Con la sanción de la ley que pone en vigencia el denominado dólar turista, se instaló la idea de que el recargo del 30% sobre las compras en el exterior y para atesoramiento se trata de una devaluación encubierta. La exención de ese impuesto para insumos importados, echa por tierra la hipótesis de un posible traslado a precio en alimentos o insumos de consumo habitual.
Luego del anuncio, tratamiento y aprobación de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, comenzó a regir el recargo para los casos mencionados, con la finalidad de proteger las divisas extranjeras que posee el Banco Central. Con esta nueva normativa surgieron versiones sobre una devaluación “encubierta” o “implícita” dispuesta por el gobierno nacional.
Especialistas económicos consultados por El Ciudadano, coincidieron en que al afectar solo a determinadas operaciones, la medida no implica una devaluación. En efecto, sostuvieron que la lógica de trasladar el valor del “dólar turista” a precios, se trataría de “una excusa” para encarecer productos. Para las operaciones de intercambio comercial regirá el valor oficial.
En contraste con esa posibilidad, consideraron que la iniciativa del gobierno nacional, aprobada por ambas cámaras en el Congreso, busca desestimular el ahorro en moneda extranjera e incentivar el consumo y la producción interna. Es decir, se establece una restricción para el uso de dólares con fines que no son prioritarios, y así poder ampliar la oferta disponible de divisas extranjeras para demandas urgentes.
Así mismo destacaron que no es casualidad que la suba de retenciones conformen el mismo paquete de medidas. Es que el derecho a exportación no solo tiene una finalidad recaudatoria, sino que también opera como una herramienta que desacopla el precio internacional de los insumos con el que se comercializan en el mercado interno.
Una excusa
El economista de la UNR Sergio Arelovich fue uno de los que desestimó la posibilidad de que la medida implique una devaluación de la moneda. “Dadas las restricciones para la compra de moneda extranjera, los volúmenes operados durante un año de ninguna manera pueden afectar costos en el funcionamiento del aparato productivo, por lo tanto el traslado a precios se reduce a una excusa”, explicó.
Por otra parte ratificó la iniciativa del gobierno ante “el legítimo derecho” que tiene de administrar el tipo de cambio, en lo que se considera una decisión de política económica. Ante esta posibilidad, consideró que el Ejecutivo decidió adoptar un mecanismo para desestimular el ahorro en moneda extranjera.
De esta forma, Arelovich consideró que el régimen de dólar turista, “no implica ningún tipo de devaluación”, sino que establece un tipo de cambio diferenciado para determinado tipo de usos. “Define una política de ingresos donde se privilegia el consumo y la producción local versus el consumo y la producción extranjera”, consideró.
Demandas prioritarias
Por su parte la economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), Celina Calore, suscribió a la hipótesis de que la nueva normativa no significará un traslado a listas de precios. Explicó que una devaluación tiene un efecto generalizado sobre todos los usos que se hagan del dólar, algo que no sucede en este caso.
“Acá se busca restringir el uso para demandas que no se consideran prioritarias, de manera que se tenga la oferta disponible para uso prioritario”, analizó. Como ejemplos de este último caso mencionó la utilización de dólares destinada a importaciones para el desarrollo, para pago de deuda externa y con la finalidad de fortalecer la moneda local.
En base a experiencias recientes, Calore también desestimó la posibilidad de que el valor del dólar blue fije los precios locales. “En diciembre de 2015, se hablaba de que los precios de la economía estaban fijados a un precio informal, pero si era cierto que los precios estaban fijados al tipo de cambio informal, no se comprende porqué luego de la salida del cepo hubo nuevos traslados a precios”, sostuvo.
Disipar la especulación
El economista de la Fundación Pueblos del Sur, Esteban Guida, agregó que “no hay ningún motivo económico ni jurídico para pensar que listas de precios se puedan ver afectadas por el recargo del 30% para compra en el exterior y para atesoramiento en moneda extranjera”.
De todas formas reconoció que todavía hay precios de la economía que están muy vinculados a la moneda estadounidense como los contratos para la compra de una propiedad. “Más allá de que el contrato esté en dólares, hay una incidencia especulativa sobre la base de un dólar informal”, aseguró.
Ante esta realidad, considero “importante” que el gobierno tome medidas “urgentes” que ratifiquen que los contratos pactados en dólares puedan ser cancelados en moneda nacional.
