Este martes al mediodía la fiscal Valeria Haurigot acusó a 14 trabajadores despedidos de Electrolux que desde el lunes pasado acampan en la puerta de la fábrica y piden que los reincorporen a sus tareas. El juez Hernán Postma aceptó la imputación por «sabotaje y usurpación por turbación». Pero no hizo lugar al pedido de «cese antijurídico de estado». Es decir, no aceptó mover a los empleados del predio hasta que finalice el conflicto laboral en el Ministerio de Trabajo.
No es la primera que la fiscal Valeria Haurigot interviene en un conflicto laboral donde el llamado a trabajar parece pesar más que el derecho a huelga.
En septiembre acusó a siete delegados del Sindicato de Empleados Gastronómicos de entrar a un bar e intimidar a los dueños para que cerraran durante una jornada de paro general. La fiscal había puesto el foco en la igualdad del derecho a huelga y a trabajar y dijo que hubo delitos de amenazas «coactivas» y la «compulsión» a la huelga.
Para ella, casi de forma similar a lo que pasa hoy con Electrolux, se había excedido el derecho a la protesta y los delegados habían cometido un delito. Les impuso una orden de restricción de acercamiento a los bares, les prohibió el contacto con los dueños que habían denunciado y los obligó a firmar en la sede de Fiscalía una vez por semana.
“Los imputados no declararon y sus defensas están aferradas al derecho constitucional a la huelga. Nosotros lo respetamos y consideramos válido. Hay una colisión de derechos por igual: derecho a trabajar y derecho a la huelga. Y en este caso se excedió en el derecho a la huelga y se cometió un delito”, dijo en declaraciones previas a este medio.
En diciembre Haurigot volvió a intervenir en una protesta gremial, esta vez entre recolectores de residuos. Unos 20 trabajadores fueron imputados por obstruir el tránsito y uno sumó una acusación por amenazas calificadas.
La imputativa llegó después que en octubre de 2017 un grupo de recolectores arrojaran 24 toneladas de residuos en la puerta de la Dirección de Higiene Urbana, en Pellegrini y Ovidio Lagos, para visibilizar una protesta entre empresas privadas y domiciliarias. Finalmente, la Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo y los trabajadores cumplieron tareas comunitarias.
