Tras la denuncia que presentó el senador Armando Traferri ante Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura contra los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario por faltas graves, se sumaron repudios de algunos integrantes del arco político. El último es un duro comunicado firmado por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde además de cuestionar al legislador mencionado, a quien los funcionarios ahora denunciados pretenden imputar por juego clandestino, cargaron contra otros actores institucionales del poder político y económico de la provincia, a los que acusan de protegerlo.
“Si no fueran temibles, nos darían risa… Si no fueran tan dañinos, nos darían lástima…”, arranca el documento. Con un fuerte mensaje al senador dice que “con un nuevo alarde de sensación de impunidad y de goce de cobertura política y corporativa, el senador Armando Traferri ha presentado una denuncia ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura contra los Fiscales del MPA (Matías) Edery y (Luis) Schiappa Pietra”.
“¿Por qué los denuncia? Porque cotidianamente, desde hace un tiempo, cometen la osadía de intentar llevarlo a juicio para que un Tribunal, en audiencia pública, determine si es, o no culpable de recibir coimas, de hacer tráfico ilegal de influencias, de manipular a funcionarios judiciales y policiales para favorecer empresas ilegales de juego clandestino, entre otras probas contribuciones al bienestar de la Provincia de Santa Fe”, siguen los colegas de los fiscales denunciados.
“Aunque los niveles de cinismo contenidos en esta acción del Senador Traferri continúan indignándonos, nada tiene de novedosa. Cuando ambos fiscales impulsaron una declaración de inconstitucionalidad de la norma que protege con fueros de impunidad al Senador, éste los denunció. Cuando la Fiscala (Valeria) Haurigot desestimó esa denuncia. Traferri la denunció. Y cuando la Jueza (María Isabel) Más Varela condenó al ex fiscal (Gustavo)Ponce Asahad, cómplice confeso de Traferri, denunció a la Jueza”, continúa el comunicado de la Asociación de Fiscales.
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— Asociación de Fiscales y Funcionaries MPA (@fiscales_mpa) November 19, 2021
“La acción sistemática de avasallamiento contra las y los funcionarios del Poder Judicial que intentan acusar y enjuiciar a Traferri comenzó en 2017, cuando dos fiscales del MPA iniciaron una investigación por utilización indebida de subsidios, a partir de la denuncia presentada por Jorge Boasso. Entonces, los senadores en bloque denunciaron a ambos fiscales ante la Comisión de Acuerdos de Legislatura. En ese momento, ocho años después, se dieron cuenta que la ley 13.013, aprobada en 2009, no otorgaba facultades disciplinarias sobre las y los fiscales de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura. «…¡¿Cómo que no podemos sancionar nosotros a las y los fiscales?!», se preguntaron. E hicieron lo más sencillo, cambiar la ley para ajustarla a sus necesidades políticas”, aseveran.
Y continúa el gremio de fiscales: “La ley se aprobó, literalmente, entre gallos y medianoche, por unanimidad de las y los integrantes de ambas cámaras. Las y los fiscales le pedimos al Gobernador Lifschitz que vetase la ley. El Gobernador honró sus alianzas con las y los legisladores y la promulgó. Así comenzó la historia de la debilitación institucional del Ministerio Público de la Acusación”.
“Desde entonces, pesan sobre la cabeza de toda y todo fiscal que se atreva a investigar casos que pongan en peligro los intereses del poder, espadas que no tien nada que ver con Damocles. Además, no es una sola, son muchas. Se trata de espadas de Baucedo, de Berra, de Borla, de Cornaglia, de Diana, de Enrico, de Giacomino, de Gramajo, de Marcón, de Michilig, de Pirola, de Rasetto, de Rodenas, de Rosconi, de Sosa, de Traferri de cualquier diputada o diputado o de cualquier pariente de cualquiera de ellos, o de cualquier mecenas, acólito, esbirro, financista, aliado, favorecido, amigo, socio, amigo de socio, socio del amigo, financista del aliado amigo de socio…”, enumera.
Y de inmediato agrega: “Esta ley, cuyo objetivo político principal es disciplinar a cualquier fiscal que intente avanzar en investigaciones que puedan incriminar a políticos y poderosos continúa vigente, en lo esencial, hasta ahora. Para sostener este manto de impunidad, la dirigencia política ha hecho gala de una enorme capacidad de construcción de consensos. Por otra parte, la dirigencia provincial ha logrado el mismo nivel de capacidad de negociar y encolumnarse detrás de un objetivo para asegurar el blindaje del senador Traferri. Pese a que sobre él pesa la grave acusación de integrar una asociación ilícita, en un caos en el que varios de sus cómplices se encuentran confesos y condenados, continúa amparándose en sus fueros parlamentarios”.
“Pero su amparo en sus privilegios es posible sólo a partir de la aquiescencia de la mayor parte del arco político santafesino, que desde hace tiempo protege al contumaz senador”, continúa el documento, y añade: “La cohesión política que cuida a un senador sospechado de corrupción y que amenaza a los fiscales que tratan de hacer su trabajo constituye, a la vez, una triste paradoja. En una Provincia en la que las víctimas de homicidios y femicidios se cuentan por cientos, parece imposible construir un consenso político general en materia de seguridad y justicia. No obstante, desde 2017, la mayoría de los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo construyen impunidad monolíticamente”.
“Para ensombrecer aún más este escenario, los grupos que concentran la mayoría de los medios de comunicación masiva en la provincia cubren con velos de silencio y oscuridad el status quo. Mientras que las crónicas sobre muertes, violencia y delincuentes de baja estofa pueblan las páginas de los portales de noticias, los graf de telefivisión y el aire de las radios, los crímenes de los poderosos se pierde en el jubileo de las finanzas mediáticas”, opinan.
El documento concluye: “Es posible que quien haya leído hasta aquí pueda presentir fatalismo en nuestra indignación, o derrotismo en nuestro grave diagnóstico. Nada de eso. Las y los fiscales del MPA estamos convencides que es posible construir una justicia sólida, al servicio de una democrática y de un sólido Estado de Derecho. Nuestra convicciones y compromisos están intactos. Sin embargo, hay preguntas que debemos hacer a las dirigentes y a los dirigentes políticos: ¿Hasta cuándo serán cómplices de la impunidad del Senador Traferri? ¿Hasta cúando seguirá siendo válido el patoterismo contra las y los funcionarios judiciales? ¿Hasta cúando vana continuar sosteniendo el actual régimen disciplinario para los y las fiscales del MPA, como herramienta de extorsión? ¿Hasta cúando?”.
El comunicado lleva las firmas de: Gisela Paolicelli (presidenta); Mariano Ríos Artacho (vicepresidente); Karina Bartocci (secretaria); Sebastián Narvaja (tesorero); Viviana O’Connell (vocal); Georgina Pairola (vocal); Gabriela Bassagaisteguy (vocal); Rossana Tombetta (vocal suplente); Mariana Vidal (vocal suplente); Luciana Vallarella (vocal suplente); César Cabrera Molino (revisor de cuentas); y Germán Mazzoni (revisor de cuentas suplente).
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