Jorge Duarte
La mediática pelea entre el líder de los bancarios Sergio Palazzo y Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, en torno al encuadre de los empleados de Mercado Pago volvió a poner en el centro del debate a la legislación laboral y en particular a los convenios colectivos de trabajo: su actualización y su alcance. El gobierno nacional, rápido en salir a promocionar toda grieta que le permita aportar algún ladrillo en el muro del sentido común contra la legislación laboral, mandó al invisible secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, a dar la versión oficial. “Palazzo quiere que los trabajadores de las fintech” (de Financial Technology, industria financiera que aplica la tecnología) “se rijan por un convenio firmado cuando no había computadoras, no había teléfonos móviles, ni cajeros automáticos”, disparó el reemplazante de Jorge Triaca.
La “verdad” de Aparicio está empujada por el ejército de trolls que en redes sociales replicaron la idea: “Los convenios colectivos de trabajo tienen 40 años”. Claro que además buscaron emparentar a Palazzo con la idea de los 70 años de decadencia peronista de la Argentina y con la violencia sindical. Ninguna de las afirmaciones termina de encajar con un sindicalista de matriz radical, que comanda un gremio “cuello blanco” con nulo historial de enfrentamientos.
Más allá del reduccionismo oficial, la realidad de las convenciones colectivas de la Argentina es bien compleja y genera situaciones muy heterogéneas. Hay entendimientos de partes del siglo XXI hasta convenios firmados hace 42 años. Un variopinto abanico en el que, como en el caso de los salarios, se exponen las grandes disparidades del mercado laboral nacional.
Según las estadísticas que publicaba anualmente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, desde 2005 hasta 2017 se negociaron por año entre 1.500 y 2.000 acuerdos colectivos. Un número muy importante que se compone de pactos por actividad o sector, de acuerdos en el ámbito público y también entendimientos por empresa o establecimiento productivo. Este universo genera que una porción mayoritaria de quienes trabajan (concretamente 9 de cada 10 asalariados) lo haga tutelada por un convenio colectivo.
Un estudio realizado por el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (Cetyd) de la Universidad Nacional de San Martín señala que “hasta 2014 se habían contabilizado 506 convenios activos sectoriales o de actividad”. Esos pactos que regulan las condiciones laborales “generalmente actualizan anualmente sus salarios a través de acuerdos colectivos, además de introducir otros temas no salariales aprovechando la constitución de las comisiones paritarias”.
Al analizar la composición de esos 506 convenios que marcan el pulso laboral, se percibe que el 54% (273) fueron pactados entre 2003 y 2014, el 22% (111) fue firmado en la ronda de negociación de 1975, el 14% (73) proviene de paritarias concertadas en la década de los noventa y un 10% (49) corresponde al período 1988-1990, cuando se reinstaló la negociación colectiva en la Argentina, después de la prohibición que impuso la dictadura y que se extendió durante los primeros cuatro años del gobierno democrático.
Los datos exponen, entonces, que más de la mitad de los convenios sectoriales activos resultan relativamente nuevos, ya que son fruto de la etapa que se inauguró en 2003, cuando se reactivó la negociación colectiva. Estos convenios del “siglo XXI” son, en algunos casos, renovaciones para un mismo ámbito de aplicación que emergieron como consecuencia de actividades económicas dinámicas relacionadas con las nuevas tecnologías de la información, como por ejemplo las telecomunicaciones. Mientras que otros son resultado de la constitución de nuevas unidades de negociación de sectores débilmente regulados o directamente sin regulación. Eso se dio en los casos de los remiseros y los motoqueros, por ejemplo.
A pesar de representar un porcentual menor sobre el total, todavía sostiene un considerable peso específico en el mercado laboral la ronda de negociación de 1975. Eso tiene que ver con que se conservan vigentes convenios colectivos de trabajo muy amplia cobertura como los de Comercio, Sanidad, Bancarios, Metalúrgicos y Construcción que alcanzan a algo más de 2 millones de trabajadores. Claro que estos convenios tuvieron una intensa actividad de “retoques” en los cuales se introdujeron nuevos contenidos laborales y se adaptaron sus regulaciones a las nuevas realidades productivas y necesidades de los trabajadores.
El mismo estudio del Cetyd también explica que todos los convenios sectoriales, incluso los vigentes desde hace cuatro décadas, sufrieron adaptaciones desde el inicio de la ronda paritaria de 2003 abordando alguna o varias de estas categorías: condiciones de trabajo; capacitación y formación de los trabajadores; seguridad de los trabajadores en el proceso productivo; regulación de las relaciones con los sindicatos; ampliación de derechos para colectivos discriminados (mujeres, personas con discapacidad, etcétera); nuevas categorías laborales.
Claro que la falta de discusión integral genera, en ocasiones, unos Frankenstein difíciles de digerir. De hecho todavía sobreviven situaciones absurdas como la presencia de un “plus por computación” en actividades que ya son casi totalmente digitales. Sin embargo esas excepciones están lejos de ser regla y son una causa más para pedir la profundización de una negociación colectiva que generó el piso de derechos más alto de América latina y que es sistemáticamente atacada.
(*) Infogremiales.com.ar
