El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para dos empresarios tucumanos por verter residuos peligrosos que afectaron ríos que llegan hasta la provincia de Santiago del Estero cuando eran socios propietarios de la empresa Azucarera del Sur SRL que explotaba el ingenio La Trinidad, entre 2007 y 2009. El veredicto se conocerá este viernes, informaron fuentes judiciales.
En el banquillo de los acusados están los empresarios azucareros Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep, imputados por verter efluentes industriales “sin tratamiento o con tratamiento deficiente” en los ríos Medina/Chico y Gastona, integrantes de la cuenca Salí-Dulce, con incidencia en la provincia de Santiago del Estero.
Esa es la acusación que lleva adelante el fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi. Ambos solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán la imposición de penas de 4 años y 4 años y 6 meses de prisión para Drube y Gasep, respectivamente. La causa lleva más de 15 años en la Justicia y aún no hay sentencia definitiva sobre delitos contra la salud pública y el ambiente.
Dos veces “no”
Es la tercera vez que esta investigación llega a juicio y que el Ministerio Público Fiscal requiere que los acusados sean condenados a prisión. En las dos oportunidades anteriores, un mismo tribunal de Tucumán –integrado por distintos jueces– dictó sentencias absolutorias que fueron revocadas y anuladas por la Cámara Federal de Casación Penal en 2016 y 2019.
Ahora será el tribunal compuesto por los jueces María Noel Costa, Abelardo Basbús y Enrique Bothamley el que deberá resolver un caso que lleva más de 15 años en los tribunales federales. El veredicto se dará a conocer el próximo viernes.
En la jurisdicción, no hay antecedente de un juicio que haya tenido que realizarse tres veces.
Peligro para la salud pública
Para la Fiscalía se acreditó que los desechos industriales de La Trinidad eran “residuos peligrosos” que no fueron “debidamente tratados” por parte del ingenio pese a la normativa y los planes de producción limpia y de reconversión suscriptos con anterioridad.
Al respecto se consideró comprobado que para 2007 esos efluentes peligrosos eran además conducidos por un canal a cielo abierto por distintas poblaciones y se volcaban a fincas vecinas y a una laguna de sacrificio que no cumplía con ninguna de las normas sobre seguridad e higiene, aseguraron.
También se precisó que tanto el canal como la laguna desbordaban y que esos vertidos “terminaban en el río Chico o Medina” y, al menos una vez durante 2009, se volcó directamente al río Gastona.
Ambos ríos forman parte de la cuenca Salí-Dulce y terminan su trayecto en el dique Frontal de Santiago del Estero.
Los empresarios imputados, encargados de la explotación del ingenio durante esos años, habían sido sancionados administrativamente en varias oportunidades, según indicó la Fiscalía, que también apuntó que “con su accionar doloso adulteraron y contaminaron el suelo, las aguas y el ambiente, con lo cual generaron un riesgo a la salud pública”.
Funcionarios bajo la mira
Además del pedido de penas, la Fiscalía también solicitó que se investigue a Alfredo Montalbán, secretario de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, que declaró como testigo en la causa, por la posible comisión de los delitos de falso testimonio, encubrimiento, incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión del deber de denunciar, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
