En un clima de tensión, el Parlamento griego empezó a debatir en comisiones el primer paquete de medidas que los socios de la eurozona han impuesto al Ejecutivo como condición previa para iniciar las negociaciones sobre el tercer programa de rescate.
La presidente del Parlamento, Zoe Constantopoulou, hablando en su calidad de legisladora del partido gobernante, pidió a la cámara de 300 escaños que no apruebe las medidas.
«No deben firmar el chantaje de los prestamistas», dijo Constantopoulou, una destacada integrante del partido Syriza, a los diputados antes de la votación crucial.
«En pleno conocimiento de lo crucial que son las circunstancias (…) Creo que es el deber del Parlamento no dejar que este chantaje se materialice», agregó.
Agregó que los acreedores deben respetar los procedimientos parlamentarios, oponiéndose a la fecha límite establecida para la votación.
El paquete legislativo se prevé que será trasladado al pleno a partir de primeras horas de la tarde, donde se espera que el debate se prolongue hasta entrada la madrugada.
Nadie duda de que el proyecto saldrá adelante con una amplia mayoría de votos, aunque es previsible que la coalición de Gobierno izquierdista-nacionalista deba buscar el apoyo de la oposición, dada las luchas internas que ha levantado el acuerdo.
El proyecto de ley lleva por nombre «Reformas urgentes para la negociación en vista de acuerdo con el Mecanismo de Estabilidad Europea (MEDE)» y lo firman el ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, el del Interior, Nikos Vutsis, el de Trabajo, Panos Skurletis, el de Justicia, Nikos Paraskevópulos, y el ministro adjunto de Reforma Administrativa, Yorgos Katrúgalos.
Está dividido en dos artículos, de los cuales el primero trata sobre la ratificación del documento resultante del Consejo Europeo, en el que se establecen las condiciones y el acuerdo marco para iniciar las negociaciones.
En el segundo se incluye una serie de reformas que atañen al impuesto del valor añadido (IVA), nuevas medidas tributarias, el fortalecimiento del tratamiento penal de la evasión fiscal, reformas en las pensiones y la Seguridad Social, la garantía de la independencia de la Autoridad de Estadística Helena (ELSTAT) y la creación de una autoridad fiscal prevista en el Tratado de Estabilidad.
Concretamente, se refiere a la introducción de tres tipos de IVA, con una bajada del superreducido del 6,5 % al 6 % para medicamentos, libros y teatro; un 13 % para alimentos básicos, hoteles, energía y agua; y un 23 % para el resto, incluida la restauración, a la que actualmente se le aplica un 13 %.
Prevé legislar sobre la eliminación progresiva, a partir de octubre y hasta finales de 2016, del descuento del 30 % en las islas del mar Egeo más ricas y con mayor afluencia de turistas, pero se exceptúan las islas más remotas.
Sin embargo, detalla, habrá ayudas para los residentes con ingresos más bajos.
El paquete contiene una reforma del impuesto de solidaridad, con efecto retroactivo desde principios de este año, con nuevas tasas que irán del 0,7 % al 8 % dependiendo de los ingresos declarados.
Sube el impuesto de lujo del 10 % al 13 %, también con efecto retroactivo para la declaración de 2014, aplicable a los automóviles de más de 2.500 centímetros cúbicos, piscinas, aviones y embarcaciones con una eslora mínima de 5 metros (mientras que hasta ahora la medida mínima era de 10 metros).
También eleva el impuesto de sociedades del 26 % al 29 % con un pago adelantado del 100 % de este gravamen.
Respecto al fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, el documento incluye la persecución penal por evasión fiscal a partir de 10.000 euros.
En cuanto a las pensiones, el proyecto de ley prevé una subida de las cotizaciones de los pensionistas al sistema sanitario del 4 % al 6 %, la eliminación gradual de las ayudas a las pensiones más bajas (EKAS) de aquí al 31 de diciembre de 2019 y la congelación de las pensiones en términos nominales hasta 2021.
Contempla la fusión de las pensiones suplementarias, que pasarán a financiarse exclusivamente con las contribuciones de los trabajadores (hasta ahora eran cofinanciadas por patronos y en algunos casos con ayudas del Estado).
Además los socios exigen garantizar la independencia de la oficina de estadísticas Elstat y la creación de un Consejo Fiscal independiente, encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos de déficit y de supervisar la aplicación de la legislación fiscal.
