La causa que debió investigar el homicidio de Maximiliano Zamudio, el adolescente de 16 años asesinado a tiros en la puerta de su casa de barrio Tablada por el prefecto Ariel Condori Apaza, fue archivada dos veces. Y otras dos veces debió ser desarchivada por la insistente lucha de familiares para que se esclarezca el caso. Así se llegó a la una tercera fiscal, Karina Bartocci, quien a diferencia de sus antecesores se especializa en violencia institucional. Este lunes, a tres años y medio del crimen, el agente fue imputado frente a un juez por el delito de homicidio agravado. Sin embargo, la audiencia que costó decenas de movilizaciones provocó el fuerte rechazo de la Multisectorial contra la violencia institucional que denunció un nuevo destrato a las víctimas de gatillo fácil.
“De manera llamativa la fiscal Bartocci señaló en la audiencia que no se trataba de un caso de Violencia Institucional desconociendo una construcción histórica lograda a través de décadas por el arduo trabajo de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y actores políticos, reconocida tanto por tribunales nacionales como por organismos internacionales de protección y defensa de derechos humanos. Cuestión de suma gravedad institucional ya que se trata de una funcionaria judicial supuestamente especialista en la materia”, dijeron en un comunicado emitido luego de la audiencia imputativa celebrada en la mañana de este lunes.
“Más grave aún es que esto suceda en el Día de los Derechos Humanos y a 35 años de la recuperación democrática”, agregaron.
“Como si no bastara, el poder judicial en un nuevo destrato a la familia permitió que el asesino de Maxi saliera por el mismo lugar donde se encontraban sus familiares y organizaciones que acompañan el pedido de justicia, revictimizándolos una vez más. Siempre lo dijimos, fue homicidio, es violencia institucional exigimos justicia por Maxi Zamudio”, finaliza el comunicado.
Según informó la Fiscalía, la imputación contra el prefecto Condori Apaza, de 35 años, fue por la autoría de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado consumado. El juez Andrés Donnola aceptó la calificación legal y lo dejó en libertad tras dictarle una alternativa a la prisión preventiva que la misma fiscal Bartocci pidió. Para ello, el prefecto se comprometió a no salir del país sin autorización y notificar cualquier cambio de domicilio. Sus bienes no fueron embargados.
La noche del 27 de mayo de 2015, el prefecto Condori Apaza entró en un viejo Ford Falcon a un pasillo de barrio Tablada y condujo a baja velocidad a la altura de Colón al 4300. Maxi estaba frente a una humilde vivienda a la misma altura de calle Patricias Argentinas y según declararon seis testigos, se acercó a la ventanilla porque el conductor lo llamó. Luego escucharon dos disparos y vieron caer al menor al piso. Después, al prefecto que no vestía uniforme salir del auto, patear al adolescente y rematarlo de un tiro en la cabeza. Los testigos dijeron que Maxi estaba desarmado. Según la versión del prefecto, que disparó con un arma que no era la reglamentaria, el joven le quiso robar y le disparó en legítima defensa.
Uno de los abogados de la familia de la víctima, Guillermo Campana, dijo que la causa logró desarchivarse en las dos ocasiones por los mismos argumentos: “que no existió legítima defensa”. En ese sentido dijo que los dos fiscales anteriores, Miguel Moreno y Rafael Coria, actuaron de manera corporativa y casi no realizaron medidas investigativas.
“La mecánica del hecho implicó un homicidio porque el primer disparo Maxi estaba ya totalmente fuera de posibilidades de agredir, estaba desarmado, estaba casi en el piso, y en ese marco le efectuó un segundo disparo en la cabeza, que ingresó de la parte de atrás hacia adelante, o sea que estaba de espaldas, y efectuó otro disparo más que no impactó sobre Maxi”, dijo Campana.
