de nombre Maximiliano fue víctima de una balacera en la puerta de Nutrilab y los policías detuvieron a pocas cuadras a Brian «Narigón» González –ahora imputado por el crimen del Fino Ocampo–, quien iba en una moto robada y le secuestraron un arma.
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