El gobierno y la Corte Suprema de Justicia de la provincia acordaron poner en marcha el nuevo sistema penal el 10 de febrero de 2014. Fue en una reunión celebrada hoy en la Casa Gris, encabezada por el gobernador Antonio Bonfatti, de la que participaron los ministros de la Corte Suprema, el fiscal general Julio de Olazábal.
La definición más importante fue la fecha en que se comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal: el 10 de febrero del año próximo. De allí en adelante, el nuevo sistema de enjuiciamiento oral se usará en toda la provincia y para todos los delitos previstos en el nuevo código. En el encuentro de ayer también estuvieron el ministro de Justicia Juan Lewis y el procurador de la Corte Jorge Barraguirre.
El gobernador Bonfatti celebró el acuerdo: “Estamos satisfechos porque a partir del diálogo entre poderes hemos avanzado en una definición que no es sólo la de una fecha sino la de un día histórico para la provincia. Ahora caminamos, sin dudas, hacia ese horizonte y le damos certidumbre a todos quienes intervienen y forman parte del sistema de justicia penal”.
Durante la reunión, todos los actores que tuvieron responsabilidades en la transformación –iniciada en 2007 con la sanción del nuevo código– evaluaron las tareas realizadas hasta ahora en materia normativa, de infraestructura, de capacitación, entre otros ejes, y también las materias pendientes. Con ese esquema, acordaron que la fecha de inicio del nuevo sistema sea el lunes 10 de febrero de 2014.
El Ejecutivo pretendía aplicar el nuevo código en el último trimestre de este año, no obstante lo cual se consideró oportuno recabar la opinión de otros actores –del Poder Judicial– con responsabilidades fundamentales. En ese marco se llevó a cabo la reunión y por diversas razones, fundamentalmente organizativas, todos coincidieron en que culminada la próxima feria judicial de verano es el momento más adecuado para que se ponga en vigencia en su totalidad el nuevo sistema.
Los próximos pasos
El gobernador dictará un decreto con los términos centrales del acuerdo al que se arribó en el encuentro, normativa donde constará la fecha en que entrará en vigencia definitivamente el nuevo Código Procesal Penal de la provincia.
El Ejecutivo y la Justicia coincidieron en que las tareas necesarias para el inicio del nuevo sistema se encuentran cumplidas. Ambas partes expresaron su compromiso de trabajo para hacer los últimos ajustes rumbo a una fecha que será fundacional en materia de enjuiciamiento penal.
El cambio será histórico. Los delitos más graves comenzarán a investigarse y a juzgarse en consonancia con los postulados de la Constitución Nacional; entre otros puntos, se pasará de un sistema escrito y secreto a uno oral y público. Así, se pone fin a la etapa de implementación progresiva y por materias y a la vez empezarán a participar los nuevos actores –fiscales y defensores– que habían sido seleccionados.
Características principales
El nuevo sistema acerca la Justicia a la gente y busca una respuesta más eficiente frente al delito. La ciudadanía ejercerá en forma plena sus derechos –aparece la figura del querellante, que hoy no existe– y obtendrá contención y respuesta a sus requerimientos de parte de fiscales y defensores.
La reforma apunta a un proceso penal inclusivo e igualitario y asegura un fácil acceso a la Justicia para toda la ciudadanía, en especial a los sectores más vulnerables que no pueden contratar un abogado por falta de recursos. La oralidad supone menos burocracia: se reemplaza al expediente, que era clave en el sistema anterior, por las audiencias orales y públicas.
Desde el gobierno también destacaron que el nuevo sistema es menos complejo. El viejo código determinaba procesos escritos, burocráticos y con mucho papeleo. El nuevo sistema, en cambio, ofrece una Justicia más cercana y comprensible, a la vez que apunta a descongestionar la actividad en Tribunales.
