Esta semana trascendió de un hecho que generó fuerte repercusión. Un estudiante de la Facultad de Psicología de la UNR le pidió a un pibe del barrio República de la Sexta que le comprara droga en uno de los quioscos de la zona. Y tras el impacto inicial el caso tuvo ahora su correlato institucional. Es que esa casa de altos estudios decidió abrirle un sumario interno. Así lo confirmó a El Ciudadano Raúl Gómez Alonso, el decano.
“Es una situación muy compleja. Estamos en una primera fase de investigación recavando información y tomando testimonios para hacer una evaluación del hecho. Luego se hará un dictamen que pasará al Consejo Directivo, y en esa instancia se sancionará a la persona implicada en el hecho”, detalló Gómez Alonso.
La investigación está a cargo del decanato y el área de asesoría legal junto con un instructor y un secretario designados por la casa de altos estudios.
El decano de la Facultad de Psicología explicó que se enteró del hecho a través de uno de los coordinadores del Proyecto Puentes, un lugar que funciona dentro de la universidad cuyo objetivo es integrar la comunidad educativa y los chicos del barrio de la República de la Sexta que frecuentan La Siberia vendiendo tarjetas o pidiendo monedas.
“La problemática es muy compleja y como institución tenemos la obligación de dar respuestas. Se trata de un estudiante nuestro y la facultad no puede dar vuelta la cara”, aseguró el decano.
Gómez Alonso contó que el proceso de investigación tiene un plazo de 90 días.
“La decisión que se tome con el alumno no puede ser sólo punitiva ya que se trata de un estudiante que está pasando por un consumo problemático de sustancias. Es decir, que tenemos una doble responsabilidad, tenemos que aplicar una sanción y a la vez asistir a la persona implicada en el hecho porque tiene problemas de adicciones”, aseguró el decano de Psicología.
Gómez Alonso detalló que aún no sabe el nombre del alumno. “Estamos en una etapa de investigación. Aparentemente el menor al que mandaron a comprar droga se trataría de un chico de unos 14 años que se habría reinsertado en su escolaridad a través de Proyecto Puentes”, sostuvo el decano.
Y concluyó: “Apuntamos a que la investigación se pueda hacer con rapidez y que sea antes del plazo estimado. Es un caso muy delicado”.
Magalí Alesso es la presidenta del Centro de Estudiantes de Psicología y contó que se enteraron la semana pasada del hecho ocurrido. “Nos enteramos hace unos días de que un estudiante de la facultad le dio plata a un vecino de la zona de la Siberia para que le compre droga. Es muy grave porque se trata de un menor y sus derechos fueron vulnerados”, sostuvo.
Alesso explicó que los chicos del barrio siempre circulan por la facultad, pero es la primera vez que sucede un hecho de ese tipo.
“La facultad abrió una investigación y esperamos la respuesta institucional. El sumario pasará por el Consejo Directivo, donde tenemos representantes. Es muy reciente y es un proceso largo. El problema es que el Estado no dio respuestas previamente”, concluyó Magalí.
En el lapso de 90 días se deben rastrear testigos, citarlos para que brinden información sobre el hecho y presentar un informe que reconstruya el episodio. Luego, será el Consejo Directivo de Psicología el que determine la sanción al estudiante.
La decisión que recaiga sobre el alumno se fija de acuerdo a lo que establece el estatuto de la Universidad Nacional de Rosario: pueden suspenderlo por un período determinado de tiempo o dictarle la expulsión definitiva.
Ruchansky: “Hay que revisar las leyes”
El periodista y escritor Emilio Ruchansky habló del caso en contacto con El Ciudadano. “Es una situación compleja porque se trata de un menor de edad y el consumo no debería estar penado. El problema es que las redes del narcomenudeo emplean a menores de edad, mujeres jefas de familia de hogar sin antecedentes y personas mayores. Es decir, las personas que terminan en la comercialización directa son, generalmente, las más vulnerables”, aseguró.
Ruchansky sostuvo que en este caso “se tiene que entender” que hay dos víctimas; el estudiante y el menor. “Darle dinero a un menor para que le busque una sustancia en algún punto es perpetuar la situación del menor. No me parece loable, pero no hay que cargar las tintas sobre el estudiante cuando el problema es estructural”, expresó el escritor.
Ruchansky agregó que el Estado no deja otras alternativas. “Hay que entender que muchas veces, cuando alguien va a comprar alguna sustancia, sea a un búnker o un conventillo, hay muchos menores que están con sus padres y ven las transacciones, o hacen de soldaditos o vigías. Que haya menores de edad trabajando para el menudeo es algo común y preocupante. Lo peor es que haya leyes que criminalicen a chicos que revenden sustancias”, afirmó.
Y agregó: “Recuerdo una película brasileña donde se daba la situación de que si uno compraba o consumía drogas del mercado negro era cómplice y lo avalaba. Lo mismo sucedía con la explotación, la trata de personas y asesinatos. Eso es pelearnos entre nosotros. Hay algo mucho más alto que es la policía que controla todo este tráfico, los transas grandes. La regulación es una de esas soluciones, el mercado de consumo no va a dejar de existir”.
Para Ruchansky “la solución no es desfederalizar el delito de drogas como se planteó en Santa Fe”. “Eso agrava el problema porque involucra más persecución de gente pobre. El pedido de mano dura que suelen traer estos casos está resguardado por víctimas morales. Y no las hay. La discusión se tiene que dar en términos más pragmáticos. Hay que revisar las leyes”, concluyó.
