El presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, aseguró que la entidad «quiere y debe presidir el comité de acreedores de Vicentin», empresa que le adeuda préstamos por casi US$ 300 millones, y que la voluntad de la entidad es recuperar ese dinero y destinarlo en créditos a pequeñas y medianas empresas para reimpulsar la actividad económica.
En una entrevista con Télam, Hecker dijo que la firma agroexportadora aún no presentó su balance de 2019 «para entender qué pasó con el dinero», y enfatizó que el Banco Nación ya aportó toda la documentación a su alcance para conocer las responsabilidades de la entidad bancaria y de la empresa en el otorgamiento de un préstamo que, a todas luces, excedió los límites de la normativa bancaria.
—¿Cuál es el interés del Banco Nación en relación con el tema Vicentin?
—El punto principal para el Banco Nación es recuperar el crédito de US$ 300 millones que se terminó de consumar en los últimos meses de 2019, pasando por arriba la restricción del 15% de la responsabilidad patrimonial computable, una norma que establece el Banco Central. Hay US$ 11 millones que recuperamos y que volcamos en la cartera crediticia de pymes. Ese es el eje del banco. Más allá de las otras cuestiones que tal vez sean de mayor envergadura política, recuperar el dinero implica más financiamiento para las pymes, los jubilados y todos los que realmente lo necesitan
—¿Cómo está accionando legalmente el Banco contra la empresa?
—En este momento hay dos grandes frentes. Uno es el comercial, que lleva adelante el juzgado del doctor (Fabián) Lorenzini en Reconquista, donde se tramita el concurso de la empresa. En esa causa integramos un comité de acreedores que se está formando y que el Banco Nación quiere y debe presidir. En este frente, que es el que nos vincula con el dinero pendiente, hay una ausencia importante que quiero hacer notar: el balance del 2019. Vicentin tendría que haberlo presentado el 31 de octubre. Venció ya todos los plazos de prórroga y el juez recién esta semana lo pidió. Intuyo que ahí hay elementos que podrían ser significativos para entender qué pasó con el dinero. Esa información podría ser muy muy relevante a los efectos de entender qué es lo que pasó y las posibilidades reales de la empresa de su deuda con el banco, pero también con los productores, las cooperativas y los otros bancos.
—¿Y respecto de la causa penal?
—Es la causa del juzgado de (Julián) Ercolini con el fiscal (Gerardo) Pollicita. Allí hemos presentado la documentación completa para que se aclaren las responsabilidades emergentes del crédito a Vicentin, tanto del punto de vista de quienes estuvieron involucrados en el banco como miembros del directorio anterior, como los propios empresarios de Vicentin que, es llamativo, no tengan una respuesta clara a estas demandas.
—Desde que asumió la presidencia del Nación se tomaron decisiones al interior del banco como un sumario interno, la apertura de expedientes y el apartamiento de ciertas autoridades. ¿Cómo fue que se avanzó en estas medidas?
—Son cosas independientes una de la otra. Primero se hizo una auditoría y emergió un sumario que está en curso de instrucción. No ha llegado al dictamen, aunque falta relativamente poco tiempo. La pandemia ralentizó los tiempos sumariales y, en las últimas semanas, pedimos a tres gerentes que se tomen licencia para poder extenderse en el sumario. No estoy prejuzgando a nadie. Pienso que todo el mundo tiene el derecho de defenderse y las actuaciones sumariales no las dirijo ni controlo. De hecho, este sumario se incorporó a la causa penal, con lo cual ya hay una supervisión judicial sobre los resultados que de allí se obtengan.
—El caso Vicentín tomó mayor relevancia a partir de la incumbencia del Poder Ejecutivo, que ordenó una intervención primero y luego la posibilidad de expropiar la empresa. ¿Cuál es la postura del banco ante esta iniciativa?
—Además de principal acreedor de Vicentin, el Nación es también un organismo que depende del sector público nacional y esta administración tiene políticas globales que nos abarcan, como lo es el estimular el crédito para volver a crecer y el desarrollo económico social.
—¿Qué valoración hace del debate en torno de la propiedad privada y el derecho a intervenir Vicentin?
—Me parece importante señalar que en este caso cuando desde algunos sectores se habla de la propiedad privada se lo hace sólo desde una parte. Y yo quiero señalar que está también la propiedad privada de productores, de cooperativistas, de bancos privados y del Banco Nación, y de todos los argentinos que son dueños de este banco. Las causas judiciales determinarán las responsabilidades y si la empresa realmente entró en una cesación involuntaria por mal manejo. Pero, la verdad, para una empresa que factura US$ 4.000 millones al año resulta difícil que no tenga US$ 200 millones para pagar a los acreedores comerciales del circuito productivo.
—¿ En cuánto afectó al banco no contar con esos casi 300 millones en su patrimonio prestable?
—Sin duda que afectó el balance. El año pasado pasamos a Vicentin a situación 4 en la escala de deudores y nos llevó a previsionar en $ 9.000 millones como pérdida, lo que nos hizo tener un balance levemente positivo pero muy lejos de la recuperación patrimonial. El banco en el que asumimos tiene un patrimonio un poco superior a la mitad del que tenía cuando lo tomó Carlos Melconián en 2015. Hubo una destrucción patrimonial, no sólo por Vicentin, sino por el retiro de utilidades y descapitalización del banco que llevó, en un momento, a tener que pagar las tasas de interés más altas del mercado para captar depósitos porque enfrentaba serios problemas de liquidez que hoy hemos superado.
