Cientos de manifestantes marchaban este miércoles por varios puntos de Bogotá en otra jornada de protestas contra el presidente Iván Duque y en medio de renovadas acusaciones de «abusos gravísimos» en la represión del estallido social iniciado hace un mes y medio.
En un duro informe, la organización Human Rights Watch reclamó este miércoles al gobierno de Duque «medidas urgentes» para proteger los derechos humanos, que la policía no reprima reuniones pacíficas y que se enjuicie a los responsables de los abusos.
En Bogotá, los manifestantes bloqueaban varios puntos, incluyendo estaciones del sistema de colectivos de tránsito rápido, el metrobús de la ciudad, y la calle que va al aeropuerto de El Dorado, ubicado en el oeste de la capital.
La Secretaría de Movilidad de Bogotá pidió a los viajeros salir con más tiempo que el usual, y aunque no había cancelaciones de vuelos, medios dijeron que pasajeros tuvieron que llegar caminando al aeropuerto con sus equipajes a rastras por los cortes.
Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, marchaban pacíficamente por otras calles, con pancartas y banderas amarillas, azules y coloradas de Colombia, y todas ellas parecían llevar tapabocas por el coronavirus.
Las marchas serán las primeras desde el arribo al país de una misión de la Comisión Interamaricana de Derechos Humanos (CIDH), principal organismo de protección de las garantías fundamentales de América, para evaluar la convulsa situación.
La ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) han denunciado uso desproporcionado de la fuerza pública contra las protestas, que han dejado más de 50 muertos, miles de heridos y decenas de desaparecidos.
La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó este martes a Colombia y estará hasta el 10 de junio, analizará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas durante las protestas, la mayoría a manos de la fuerza pública, dijo la Defensoría del Pueblo colombiana.
La crisis comenzó el 28 de abril por una reforma tributaria promovida por el gobierno.
Lejos de remitir luego de que el proyecto fuera desechado ante la presión de las calles, las protestas se profundizaron con reclamos generales contra las políticas del gobierno neoliberal de Duque, como más trabajo y un mejor acceso a la salud.
Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras, luego de que la organización más visible detrás de las protestas, el Comité Nacional del Paro (CNP), interrumpiera días atrás negociaciones que llevaba adelante con el gobierno.
El CNP, un conglomerado de 22 organizaciones y sindicatos de izquierda, exige al gobierno derogar un decreto que militarizó las zonas más afectadas por las protestas como condición para volver a la mesa de negociaciones.
El CNP también reclama que el gobierno firme un principio de acuerdo al que se había llegado a fines del mes pasado consistente en varios puntos, incluyendo el fin de la represión de las marchas pacíficas, pero que luego pidió renegociar.
A fin de mantener la presión, el CNP convocó las protestas de este miércoles en todo el país.
La cnvocatoria central será la que dieron en llamar “la toma de Bogotá”, que busca llevar miles de personas a la sede de los tres poderes, un gesto simbólico del descontento reinante.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuestionó la convocatoria, por el momento crítico que atraviesa la capital por los contagios de coronavirus y la alta ocupación de unidades de cuidados intensivos.
La idea del CNP es que las columnas llegue hasta el hotel de Bogotá donde líderes de la organización se reunirán con integrantes de la misión de la CIDH.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo este martes que entregó a la CIDH un informe de su oficina que detalla 417 denuncias de 584 violaciones a los derechos humanos, la enorme mayoría de ellas contra miembros de la fuerza pública, sobre todo la policía.
Según el jefe de la entidad, «las vulneraciones más graves se traducen en 58 casos de presuntos homicidios», de los cuales 45 ocurrieron en el departamento de Valle del Cauca, en el suroeste del país, cuya capital es Cali.
La CIDH, que este martes se reunió con Duque y algunos de sus ministros, dijo que escuchará a otras autoridades gubernamentales, organizaciones civiles, colectivos, sindicatos, víctimas y sus familiares.
Duque y sus ministros defendieron la actuación del gobierno, asegurando que se respeta el derecho a la protesta pacífica pero acusando a infiltrados violentos de cortar rutas y atentar contra las instituciones y el derecho a trabajar.
Sin embargo, para el director para América de HRW, José Miguel Vivanco, “la violencia contra policías y los bloqueos (…) son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”.
En su informe, HRW dijo que recibió «denuncias creíbles» de 68 muertes desde el inicio de las manifestaciones, incluyendo las de dos policías, informó el diario El Tiempo.
La ONG dijo que la evidencia apunta a que la policía mató a 20 manifestantes o transeúntes en el mes y medio que va del estallido, a 16 de ellos con armas de fuego, a tres por uso indiscriminado de armas menos letales, como gases lacrimógenos, y a uno por golpiza.
