Esteban Guida
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
El gobierno de Alberto Fernández ya jugó todas sus cartas en materia de política económica. Esto no refiere al reciente nombramiento de Sergio Massa, al frente del Ministerio de Economía, sino a la definición política que impera sobre el rumbo económico del país para lo que queda de su mandato. Se trata de una trayectoria que tiene como objetivo único y principal evitar que un colapso financiero interrumpa el flujo de divisas para con los acreedores privados e institucionales del exterior.
Esto implica, desde luego, sostener el modelo económico así como está, a pesar de que se ha mostrado fallido e incapaz de resolver sus desequilibrios recurrentes y las injusticias que genera. La política económica adquiere así un pragmatismo absoluto, puesto que “estabilizar la economía para llegar a finalizar el mandato” es el único objetivo que prevalece en la gestión del Frente de Todos (y que ningún sector de los que actualmente lo integran ha salido a cuestionar).
En base a este objetivo, se recurre a frenar el proceso de recuperación manufacturera obstruyendo la provisión de insumos importados; enfriar la economía con tasas de interés reales elevadas, incrementando peligrosamente el déficit cuasifiscal; permitir una caída del salario real y llevar a cabo un ajuste fiscal, con impacto principal en la provisión de bienes y servicios públicos fundamentales, entre otras medidas de neto corte ortodoxo, desentendidas totalmente de la problemática de las grandes mayorías populares del país.
No hay lugar para procurar incorporar más valor a nuestras materias primas; para impedir que nos inunden con productos extranjeros mano de obra intensivos; para lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales orientado (primeramente) a alcanzar un nivel de trabajo, vida y bienestar básico para la población; para administrar el ahorro nacional en dirección a la producción y el trabajo argentino, etcétera, etcétera.
La propuesta de Presupuesto nacional para 2023 que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, ratifica formalmente todo ello. El interés nacional ni siquiera forma parte del discurso político del gobierno; ello colisionaría directamente con el compromiso superior que asumió con el FMI, cuyo fin último es que la economía en su conjunto, dentro de su actual posición en la División Internacional del Trabajo, genere y disponga de las divisas necesarias para el repago de deudas (pública y privada) y para la remisión de utilidades y dividendos producto de las ganancias que obtienen las empresas extranjeras que operan en el país.
En vista de ello (y suponiendo que se llega al recambio presidencial sin quiebres institucionales) la mirada ya debe estar puesta en lo que viene. Pero esto implica mucho más que especular sobre quiénes serán los candidatos a cargos ejecutivos. No podemos esperar que empiece la campaña electoral para dar la discusión, porque es muy probable que en ella no haya debate profundo sobre los temas que interesan al país, pero incomodan a buena parte de la dirigencia.
De hecho, ya se oyen propuestas de eliminar las Paso, instancia fundamental para la participación política dentro de los partidos. Mediante “acuerdos” internos entre las cúpulas, o bajo el argumento de las mal llamadas “listas de unidad”, se busca impedir la participación política de otros actores dentro de los partidos políticos constituidos y con capacidad (económica y legal) para presentar listas. Esto se ha visto en el pasado, y amenaza con repetirse si las bases no reclaman la debida participación.
La situación de crisis (pandemia, guerra en Ucrania, etcétera) ya no es más una excusa. Cuanto menos, este gobierno podría haber iniciado un proceso participativo de planificación para organizar las fuerzas productivas y los recursos del país orientado hacia el logro de una Patria más justa, libre y soberana.
Sin embargo, y como ocurre desde hace varios años, un puñado de personas (algunos funcionarios del gobierno) prefieren seguir tomando las decisiones que hacen a los grandes asuntos del país, a espaldas del pueblo argentino. La democracia, para ellos, sirve para luego exigir apoyo incondicional, con o sin argumentos suficientes. Se da publicidad del hecho consumado y se ocultan las decisiones que se apartan del interés nacional; de vez en cuando nos enteramos de algún arreglo o negocio de altas costas para el Estado, o de acuerdos que termina pagando el conjunto de los argentinos. Para el funcionariado que parece pretender reciclarse perpetuamente en las estructuras del estado, mantener el statu quo resulta más conveniente que desenmascarar la realidad.
Hace muchos años que la dirigencia política de todos los partidos participa de debates inocuos y que maquillan una realidad cada vez más grave e injusta, ocultando los temas profundos y de mayor impacto económico. Esto se observa en la falta de propuestas superadoras, de planes concretos y orientados al bienestar general, del estudio profundo y detallado de la realidad local y de nuestras chances de inserción internacional, en el enfrentamiento deliberado de opiniones con el sólo fin obtener algún rédito político, en la falta de acuerdo sobre objetivos comunes, entre otras cosas.
Esto no es gratuito. El mal causado no sólo es de tipo económico. Numerosas encuestas y relevamientos refieren a un preocupante nivel de desesperanza, desorden, violencia, injusticia y deterioro general de las estructuras políticas y sociales. Mientras tanto, el país entero asiste a disputas enfocadas en personas, y a la puja por intereses particulares.
En este contexto resulta fundamental la participación de todos los argentinos en todas las instancias de organización que permitan el encuentro con el prójimo y el diálogo productivo en términos de los deseos y aspiraciones comunes respecto a la patria que queremos. Si para la dirigencia existe una grieta con su opositor, “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”.
Ante la ausencia total de espacios generados por el Estado, en encuentro y la participación cotidiana en las organizaciones del campo privado y de la comunidad toda, son la alternativa concreta y real que necesitamos para reactivar el proceso. La escuela, la universidad, el centro de estudios, el sindicato, el gremio empresario, la fundación o asociación civil, el club, la parroquia, la vecinal, la cooperativa, los grupos de amigos, vecinos y la familia, son instancias reales concretar y válidas para desarrollar nuestro interés por el bien común y nuestro amor por la Patria. En cada uno de ellos, siempre resulta fundamental la iniciativa de los líderes naturales, responsables o dirigentes, en dar lugar y propiciar este encuentro con un objetivo específico y realizable; tal vez sobre la base de los intereses particulares, pero siempre con la mirada común y el deseo de tomar partido para modificar la situación.
Parece poco, pero una pequeña luz en la gran oscuridad, alumbra, y mucho. Se trata de instancias que pueden ayudarnos a volver a pensar en nuestra historia real y verdadera, en las raíces culturales que nos permitieron superar numerosas crisis y llegar hasta acá, en los proyectos económicos que nos permitieron tener pobreza cero y desocupación casi nula, en los objetivos comunes que tenemos como país, y que nos pueden ayudar a reencontrarnos con el otro, más allá de las opiniones y las diferencias.
Si la dirigencia política actual no cumple con el deseo popular, será cuestión de reemplazarla. Pero ello se da en un marco de organización popular y de conciencia nacional que todavía requiere compromiso y trabajo. No hay argentino que pueda eludir esta noble y urgente tarea. Manos a la obra.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
