En estos días, y de “manera súbita”, el fuego arrasó unas 10 mil hectáreas en el Delta del Paraná, con la consecuencia del arrastre de humo hacia Rosario. El Observatorio Ambiental de la UNR puso números al debe ecológico, en pocas horas, que se suma al acumulado en los últimos dos años y medio. Además de cifras y diagnósticos, lanzó propuestas: interpelará a los gobiernos provinciales de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, junto al Ejecutivo nacional, para la creación de una fuerza interjurisdiccional con poder de policía como cuerpo destinado a superar la inacción estatal frente al ecocidio y sus perpetradores. Y llamó a compartir, en un taller, conocimientos académicos para alimentar con rigor políticas públicas que, al menos, minimicen la devastación. Otro aporte: incorporar la figura de «ecocidio» al Código Penal.
“Este fin de semana se encendieron de manera súbita unas 2500 hectáreas frente a Rosario, unos 10 kilómetros hacia el lado de Victoria, que fueron las que principalmente causaron el humo durante la noche del domingo. Además, frente a San Nicolás, otras 2500 hectáreas quedaron devastadas. Y a la altura de San Pedro, alrededor de 5 mil hectáreas, también encendidas”, repasó el daño Matías De Bueno. Abogado especialista en Derecho Ambiental, es el director del Observatorio Ambiental de la UNR.
El daño equivale a casi el 60% de toda la superficie de Rosario (17.689 hectáreas), de acuerdo a la página de la Municipalidad.
El viento y la sequía persistente en la región ayudan a propagar el fuego, pero el inicio de los focos es, en un alto porcentaje, fruto del accionar del hombre. Por negligencia en algunos casos. En muchos, con intención.
“Hay recurrencia y hay metodología a la hora de encender las llamas. Este fin de semana se puede ver en la secuencia de imágenes satelitales cómo se va iniciando el fuego”, explicó De Bueno en comunicación con el programa ABC de Radio Universidad de Rosario. No es difícil saberlo: los mapas georeferenciados con los puntos de calor están al alcance de todos en internet. Incluidas las autoridades ejecutivas, funcionarios judiciales y legisladores.
Organismos como el Observatorio, colectivos ambientales y hasta observadores de las islas hacen recuento de magnitud y georeferenciación de la tierra arrasada según sus capacidades y conocimientos. Acumulan información. El Estado corre el fuego por detrás, con los brigadistas que deben ponerle el cuerpo a la línea de fuego, con riesgo para sus vidas.
“Hay una falla enorme de los tres poderes del Estado”, reseña el director del Observatorio que, al inicio de la entrevista, confiesa que ya está contrariado por tener que repetir diagnóstico y propuestas en un escenario que sigue tal cual, y para peor.
De Bueno desgrana responsabilidades evadidas: “El Legislativo, que dilata el tratamiento de una ley de protección de humedales que por sí sola no es la solución, pero se necesita”. No es el único: “La Justicia, muy lenta en el avance de las causas a pesar de que se le siguen presentando más denuncias con pruebas por parte de gobiernos provinciales y la Nación”.
Y la tercera pata en déficit: “Los Ejecutivos –por los provinciales santafesino, entrerriano y bonaerense y el nacional–, interpelados por la cautelar de la Corte Suprema de 2020 que ordenó la creación del Comité Interjurisdiccional de Emergencia Ambiental para que implementen las medidas necesarias”, refiere. Tampoco se arremangaron. “Ni ese cuerpo está activo, ni se tomaron con seriedad las medidas planteadas en ese momento. Por ejemplo, los faros de conservación quedaron a mitad de camino y no hay ninguna política, ambiental o económica, para evitar la continuidad del daño”, enumera sin cerrar la lista de incumplimientos.
De Bueno enfatiza que no falta apoyatura legal para accionar contra los predadores. “El daño y el impacto ambiental que se está generando no tiene justificación en el actual ordenamiento jurídico. Desde la Constitución Nacional, los acuerdos internacionales, las normas de presupuestos mínimos, de cambio climático, de bosques nativos, el Código Civil y Comercial. Normativa sobra”, aclara el especialista.
Las propuestas
La Universidad tiene diagnóstico, pero no se queda ahí. “Desde la UNR, promovemos una fuerza interjurisdiccional que tenga competencia en la región, para que no continúen remitiendo responsabilidades entre gobernadores”, señala. Y abunda que ese cuerpo “se puede conformar con las fuerzas de los Estados provinciales, más personal de Prefectura y Gendarmería. Y con ellos transformar los faros en verdaderos destacamentos donde puedan apostarse, hacer la vigilancia con drones y otras acciones”.
Ni utopía ni ingenuidad: “Si lo pueden hacer organizaciones de la sociedad civil, cómo no va a poder una fuerza especializada”, interpela De Bueno con apoyo en una realidad que pone como protagonistas a voluntarios en lugar de funcionarios.
El especialista también señaló que desde la UNR se está elaborando un proyecto académico para incorporar la figura del ecocido al Código Penal. «Cuando se genera un daño de tal magnitud que puede tener consecuencias irreversibles sobre un espacio natural y sobre el ambiente pedimos que se castigue de la forma máxima, con sanciones desde multas o inhabilitación hasta penas de prisión», concluyó.
El Observatorio, adelanta su director, está en fase de la letra fina de una invitación, a la Nación y las tres provincias involucradas, para “sumarse a un taller con el sistema universitario –no sólo de Rosario– destinado a consensuar políticas económico ambientales para evitar que se siga incinerando una masa biológica que es alimento, servicios ecosistémicos, biocombustible, entre otros posibles aprovechamientos”.
