El banco estadounidense JP Morgan analizó las medidas económicas dispuestas por el Gobierno de Javier Milei y trazó el panorama que pronostica para los próximos meses en materia de inflación y actividad económica, en un informe dirigido a sus clientes.
El documento de la entidad financiera consideró que «las medidas anunciadas hoy parecen alinearse con el escenario base que establecimos para diciembre y el primer trimestre de 2024”.
En ese sentido, precisó que “se espera que la inflación general se acelere, acumulando un poco más del 60% en diciembre y enero”, aunque prevé que “si se ejecutan correctamente, la inflación debería empezar a desacelerarse en el segundo trimestre de 2024”.
Al respecto de esa proyección, desde el JP Morgan anticiparon que “nuestro escenario base actual supone una inflación mensual promedio del 13.3% en el segundo trimestre de 2024, del 4.5% en el tercer trimestre de 2024 y del 2.3% en el cuarto trimestre de 2024″.
En relación a la actividad económica, el banco estadounidense estimó que durante el año que viene “sufrirá una parada abrupta debido al freno ocasionado por el impacto de la corrección adelantada de los precios relativos sobre el ingreso disponible, así como por el ajuste fiscal”.
En esa línea, indicó que “mantenemos la proyección de una contracción anual del PIB del -3% en 2024, reconociendo que los riesgos están sesgados a la baja, lo que en realidad oculta una contracción más profunda en la demanda interna, especialmente en el consumo”.
Al mismo tiempo, el informe sostuvo que “también creemos que podría ser necesario una evolución en la plantilla de políticas para el segundo trimestre de 2024, una vez que las reservas internacionales comiencen a reponerse mediante las exportaciones de soja”.
Al plantear esa previsión, la entidad financiera la vinculó con la falta de apoyo parlamentario para sostener las medidas en el tiempo, junto con el acompañamiento social y con la continuidad del cepo cambiario que puede generar que la inflación se coma el achicamiento de la brecha, lo que derive en la necesidad de realizar una nueva corrección.
Al respecto, explicó que “en primer lugar, el hecho de que el ajuste fiscal dependa de manera relevante de un mayor recaudo fiscal (el 43% del ajuste total depende de un mayor recaudo) puede generar dudas, especialmente debido a la naturaleza temporal de algunos impuestos y a la necesidad de aprobación del Congreso”.
En tanto que en segundo lugar, pusieron de manifiesto que “la aún considerable reducción del gasto real aún debe evaluarse a través del prisma de la tolerancia social”, mientras que por último expusieron que “el riesgo de mantener el actual aparato de restricciones cambiarias es que la inflación borre rápidamente la corrección nominal del tipo de cambio”, señalando que “puede ser necesario realizar una nueva corrección cambiaria para finalmente migrar a un sistema de tipo de cambio unificado, sin restricciones en la cuenta de capital y financiera, excepto las macroprudenciales».
