El veto parcial que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, dictó en las últimas horas del Código Forestal en su país, clave para determinar el futuro de la Amazonia, volvió a poner en primer plano las tensiones que se dan entre sectores económicos, Estado y organizaciones ambientalistas locales e internacionales en América latina.
El último viernes, Rousseff ratificó la validez de la polémica norma, aunque vetó artículos que a su criterio brindan una amnistía a productores agropecuarios que deforestaron en áreas protegidas. La decisión de la mandataria busca una salida política y que a la vez resguarde los intereses económicos del gobierno brasileño, a menos de un mes que su país sea sede de la conferencia mundial sobre desarrollo sustentable conocida como Río + 20.
El tratamiento del Código Forestal en Brasil marcó una fuerte tensión entre legisladores cercanos al agronegocio y otros que se alinearon con posturas ambientalistas. La ley aprobada por el Congreso flexibilizaba las reglas sobre las áreas protegidas, lo que favorece las inversiones en la agricultura –representa 5 por ciento del Producto Interno Bruto de Brasil–.
Además, la norma establece diferentes exigencias de recuperación de zonas deforestadas cuanto más grande es el tamaño de la tierra de los productores rurales más reforestación se pedirá. Pero el veto parcial anunciado por la gestión del Partido de los Trabajadores, si bien evitó una “amnistía” para los productores rurales, no avanzó en línea con el reclamo de organizacioens ambientalistas locales e internacionales, a favor de dejar sin efecto la norma.
Tras conocerse la decisión de Rousseff, la ONG ecologista World Wildlife Fund (WWF) lamentó que la presidenta no haya tenido en cuenta “la masiva movilización social nacional e internacional a favor de un veto total”. WWF calificó de “desafortunada” la decisión de Rousseff y consideró que “pondrá en duda su credibilidad cuando hable de desarrollo sostenible ante los jefes de estado en la importante cita de Río del próximo mes”.
“Durante la última década, Brasil ha estado en el camino del progreso económico y ambiental. La declaración de la presidenta Rousseff crea un futuro incierto para los bosques de Brasil, considerando que el Congreso puede todavía reducir aún más la protección de los bosques”, aseguró el director general de WWF Internacional, Jim Leape.
Al mismo tiempo, esta semana se conoció una información proveniente de Uruguay que puede a su vez actualizar las tensiones entre necesidades económicas y planteos ambientales en el continente. El gobierno de José Mujica envió a Australia a su ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, y al director de Minería, Pier Rossi, quien disertó en un seminario al que asistieron los principales inversores del sector en la región.
Rossi dijo que su país desea incorporar con “urgencia” conocimiento para analizar y controlar proyectos mineros ante las carencias que reconoce tiene para regular e impulsar el sector. Este tipo de misiones para avanzar en la cuestión de la explotación minera en Uruguay ya se realizaron en Canadá, Chile y Perú.
El director de Minería señaló que el desarrollo de explotaciones de minerales metálicos con proyectos como el de Aratirí en Valentines y el Zapucay en el Norte del país –liderado por la empresa australiana Gladiator Resources– demanda “una reorganización institucional profunda y urgente” para gestionar en forma “ágil y transparente” los correspondientes “permisos mineros”.
“El objetivo principal que tengo es acelerar los contactos a efectos de establecer nexos para poder efectivizar rápidamente esa capacitación”, agregó. A su vez, según publicó el diario El País, el ministro Kreimerman se reunió con responsables del Joint Ore Reserves Committee, organismo técnico responsable de desarrollar la metodología para evaluar yacimientos.
“Hablamos de establecer una cooperación para desarrollar toda la parte técnica, la capacidad del Estado para evaluar los proyectos mineros”, explicó el ministro. En el vecino país, el proyecto de Aritirí fue motivo de protestas por parte de organizaciones ambientalistas el año pasado. Entonces se desarrolló la “Segunda Marcha Nacional en Defensa de La Tierra y Los Derechos Naturales”, convocada por más de una decena de organizaciones sociales.
