El empresario Roberto Daniel Dutra ganó popularidad tras quedar detenido por incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio en varias oportunidades. Este jueves en una audiencia que se llevó adelante mediante una videoconferencia se presentó un pedido de suspensión del procedimiento a prueba que la jueza Patricia Bilotta resolvió favorablemente. La magistrada hizo lugar probation por el término de 1 año. Además deberá cumplir algunas reglas de conducta entre ellas depositar 200 mil pesos para efectores de salud pública y contará con un mes para entregar al Arzobispado de Rosario 1800 viandas de alimentos.
Según la acusación fiscal la pareja de Dutra había regresado de Estados Unidos y había tenido contacto con el empresario de 62 años, y el hombre no acató las órdenes nacionales de cumplir la cuarentena de 14 días. Para el funcionario Gustavo Ponce Asahad, Dutra violó la restricción impuesta por el gobierno nacional para impedir la propagación de la pandemia Covid-19 y en 14 oportunidades y lo imputó por estos hechos el domingo 29 de marzo. En aquel momento el fiscal y la defensa de Dutra a cargo de Carlos Varela y Adrián Martínez acordaron una caución de un millón de pesos que fue depositada para que el empresario recuperara la libertad y así lo admitió la jueza Patricia Bilotta.
El lunes Dutra se presentó en la comisaría 5°, dijo que fue a buscar las pertenencias que le habían quedado ya que en esa dependencia estuvo detenido. Tras la consulta al fiscal lo arrestaron nuevamente. Al día siguiente el fiscal el atribuyó salir de las Torres Maui de Puerto Norte de la Ciudad de Rosario, para lo que usó las llaves magnéticas numeradas de la cochera y salió de la propiedad sin encontrarse exceptuado. Se trasladó en un Mini Cooper propiedad de su pareja. Para Ponce Asahad violó y desobedeció las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la propagación de una epidemia como el COVID-19, medida que fuera establecida por los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo de la Nación Nº 260/20 en concordancia con el Nº 297/20, por los cuales se estableció, para este caso en particular, que el imputado debía mantener aislamiento social preventivo y obligatorio por plazo determinado, debiendo abstenerse de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas, explica el comunicado de Fiscalía.
Esta última imputación trajo gran revuelo porque el juez Nicolás Foppiani tuvo por formalizada la audiencia pero negó el pedido cautelar al entender que el caso era atípico. La decisión fue apelada pero el vocal Guillermo Llaudet confirmó la decisión y dijo que la resolución de Foppiani estaba fundada aunque aclaró que subsistían todas las imputaciones fiscales sobre Dutra, es decir las efectuadas ante la jueza Bilotta y Foppiani, y mantuvo la caución por un millón de pesos, fianza que fue oportunamente acordada por las partes en la primera audiencia.
Este jueves se presentó ante la jueza Patricia Bilotta en una audiencia mediante videoconferencia un probation por los delitos de violación de medidas adoptadas por autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia y desobediencia. La fiscalía, conforme a la prueba recabada y con la conformidad del imputado y su defensa concedió la suspensión de procedimiento por el plazo de un año y bajo ciertas reglas de conductas. Entre las más relevantes se encuentran: la imposición de la provisión de 1800 viandas de alimentos las que deberán entregarse en un plazo de 30 días y estarán destinadas al Arzobispado de Rosario y un depósito de 200 mil pesos destinados a efectores de salud pública, provinciales o municipales, entre otras.
La jueza Patricia Bilotta hizo lugar al probation y dispuso la devolución de la fianza de un millón de pesos oportunamente depositada.
La suspensión del procedimiento a prueba es una herramienta que brinda el código de procedimiento provincial y se puede peticionar en los casos que resulta procedente la aplicación de una condena de ejecución condicional. Para ello se hace una audiencia dónde se determina la razonabilidad de la oferta de reparación de los daños efectuados y la procedencia de la petición. En caso de cumplir con el probation en el plazo establecido el imputado quedará desvinculado de la investigación.
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