El gobierno de Santa Fe autorizó, mediante la resolución 243/18 publicada este viernes, la actualización tarifaria que había pedido la prestadora estatal del servicio eléctrico EPE en la audiencia pública del 30 de noviembre último. Los valores subirán un 20 por ciento promedio general a partir de los consumos del 1º de enero, y sobre esto un segundo aumento de 9.7 por ciento a partir de los consumos del 1º de marzo, pero aplicables sobre la tarifa vigente en el primer bimestre el año.
La adecuación tarifaria del Valor Agregado de Distribución (VAD, lo que refiere a los valores de la distribuidora, al margen de los costos de la energía que compra) para el segmento de grandes demandas será de 22,9 por ciento a partir de los consumos del 1º de enero.
Para los usuarios residenciales, según el cuadro que ofreció la EPE a este medio, habrá una primera suba (para los consumos de enero en adelante) de 18,8 por ciento. En marzo, sobre lo ya aumentado, se aplica una nueva alza de 8,6 por ciento. Lo que da, respecto de lo que regía en 2018, un incremento del 29 por ciento.
Los clientes comerciales soportarán incrementos de 21,6 y 12,1 por ciento a partir de las mismas fechas, con lo que respecto de lo que pagaban a fines de 2018 tendrán una suba de 36 por ciento.
En los industriales, los ajustes de 29,1 y 12,1 por ciento se traducirán en un alza de 44,7 por ciento a partir de los consumos de marzo en relación con los de diciembre de 2018.
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Mayor transparencia y eficacia
En la Resolución 243/18 se tomaron en cuenta algunos aportes presentados por los expositores de la Audiencia Pública y los planteados por la Comisión Técnica de Análisis de Costos y Tarifas.
Se pide a la distribuidora “desarrollar una metodología de determinación de costos y tarifas, elaborar un proyecto para que las futuras actualizaciones del Valor Agregado de Distribución (VAD) se realicen antes de la época estival e implementar el desagregado del costo de la energía mayorista en la factura”.
Además, la EPE debe “presentar una rendición de cuentas al finalizar el primer semestre del 2019, sobre la aplicación del Fondo de Electrificación Rural (FER) y aumentar la transparencia en sistema de licitaciones y en el acceso a la información pública”.
También recomienda “intervenir junto al Ministerio de Desarrollo Social en acciones de eficiencia energética en clubes, instando al cambio de luminarias y su reemplazo por sistema LED, en un plan de eficiencia energética interno y en la sustitución de los documentos en soporte físico”
Del mismo modo, se le solicita a la empresa “continuar con el objetivo de reducción de al menos un punto anual en las pérdidas no técnicas” y “hacer progresivas al consumo del usuario todas las penalidades económicas que se apliquen”.
Se le sugiere, en tanto, “proponer un nuevo régimen normativo para el refuerzo de instalaciones, derechos de acometida y demás situaciones propias de la extensión de redes y nuevos suministros, tendiendo a equiparar esfuerzos entre los beneficiarios actuales y futuros de tales obras”.
