La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina resolvió este miércoles darle curso a la resolución del fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, quien abrió un proceso disciplinario contra Marcelo Sain por “faltas graves” supuestamente cometidas por el ex ministro de Seguridad de la provincia. Los legisladores dictaminaron por amplia mayoría la suspensión de Sain como director del Organismo de Investigaciones (OI), que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El dictamen sugiere una suspensión temporal por un lapso de seis meses con la retención de la mitad de su sueldo. Ese dictamen se votará en una sesión conjunta convocada para el jueves 1º de julio.
Martínez fue designado auditor “ad hoc” del caso Sain por parte el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini. La semana pasada Martínez había emitido una resolución en la que admitió las presentaciones contra Sain por “faltas graves” realizadas por el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, como también la decisión de abrir una investigación disciplinaria junto a un planteo de suspensión preventiva del actual titular del Organismo de Investigaciones. El miembro acusador por parte de la Bicameral es el senador de la UCR Lisandro Enrico.
La Comisión de Acuerdos es la encargada de acusar y eventualmente sancionar a fiscales y defensores bajo sospecha de faltas graves. El cuerpo había dado ingreso a las presentaciones contra Sain. Y la recomendación del auditor designado especialmente para el caso, el fiscal regional de Reconquista Rubén Martínez, fue la suspensión provisoria del ex ministro de su cargo en el MPA mientras dure la investigación para “evitar el entorpecimiento” del trámite.
La embestida contra Sain en el MPA había sido encabezada por el fiscal Arietti poco después de la salida de Sain del gabinete provincial. Un grupo de 27 diputados provinciales de la oposición también realizaron una presentación formal para pedir la destitución de Sain de su cargo en el MPA, al que accedió por concurso en 2018.
Los diputados opositores lo acusan de ser el responsable del hacinamiento de presos en comisarías de distintas localidades de la provincia, también por escuchas ilegales contra integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas de fuego y por las declaraciones viralizadas en las redes sociales (“negros pueblerinos”) que le valieron a Sain una denuncia en su contra presentada por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, ante el Inadi.
La situación de Sain se enmarca en pujas judiciales y políticas, además de cruzar interpretaciones legales. Ahora avanza al compás de un apoyo político menguado y enemigos ganados como el poderoso senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, involucrado en el caso de juego clandestino, quien acusó el año pasado al entonces ministro de Seguridad de armarle una causa en su contra.
Idas y vueltas
En abril último, la auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, había rechazado la presentación contra el actual director de Investigaciones, cargo al que accedió por concurso en 2018, en el que pidió licencia para incorporarse al equipo del gobernador Omar Perotti y al que volvió tras renunciar en la cartera de Seguridad.
La funcionaria esgrimió entonces que las acusaciones estaban centradas en sus funciones ministeriales, que son políticas. “Eso ya es resorte de otro Poder y de otro marco legal y sancionatorio”, argumentó en su escrito.
Después, el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, impuso una revisión y designó a Martínez como auditor “ad hoc”, con lo que se reactivaron los planteos: el fiscal de Reconquista interpretó que Sain seguía perteneciendo al MPA durante el lapso en el que le adjudican las irregularidades, aun cuando estuviera de licencia y ejerciera un cargo político en el gabinete de Perotti.
La Comisión de Acuerdos que hizo suya esta interpretación, por amplia mayoría, está integrada por cuatro senadores (Joaquín Gramajo, Alcides Lorenzo Calvo, Rubén Pirola y Lisandro Enrico) y ocho diputados (Pablo Farías, Lionella Cattalini, Maximiliano Pullaro, Fabián Bastía, Gabriel Real, Gabriel Chumpitaz, Nicolás Mayoraz y Leandro Busatto).
Nueve de los integrantes de la comisión votaron a favor del dictamen que recomienda la suspensión: los senadores Gramajo y Pirola y los diputados Farías, Cattalini, Pullaro, Bastía, Real, Chumpitaz y Mayoraz. El legislador acusador (Enrico) se abstuvo al momento de la votación. Los únicos que se opusieron fueron el senador Alcides Calvo, presidente del bloque oficialista Lealtad alineado con la Casa Gris, y el jefe de la bancada de diputados del PJ, Leandro Busatto.
Conocido el resultado, la diputada justicialista Matilde Bruera salió en defensa de Sain: “Es inconstitucional que, por su actuación como integrante del gabinete del Poder Ejecutivo, en condición de ministro de Seguridad, se cuestione su desempeño en el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación del Poder Judicial”.
“Antecedente peligrosísimo”
los legisladores alineados con la Casa Gris habían ingresado un dictamen alternativo, a través del diputado Busatto, por el cual se rechazaba el abocamiento de la Comisión Bicameral de Acuerdos para tratar la presentación del fiscal Martínez y pidieron además el archivo de las actuaciones vinculadas a Sain.
“No amerita ni siquiera expedirse expedirse sobre las responsabilidades del funcionario en cuestión y cuestionamos duramente la legalidad y la constitucionalidad del procedimiento: primero porque se está juzgando y tratando de remover de su cargo al director del Organismo de Investigaciones por su función como ministro de Seguridad, lo cual es una locura; y segundo porque hay una cuestión básica del derecho penal, la ley no es retroactiva y en este caso se está aplicando una ley (14.016) para juzgar hechos que ocurrieron antes de la sanción de la ley y para juzgar una investigación que comenzó antes de la ley. Eso claramente viola el principio de no retroactividad de la ley”, señaló Busatto en diálogo con El Ciudadano.
Según Busatto, con el avance de la Comisión Bicameral sobre Sain “se está sentando un antecedente peligrosísimo que no se ajusta a derecho, por eso pedimos que se archiven las actuaciones”.
“El problema no es Sain, no queremos hacer una defensa de un nombre propio, sino el procedimiento. Defendemos una posición de resguardo de las instituciones y de la Constitución”, concluyó el diputado oficialista.
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