En el país, el 98% de las personas travestis, transexuales, y transgéneros no tiene un trabajo formal, según se desprende del proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados para que se apruebe el cupo laboral del uno por ciento de los puestos de la administración pública.
El proyecto de ley que fue presentado oficialmente el jueves pasado y que entró a la Cámara baja el último 3 de julio, ya tiene la firma de 40 diputados y diputadas de seis bloques y busca instituir el cupo laboral del 1% de la planta de la administración pública nacional para personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans.
En los fundamentos, entre otros puntos, el proyecto señala que el 98% de las personas trans no tiene un trabajo formal y que esta comunidad se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas del país.
“La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad real de oportunidades y de trato. La mayoría vive en extrema pobreza, privados de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, habiendo sido expulsados desde niños de sus hogares y del ámbito escolar, quedando como única alternativa de subsistencia el ejercicio de la prostitución”, se señaló en la iniciativa.
Marcela Tobaldi, presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja, en diálogo con NA, expresó que “la prostitución es una imposición a nuestro colectivo. La prostitución produce el promedio de vida de 35 años. Con la Ley nacional Diana Sacayan pensamos romper con tanta muertes y abandono del Estado argentino”.
Tobaldi comentó además que acompaña este proyecto “por la lucha que llevó adelante Diana, siendo que ella fue la primera visionaria y presentó un proyecto de cupo laboral trans travesti en la provincia de Buenos Aires para defender el empleo formal para nuestro colectivo”.
En tanto, la diputada nacional Mónica Macha, impulsora de la ley, dijo a NA que este proyecto significa “retomar el legado de Diana Sacayan, en la búsqueda de más inclusión para uno de los colectivos más postergados”.
El proyecto que entró a la Cámara el pasado 3 de julio implicará una legislación que habilite una política pública para generar instancias de inclusión. Para la diputa de Unidad Ciudadana, significa “una medida concreta para que muchas compañeras trans travestis puedan dejar la prostitución”.
La iniciativa presentada en Diputados, tiene el antecedente de la Ley número 14.783, impulsada por la activista travesti Diana Sacayán –que fue asesinada en octubre de 2015– junto con la diputada Karina Nazabal, y que fue aprobada en septiembre de 2015 en la provincia de Buenos Aires, pero hasta ahora no está reglamentada.
“Entendemos que es tiempo de presentar esta ley a nivel nacional, ya que a partir de su aprobación en la provincia ha ido marcando un camino por sí sola por la clara necesidad del colectivo travesti-trans. Diana nos marcó una agenda en la lucha por los derechos de las personas travestis y trans que estamos llevando a delante”, dijo Sasha Sacayán, hermano de Diana y cofundador de MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación).
Según la primera encuesta sobre población trans en el año 2012 realizada por el Inadi y el Indec, el promedio de vida de las personas trans es de entre 35,5 y 41 años.
De la encuesta participaron 209 personas, de las cuales el 35% dijo que abandonaron la escuela porque las discriminaban; el 20% declaró no realizar ninguna actividad por la que obtenga dinero; el 80% restante dijo que se prostituía o tenía trabajos informales.
Al hacer referencia a estas estadísticas, que forman parte de los fundamentos del proyecto, Alba Rueda, referente de Mujeres Trans Argentina, indicó: “La ley de identidad de género es un reconocimiento a la identidad pero necesita profundizarse en aquellos lugares que hacen a nuestras condiciones de vida, que son justamente las que tienen que ver con nuestra condición de población excluida en el ámbito escolar, familiar, en temas de salud”.
Rueda recalcó que lo que se necesita es que el “Estado nos reconozca” y que “el Estado tiene que generar políticas públicas de inclusión e incorporar una perspectiva diversa a sociedades complejas”.
