Uno de cada cuatro espacios privados para personas con problemas de consumo de drogas no recibe a mujeres en Santa Fe. Uno de cada tres les cierra las puertas si están embarazadas. Dos de cada tres no las recibe si tienen hijos chicos. Un 30 por ciento no recibe a personas LGTBI. El 70 por ciento les abre la puerta solo si acceden a que se los trate por el sexo y género con el que nacieron. Solo un cuarto atienden a niños y niñas desde los 14 años. La mitad de los espacios están en Rosario.
Los datos son parte de un relevamiento que empezó a hacer la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod). La radiografía a la que accedió El Ciudadano aún está en marcha y en esta primera etapa se centró en conocer cómo trabajan comunidades terapéuticas, centros de día y residencias de todo tipo. La idea es que sirva de información pública para la población que necesite trabajar los problemas de consumo propios o de familiares.
“Lo alarmante es que no hay accesibilidad universal por una cuestión de género. Están invisibilizadas y estigmatizadas más que los hombres que consumen. Las mujeres no se acercan porque si admiten que tienen problemas de consumo pueden quitarle a los hijos (por una medida de protección e la Justicia). La población trans la tiene peor”, explicó a El Ciudadano, la titular de Aprecod, Cecilia Nieto.
Panorama
A principio de año el Gobierno de Santa Fe empezó a conocer qué posibilidad de tratamiento para consumo problemático o adicciones –según el paradigma desde que se lo vea– había en la provincia. Fueron a buscar a las organizaciones, dispositivos y comunidades de todo tipo. En agosto sistematizaron la información y le agregaron datos de la modalidad del abordaje. Hasta agosto encontraron 83 espacios. La mayoría (50) están en el nodo Rosario. La ciudad tiene 41 y la capital santafesina otros 11. El 68 por ciento son asociaciones civiles y un 10 por ciento fundaciones. Más de la mitad en la provincia son religiosas. La tendencia se mantiene en Rosario donde 27 trabajan desde la fe. La modalidad más frecuente en los institutos privados es la ambulatoria. Ofrecen talleres grupales, acompañamiento a la familia de la persona, actividades espirituales, de recreación y también laborterapia.
Para el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, Esteban Paulón, la tendencia de expulsión de mujeres y personas LGTBIQ se dio por la falta de presencia estatal cuando surgieron los tratamientos en la década del 90. “Los religiosos eran los únicos recursos y estas comunidades que promueven discursos de odio a la diversidad sexual plantean que el primer paso para «curarse» es ordenarse a nivel personal. Consideran que los homosexuales y trans son enfermos”, explicó.
“Ser gay o trans no te lleva al consumo problemático. Es la discriminación y la exclusión de las familias o entornos la que lleva a los problemas. Hay que empezar a entender a las personas”, completó el funcionario. En busca de alternativas, el Gobierno de Santa Fe acompaña junto al programa Andrés a 10 mujeres trans que tienen un consumo problemático con capacitaciones y tratamiento.
La directora del Centro de Estudios Avanzados sobre Drogadependencias, Silvia Inchaurraga opinó que la tendencia es una constante donde distancian a las personas del sistema de salud por criterios no científicos sino con fundamentos desconocidos. “Es un problema aún más por la escasez de dispositivos disponibles para tratamiento con drogas. Las mujeres, las embarazadas y la población LGTBIQ han sido excluidas de las instituciones. No hacen seguimiento personal sino que hacen intervenciones masivas y eso aleja poder trabajar con colectivos particulares”, dijo.
“La ley de Salud Mental y Adicciones viene a enfatizar la igualdad de derechos de usuarios de salud mental y de drogas. No se cumple. Hay un estigma por consumir y una falta de instituciones que den respuesta. Siempre han dejado afuera a quienes no quieren abstenerse de consumir y si recibir tratamiento. La abstención no es el único camino”, opinó Inchaurraga.
Más información
Según explicó la titular de Aprecod, Cecilia Nieto, la idea es conocer aún más sobre las personas y los lugares para diseñar políticas públicas. Está previsto que conozcan más sobre edad, perfil de consumo, si tienen obra social y cuál es el vínculo que tienen con los centros de salud de cada localidad. “Queremos tener la información para saber qué está faltando en la atención. Partimos de que había mucha gente que necesita saber dónde ir y no tenía idea. En la parte pública hay 774 centros de salud más los dispositivos específicos de consumo problemático que no discriminan el ingreso, más espacios como La Estación donde se orienta a las personas con o sin obra social que buscan atención”, dijo a El Ciudadano, Nieto.
Alternativas
El contrapunto de la discriminación en el sector privado es el Estado. En 2016 la Municipalidad de Rosario creó La Estación, un espacio de referencia para el abordaje integral de consumos de alcohol y sustancias psicoactivas. Está en Gálvez 867 y los profesionales asesoran, atienden e intervienen desde una mirada integral a demandas vinculadas a los consumos, sostenida por una serie de dispositivos en un engranaje intersectorial e interdisciplinario. Ya lleva 1076 personas asistidas a través de la red pública de salud. Cuenta con más de 50 centros de salud, hospitales, centros de día, Centros de Convivencia Barrial (CCB), dispositivos dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social, espacios pertenecientes a la Secretaría de Cultura y Educación, el programa Nueva Oportunidad y otros espacios de Sedronar.
