Ejecutores Fiscales de la Delegación Rosario de la Administración Provincial de Impuestos presentaron una denuncia penal contra el titular del organismo, Martín Guillermo Ávalos, y quienes además puedan tener responsabilidad en lo denunciado. Son empleados de la API y abogados apoderados de la Oficina de Apremios Rosario.
Ávalos es el administrador provincial de impuestos. Lo denunciaron por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y concusión, éste un término legal que se refiere a un delito llamado exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza.
Según la denuncia, en enero de 2020 el flamante titular de la API concurrió a las oficinas que la dependencia tiene en Tucumán al 1800, de Rosario. Se reunió con los abogados de la Oficina de Apremios y les expresó que “a partir de la fecha él iba a patrocinar todos los juicios de ejecución fiscal que se asignaran a la Oficina (hecho que nunca ocurrió con anterioridad en la Administración Provincial de Impuestos)”.
De acuerdo con la presentación realizada en el Ministerio Público de la Acusación, les dijo: “Mi idea es patrocinar los apremios junto con cada uno de ustedes, no iba a mirar para atrás, se van a emitir boletas de deuda y pidió también parámetros de rendimientos de todos”.
Siempre teniendo en cuenta la denuncia, los ejecutores sostienen que le manifestaron que las normas legales, decretos reglamentarios, resoluciones y el Código Fiscal tornaban improcedente el patrocinio suyo junto a los empleados de la API.
Los denunciantes afirman: “Representa sacarnos parte de nuestros honorarios». Y aseguran que Ávalos los «conminó a efectuar y cumplir la imposición, a pesar de la implicancia patrimonial que ello generaba al detraernos parte de nuestro sueldo que se compone también de los honorarios”, según describen.
Patrocinados por los abogados Carlos Varela y Adrián Martínez, afirman: “Todo ello implicó una denigración absoluta no sólo de nuestros derechos y garantías, sino también de nuestra dignidad como profesionales, agravado por el hecho de que quien efectúa dicho acto antiético y antijurídico es otro abogado”.
Y agregan: “Aunque nos opusimos, tuvimos que terminar sometiéndonos a lo requerido”.
En la denuncia se acusa a Ávalos: “Impuso que desde la Oficina de Apremios Rosario que se le liquidara constancia respectiva para que los contribuyentes le transfieran a su cuenta bancaria particular”.
Y de inmediato se añade: “Estableció que le correspondía y debíamos liquidar a su parte el 50% del total de los honorarios abonados por los contribuyentes”.
Entienden los ejecutores fiscales que “el accionar de Ávalos constituye un claro supuesto de corrupción, concebida como el uso indebido del poder encomendado para obtener beneficios particulares ilícitos”.
