Las comunidades indígenas ecuatorianas anunciaron este martes que se organizarán como partido político para competir en las elecciones de 2021, después de que el FMI admitiera públicamente que la instauración de una mesa de diálogo para revisar el ajuste económico que pretendió imponer el gobierno fue una «decisión sensata».
Después de 11 días de enfrentamientos, saqueos, actos vandálicos y represión policial, con un resultado de ocho muertos, más de 1.500 heridos y unos 1.300 detenidos, los precios de las naftas volvieron a los niveles que tenían antes del inicio del conflicto, cuando el gobierno del presidente Lenín Moreno anunció la eliminación de los subsidios a los combustibles que disparó la rebelión encabezada por los movimientos indígenas.
Moreno aceptó durante el fin de semana retroceder en su decisión de eliminar los subsidios, la principal demanda y condición irrevocable de los indígenas para abrir un diálogo capaz de poner fin al conflicto.
Al mismo tiempo, el presidente sustituyó a dos altos mandos militares, poco después de que cesaran los disturbios en los que se dio intervención al Ejército.
El Ministerio de Defensa informó que Moreno nombró al general de división Luis Lara Jaramillo nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al general de brigada Luisa Altamirano Junqueira comandante general del Ejército.
Lenín Moreno cedió a los reclamos indígenas y dará marcha atrás con los ajustes
Los militares reemplazarán, respectivamente, a los generales de división Roque Moreira y Javier Pérez, que «han cumplido con profesionalismo tan altas funciones dentro de la institución militar», señala el decreto presidencial, que no contiene detalles acerca de los motivos de estos cambios.
La eliminación de los subsidios fue resuelta en el contexto de un acuerdo de ajuste económico pactado con el FMI, que sin embargo hoy aplaudió que las autoridades ecuatorianas tengan en cuenta «a todas las comunidades» para aplicar sus reformas macroeconómicas.
«Celebramos enormemente el hecho de que traten de reunir a todas las partes interesadas y que se tomen decisiones sobre reformas macroeconómicas reuniendo a todas las comunidades», señaló la economista jefe del Fondo, Gita Gopinath, cuando se le preguntó sobre la situación en Ecuador durante la presentación del informe de Perspectivas Económicas Globales del FMI.
«Manifestamos nuestras más sinceras condolencias por las personas heridas y fallecidas por la violencia en Ecuador», añadió Gopinath.
Tras el retroceso del gobierno, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, anuncio que tiene la intención de fundar un partido político que «aglutine a todos los sectores de centro y de izquierda en términos ideológicos» para competir en las elecciones presidenciales de 2021.
«Estamos pensando en ser una opción política para las elecciones de 2021; eso es lo que pide el pueblo, no lo digo yo», sostuvo Vargas en una entrevista concedida a la agencia de noticias Sputnik.
«La Conaie será el partido políticamente más fuerte por todo lo que ha hecho por el pueblo ecuatoriano; siento y percibo que posiblemente tengamos un nuevo presidente que sea del movimiento indígena», se entusiasmó Vargas.
El dirigente consideró que la Conaie se ganó «la confianza de los ciudadanos». «Este ha sido el segundo levantamiento más grande de la historia, no solamente de los indígenas, sino de todo Ecuador», completó.
En el plano judicial, un juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dictó una orden de prisión preventiva contra la prefecta (gobernadora) de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, en relación con posibles actos delictivos registrados durante las protestas sociales días atrás.
En su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado informó que el juez formuló por el presunto delito de rebelión durante las protestas.
La prefecta –detenida este lunes– dijo que es víctima de una «persecución a opositores políticos», tras conocerse su alineamiento con el ex presidente Rafael Correa (2007-17), a quien el gobierno de Moreno le atribuyó responsabilidad en la organización de la rebelión, con el aparente propósito de derrocarlo.
También la Fiscalía llevó a cabo un registro en una sede del nuevo partido político de Correa, Revolución Ciudadana, en el marco de sus investigaciones sobre la violencia desatada en las protestas.
