El policía que en septiembre pasado le quitó la vida a Roberto Arrieta en la puerta de la comisaría de Puerto General San Martín de un disparo antidisturbios en el pecho y a corta distancia fue acusado de homicidio calificado por abuso de función o cargo, un delito que prevé prisión perpetua. Arrieta murió el día que cumplía 22 años. Había acudido a la seccional 5ª a denunciar que momentos antes un móvil policial le había chocado la moto. Pero en la dependencia no le quisieron tomar la denuncia y tras su insistencia terminó demorado. La medida motivó una concentración de familiares en la puerta y disparos antidisturbios de la Policía. Uno de los uniformados, en medio de un cruce de palabras con Arrieta, quien salió a pedir que dejen de tirar balazos, le dio un escopetazo al joven que murió en pocos minutos.
Hace dos semanas, la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci y Aquiles Balbi, de la unidad de San Lorenzo, recalificaron la acción del policía Jonatan Emanuel Puebla y lo acusaron de homicidio calificado por abuso de su función o cargo, delito previsto para casos en que el imputado es integrante de las fuerzas de seguridad, y que prevé perpetua. “La causa debería continuar con una audiencia preliminar de juicio oral y público pero por tercera vez, la defensa del uniformado apeló a la Cámara Penal la presión preventiva, cuyos pedidos de morigeración ya fueron rechazados por jueces de primera y segunda instancias al menos en dos oportunidades”, dijo una fuente judicial en relación con las resoluciones del juez de San Lorenzo Eduardo Filocco y del camarista Alfredo Ivaldi Artacho.
Gatillo
Desde el crimen de Arriola, decenas de movilizaciones acompañaron la causa procesal para exigir justicia. Las mismas contaron con familiares y amigos del joven ultimado además de organismos de derechos humanos y vecinos de las localidades que conforman el cordón industrial, que desde un principio se manifestaron consternados por el accionar de la Policía.
“Para que el asesino Jonatan Emanuel Puebla tenga una condena justa y siga en la cárcel, convocamos a todos a que nos acompañen con este pedido tan grande que hacemos: Basta de gatillo fácil. Basta de matar a la juventud”, rezan los textos que reparten los vecinos en las marchas.
El domingo 6 de setiembre de 2015, Roberto festejaba su cumpleaños 22 y salió de la localidad de Aldao, de donde era oriundo, hasta Puerto General San Martín para hacer compras. En el trayecto intentó evadir un control vehicular porque no tenía el casco puesto, dijeron fuentes del caso. Uno de los uniformados del Grupo de Operaciones Complejas decidió perseguirlo y lo chocó con un móvil policial. Roberto se cayó de la motocicleta y minutos después fue asistido por una ambulancia que le dio el alta médica porque sólo tenía raspones. Cuarenta minutos después estaba muerto.
Según allegados a Roberto, tras el siniestro decidió radicar la denuncia en la seccional 5ª de Puerto General San Martín, donde discutió con algunos policías porque no se la querían tomar. Mientras el joven estaba adentro de la dependencia con su novia y algunos de sus familiares lo esperaban afuera, el agente Puebla salió con un arma de balas de goma e intercambió palabras con los manifestantes en un intento de que se fueran del lugar. En medio de agresiones verbales, en las que Puebla disparó varias veces al aire, se tropezó con una fila de vehículos estacionados y se cayó. En esos momentos Arriola salió de la seccional para pedirle que se tranquilice, que no tire porque había niños en el lugar, pero el uniformado se levantó más molesto aún y le disparó en el pecho. Las pericias posteriores dijeron que la distancia del disparo fue tan corta que el cartucho no alcanzó a abrirse. El joven llegó sin vida al hospital.
