El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que tenía en el horizonte una casi segura destitución, decretó este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y pidió a las autoridades electorales el llamado a comicios generales, una decisión que los locales llaman “muerte cruzada” y que le permitirá gobernar seis meses por decreto.
La medida del mandatario, a quien el Parlamento estaba enjuiciando por presunta corrupción, fue cuestionada ante la Corte Constitucional por dos fuerzas, el Partido Social Cristiano (PSC) e Izquierda Democrática (ID), que consideran que no se dan en el país las razones invocadas para el decreto.
En las primeras horas con la medida vigente, el Gobierno tuvo gestos que parecieron apuntar a mostrarse fuerte: valló la sede del Congreso e impidió el acceso a los ahora exlegisladores; reunió al cuerpo diplomático para detallar “la decisión soberana”; y hasta dictó el primer decreto, una reforma tributaria que llama Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar.
Los partidos de la oposición, hasta acá aliados en el proceso contra Lasso, tuvieron actitudes dispares: el expresidente y referente de Unes, Rafael Correa, acusó al mandatario de dar «golpe de Estado» pero el partido anticipó que no irá contra la medida; el PSC y la ID irán por la vía jurídica para cuestionar la “muerte cruzada” y Pachakutik, brazo político del poderoso movimiento indígena, dijo que estudiará qué respuesta da a la decisión.
Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía avalaron rápidamente la legalidad de la medida de Lasso en un video en el que advirtieron que actuarán con firmeza ante protestas, mientras que policías antimotines tomaron control del edificio de la Asamblea Nacional y los legisladores sólo podían retirar sus pertenencias a través de un tercero.
En un mensaje a la Nación, el conservador Lasso dijo que, en virtud de una atribución constitucional conocida popularmente como «muerte cruzada», firmó un decreto que disuelve la AN y le da poderes para gobernar por decreto hasta las próximas elecciones, que, por ley, deberían celebrarse antes de octubre.
Lasso acusó al Parlamento de querer «desestabilizar al Gobierno, la democracia y el Estado» y atribuyó su decisión a la «grave crisis política y conmoción interna», una de las causales contemplada para invocar el artículo 148 de la Constitución.
La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días, tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el mandato de cuatro años, que comenzó en 2021 y termina en 2025.
A su vez, la ley ecuatoriana indica que el plazo ordinario para que se realice un proceso electoral luego de su convocatoria es de 120 días, es decir cuatro meses.
Sin embargo, en el caso extraordinario de la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral puede disponer la realización de las elecciones en un plazo menor a 90 días, contados a partir de la convocatoria, con lo que los comicios no deben realizarse más allá de septiembre.
La titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, afirmó en conferencia de prensa el plazo de los sietes días corre desde mañana, y anticipó que el llamado a votar se hará el miércoles 24.
El CNE ratificó su compromiso de llevar adelante un proceso electoral eficiente y transparente, «que requiere que todos los actores involucrados aunemos esfuerzos», dijo Atamaint, según el sitio del diario El Comercio.
La inminencia de elecciones abre la chance para una redefinición del mapa político, con serias posibilidades de que la izquierda, a través de Unes, vuelva al poder, aunque también pueden tener performances alentadoras Pachakutik y la ID.
Correa, cuyo movimiento era la principal fuerza en la Asamblea disuelta, con 49 de los 137 escaños, tildó de «ilegal» y de «golpe de Estado» la decisión de Lasso, pero matizó que su decisión abría una «gran oportunidad» para deshacerse de su Gobierno y «recuperar la Patria».
«Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna «conmoción interna». Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria», dijo el expresidente, radicado en Bélgica e impedido de volver a su país porque tiene causas judiciales pendientes.
La poderosa confederación indígena Conaie, cuyas protestas ayudaron al derrocamiento de tres presidentes desde 1997 y pusieron en apuros al propio Lasso el año pasado, dijo que la medida dibujaba «un escenario de dictadura» y que pronto analizará y adoptará «decisiones colectivas».
En su mensaje a la nación, el presidente dijo que todos los esfuerzos del Poder Legislativo estaban enfocados en desestabilizar al Gobierno «con un juicio político infundado», y agregó que la Asamblea buscaba «usurpar todos los poderes del Estado».
«Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna», anunció Lasso, un banquero de 67 años.
El gobernante se presentó ayer ante la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones por supuesto peculado, en el inicio del plenario de juicio político en su contra, el segundo desde que llegó al poder, en mayo de 2021.
Según denuncias, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.
El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker habría ocasionado pérdidas por más de 6 millones de dólares.
El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.
La Corte Constitucional tendrá en adelante un rol clave: en lo inmediato, deberá resolver las presentaciones del PSC y de ID para dejar sin efecto el decreto de Lasso; y más allá, si legaliza la “muerte cruzada”, deberá controlar cada una de las medidas de gobierno del mandatario con un dictamen previo.
La sede de la Asamblea Nacional amaneció hoy bajo resguardo de cientos de policías antimotines con grandes escudos, mientras que el palacio de gobierno en el centro histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados, informó la agencia de noticias AFP.
Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada «muerte cruzada», que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.
En junio de 2022, el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas, y faltaron 12 votos para sacarlo del poder, pero en esta ocasión, la oposición parecía reunir los 92 votos necesarios.
