Desde hace un año y medio, al menos, la Justicia federal rosarina no eleva a juicio ninguna causa que tenga como acusada a una persona detenida con pequeñas cantidades de droga, de las que por su escaso peso o volumen se consideran para consumo personal. Sin embargo, las fuerzas de seguridad siguen girando a los dos juzgados locales actuaciones cuando detienen a una persona y le secuestran marihuana o cocaína en cantidades que están lejos de evidenciar una intención comercial. Aun con el desembarco de Gendarmería y Prefectura, lo que elevó la cantidad de causas dentro de la ley de estupefacientes, no se enjuició a consumidores.
Estadísticas sobre penas por consumo de drogas en Rosario
El Ciudadano accedió a las estadísticas ligadas con la criminalización del consumo en los últimos años y dialogó con el fiscal de juicio Adolfo Villate, quien hasta junio pasado y durante ocho meses, estuvo al frente de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). “Las causas por tenencia para consumo personal han disminuido sustancialmente a nivel nacional, incluido Rosario. Todo cambió con el fallo Arriola que se aplica en las pocas causas que se inician. No es buena política de perseguir al consumidor”, explicó el funcionario judicial.
El fallo Arriola al que hizo referencia es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que reconoce como inconstitucional el castigo penal a una persona por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado.
¿Qué es el Procunar?
Hace dos años la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó una división llamada Procunar para investigar y evitar el despilfarro de recursos del Poder Judicial a la hora de procesar delitos dentro de la ley 23.737, que incorpora al Código Penal los castigos en todo lo que esté relacionado con estupefacientes.
La norma sanciona explícitamente en su artículo 14 a quien tuviere en su poder estupefacientes, estableciendo que la pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal. Es precisamente este último párrafo el que el máximo tribunal del país declaró inconstitucional en 2009 en el marco del fallo Arriola. Esa causa se había iniciado tres años antes, a partir de un procedimiento de la Policía Federal en la zona oeste de Rosario.
Desde sus inicios, la Procunar reúne datos con los que crea estadísticas que sirven como información de base para jueces y fiscales. Para afuera, este trabajo en progreso se evidencia en sus informes. El año pasado publicaron en detalle la cantidad y tipos de causas por drogas ilegales en el país, aunque solo lo actuado en 2012. Ese año Rosario fue el cuarto distrito con más causas iniciadas por tenencia para consumo personal. Sin embargo, el informe no detalla si hubo elevación a juicio de esas causas.
Un relevamiento realizado en los Tribunales Federales locales por El Ciudadano llegó al dato de que en el último año y medio no hubo una sola elevación a juicio contra usuarios con escasa cantidad de marihuana o cocaína encima. El último procesamiento data de 2008. Involucró a dos personas con menos de dos gramos de cocaína en sus bolsillos a la salida de un lugar de venta. Eran compradores. Este dato significa que, si bien puede haber persecución policial sobre el consumidor en la ciudad, no hay un correlato en la Justicia.
Andar con poca droga encima
El principal cambio en la Justicia federal respecto del consumo de marihuana y cocaína es que el transporte y la venta a gran escala son considerados como el gran problema. Así, cuando ingresa una causa por consumo en el distrito Rosario, se aplica el antecedente Arriola. Algunas veces ni se cita a los involucrados. Se corre vista y la causa se archiva o se resuelve de otra forma. Antes, los agentes de la Justicia corroboran la cantidad secuestrada y otros elementos de las actuaciones de la Policía, esto es, cómo está fraccionado y si fueron secuestrados elementos de corte, por ejemplo. Eso define si la droga era para consumo o para la venta y cambia la carátula. Lo mismo corre para las plantas de marihuana.
“En economía política hay un dicho: «Hay recursos limitados para necesidades ilimitadas». Ese es el punto de partida de las políticas contra el narcotráfico”, dijo el fiscal Villate para explicar el cambio de enfoque. “Las causas por consumo se inician accidentalmente en Rosario y en todas se aplica el fallo Arriola. La no persecución judicial de los usuarios toma más notoriedad por el aumento de causas en la región. Rosario es una de las jurisdicciones que más causas tiene. Es una zona caliente”, agregó.
“He notado cómo ha ido la modalidad de comercialización que trajo aparejado un incremento en la violencia. Antes la forma más común era la venta en simulados comercios como almacenes de barrio. No había búnkers ni soldaditos. Eso cambió hace 10 años”, concluyó Villate.
Una alternativa a comprar droga
Comprar marihuana nunca fue la única opción. Muchos usuarios cosechan sus propias plantas y sostienen que así no contribuyen con el narcotráfico y sus violentos colaterales: disputas por territorio y mercados con balas y muertos. También reconocen que no todos los que fuman se animan a plantar por miedo a problemas legales.
Según insistieron desde la Justicia federal, sus recursos no están para perseguir a quien cultiva una o dos plantas: pocas causas se iniciaron por siembra en los últimos dos años y remiten a operativos donde se encontraron más de 20 plantas, lo que puede ser entendido como el principio de una red de producción y comercialización.
Rosario, el cuarto distrito con más causas por drogas
Según el estudio realizado por el Procunar en 2014, la jurisdicción federal de Rosario fue el cuatro distrito del país con más causas iniciadas por tenencia para consumo personal en 2012. La que más inició acciones legales contra consumidores fue Mendoza. El 60 por ciento fueron por tenencia para consumo personal. El segundo lugar se lo llevó Córdoba, donde más de la mitad de las causas incluyeron a consumidores. El tercero fue para Buenos Aires, con un 40 por ciento del total. La jurisdicción rosarina tuvo un índice del 35 por ciento.
La intervención federal en Rosario
“Dejamos 350 nuevas causas que se abrieron en la ciudad por tráfico”, marcó el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, en los primeros días de enero de este año. Lo dijo al cerrar el primer desembarco de fuerzas federales en Rosario. Sin embargo, en los tribunales no lo vieron tan positivo. El despliegue federal ayudó a llevar tranquilidad a los vecinos, pero frustró investigaciones más antiguas o que pretendían llegar más alto en la red de producción y comercialización de drogas. “Los allanamientos en los búnkers impidieron llegar más arriba de la cadena de narcotráfico. No se puede medir la efectividad de una intervención como la de Gendarmería en cantidad de allanamientos. El éxito es dado cuando se llega a niveles superiores”, apuntó el fiscal Villate.
