Los cruces entre funcionarios dentro de la Fiscalía Regional Rosario, tras la exposición de una serie de mensajes entre el fiscal Matías Edery y la testigo estrella del caso Alvarado devenida en imputada Mariana Ortigala -en el marco una causa por extorsión al dueño de una cadena de agencias de lotería que terminó con la prisión preventiva de ocho de los nueve imputados en la investigación-, promete mucho más. La contienda entre estos funcionarios con peso propio dentro del sistema incluye una lucha de posicionamientos, sumarios y acusaciones cruzadas, con dos bandos bien determinados, y parece que no será fácil de dominar por la conducción de la Fiscalía de la segunda circunscripción judicial.
La Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos es uno de los bastiones más importantes del Ministerio Público Fiscal y hacen a la política criminal fijada por la conducción del organismo. Funciona en el Centro de Justicia Penal y conviven en ella dos áreas: Delitos Complejos integrado por los fiscales David Carizza, Luis Schiappa Pietra (quien fue coequiper de Edery en numerosas investigaciones de alto impacto), José Luis Caterina y el propio Edery.
Por otro lado, está el área de Delitos Económicos a cargo de los fiscales Miguel Moreno, Sebastián Narvaja y Mariano Ríos Artacho. Mientras que la problemática de las armas en la ciudad generó, no hace mucho, la creación del Equipo de abordaje de hechos cometidos con armas de fuego, conocida también como fiscalía de balaceras; allí trabajan los fiscales Valeria Haurigot, Federico Rébola y Pablo Socca.
Los chats de la discordia
Esta semana se inició una audiencia imputativa por extorsiones al dueño de la agencia El Califa en la que fueron acusados de manera formal: Ariel «Guille» Cantero, Mariana Ortigala, Lorena Mireya Córdoba, Bladimir Andrés Navarro, Kevin David Moreno, Brian Ezequiel Díaz, Daiana «Diabla» Leguizamón y Gonzalo Sarmiento. El caso incluyó extorsiones a la dueña de un bar, sobre el cual el fiscal Socca explicó que se encuentra a la vuelta de una de las agencias de lotería y, en realidad, estaban dirigidos a su dueño. La audiencia terminó este viernes con la prisión preventiva de todos a excepción de Sarmiento, tal como había pedido la acusación.
Al pedir la prisión preventiva de Ortigala, señalada como informante de Edery, los fiscales Socca y Moreno dieron a conocer una serie de chats que tomaron trascendencia pública y deterioraron el vínculo entre estos funcionarios, que conviven en oficinas contiguas. Según trascendió, Socca mandó a cambiar las cerraduras de las puertas de su oficina.
Con denuncias de por medio y acusaciones cruzadas se iniciaron investigaciones penales y administrativas que tienen como sujeto a Edery, quien no tardó en salir a defenderse públicamente y dijo que sus pares, con su actuación, lo pusieron en peligro.
La rivalidad y la diferencia de criterios a la hora de investigar, especialmente entre Socca y Edery, se dejó ver en las declaraciones de ambos y las declaraciones y los movimientos de otros actores institucionales dejan entrever un mapa de actores al interior del Estado provincial.
Quién es quién
Moreno es un viejo lobo de mar en las aguas penales. Fue instructor en uno de los juzgados más candentes del viejo sistema procesal, entonces comandado por el actual camarista Javier Beltramone. Al inicio del nuevo sistema ingresó a una de las unidades más complicadas del sistema, la de Homicidios Dolosos, a cargo de Adrián Spelta. Ambos se presentaron en el anterior concurso para fiscal regional y, a pesar de quedar entre los primeros lugares, el cargo quedó en manos de alguien con pocos pergaminos, Patricio Serjal, quien terminó estrellado tras quedar involucrado en una causa por coimas en un caso de juego clandestino.
Serjal terminó preso y su cargo fue cubierto en forma provisoria por María Eugenia Iribarren, quien se quedó con el concurso para fiscal regional en 2023, en cuya terna estaba Moreno.
Mientras tanto, Beltramone fue uno de los integrantes de la terna que se propuso para la Fiscalía General de la provincia, que quedó a cargo de la ex auditora del MPA María Cecilia Vranicich.
En cuanto a Edery, el funcionario ingresó al Poder Judicial tras un concurso en 2017 que dejó un tendal de bochados, entre ellos varios fiscales adjuntos en funciones, lo que valió un comunicado cuestionando esta situación por parte de la Asociación de Fiscales.
A partir de su ingreso en el MPA, Edery tuvo un ascenso meteórico en lo vinculado con investigaciones de alto impacto. Fue uno de los investigadores de la banda de Los Monos y del caso Alvarado, en tándem con Luis Schiappa Pietra.
Mientras tanto, Socca fue parte del team Beltramone cuando era juez instructor. Luego de varios intentos frustrados, logró acceder a un cargo en la Fiscalía. A partir de su designación en la fiscalía de balaceras, intevino en varias causas con resonancia mediática. A mitad de año, junto a otra fiscal, les abrieron un sumario administrativo por hablar con un medio de comunicación sin la autorización de la Oficina de Prensa.
El senador
Al chisporroteo interno en la Fiscalía, se sumó el senador Armando Traferri quien quedó involucrado en la causa por juego clandestino que tuvo en la mira al empresario Leonardo Peitti y terminó con la caída de Serjal y la condena al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad.
Los fiscales Edery y Schiappa Pietra reclamaron incansablemente llevar a imputativa al legislador, que no renunció a sus fueros. Los fiscales fueron por su desafuero pero el senador fue respaldado por la Legislatura y, tras conocerse el escándalo institucional que atraviesa la Fiscalía, este jueves el legislador pidió al Senado que lo liberen de sus fueros para presentarse a la Justicia, no sólo para demostrar su inocencia, dijo, sino para «poner en evidencia a quienes estaban destinando fondos y recursos del Ministerio de Seguridad para espiar dirigentes políticos, armar causas y carpetazos para disciplinar», aseguró.
A todo esto la rivalidad está declarada en el corazón de la fiscalía: Edery aseguró que lo que sucedió en la audiencia donde se imputó extorsión a su informante fue un show por parte de sus pares. Mientras que su superior Iribarren lo respaldó al afirmar que en 2021 el funcionario presentó en sobre cerrado la información sobre quiénes eran sus informantes y, tras la detención de Mariana Ortigala, le dijo que era una de las personas que figuraban en esa lista. A lo que agregó que le sugirió a los fiscales Socca y Moreno hacer un uso cauteloso de la información que manejaban.
Mientras tanto, se conoció que la fiscal general Vranicich suspendió la aplicación de la figura del informante que en Santa Fe no está regulada.
Narcoprotegida
Tras la culminación de la audiencia Socca y Moreno hicieron declaraciones este viernes. «En la Fiscalía lo que pudimos determinar es que advertimos un vínculo muy cercano entre Ortigala y (Guille) Cantero. Hay que recordar que era testigo protegida desde 2019 y en diferentes instancias judiciales se dijo que «se pasó de banda» y precisamente en este período de tiempo que se la incluyo en el programa de protección a testigos y desde que el fiscal Edery informa que la incluyó como informante en el ámbito de la agencia es que en este periodo de tiempo se hizo multimillonaria. Por eso creemos que no es una testigo protegida sino una narcoprotegida», apuntó Socca.
«La señora es miembro de la asociación ilícita del señor Cantero. Hay asociaciones ilícitas que se investigan en esta Fiscalía, casi todas ellas se investigaron en el marco de de la Agencia de Criminalidad Organizada a cargo de fiscales que se especializan en Los Monos, que tienen acabado conocimiento, experiencia en la estructura, y ¿cómo nunca se dieron cuenta que Ortigala era miembro de esa asociación ilícita y se hizo millonaria? En tres meses de investigación le encontramos 14 propiedades», añadió el investigador fiscal.
«Pudo haber sido una testigo protegida y pudo haber brindado información útil en la causa Alvarado; creemos que luego de eso debió cesar inmediatamente la protección como testigo y debió ser incluida como arrepentida si declaraba sobre delitos declarados por ella y la estructura a la que pertenece actualmente, Tiene que estar imputada, esa hubiera sido la ubicación correcta en atención a la vinculación criminal que tiene con Cantero», dijo Moreno.
Y agregó que entiende que puede ser opinable si la audiencia fue el ámbito correcto para ventilar esta información. «Nosotros no ventilamos acusaciones contra el doctor Edery, las acusaciones se hicieron por los canales correspondientes, es decir ante el auditor (del MPA) y la denuncia por la posible comisión de hechos perseguibles por el Estado», agregó.
«Lo que se hizo en la audiencia era necesario para ventilar una peligrosidad procesal extrema respecto a Ortigala», aseguró Moreno.
“Las interpretaciones que le da el doctor Edery corren por cuenta del doctor Edery”, dijo y agregó: «En una situación así, si no fuese un funcionario público y un compañero de trabajo, le diríamos que tiene que venir con un abogado defensor. Entendimos que lo más prolijo era no reunirnos».
