Desde el 29 de diciembre de 2023 el MPA investigó a 5.700 personas por venta minorista de droga y solicitó el derribo de 45 búnkeres en toda la provincia. Además, se concretaron 500 allanamientos, los fiscales participaron de 900 audiencias, 833 personas fueron imputadas y 100 fueron condenadas. “El abordaje del microtráfico es uno de nuestros objetivos priorizados por su relación con los casos de violencia extrema”, sostuvo la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, y agregó que “las investigaciones que venimos realizando impactaron claramente en la baja de los índices de violencias, especialmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe”.
El 29 de diciembre de 2023 entró en vigencia la ley provincial número 14.239 de Adhesión a la Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes. En función de lo establecido en esa norma que aprobó la Legislatura provincial, el MPA se hizo cargo de la investigación penal de estos casos en toda la provincia.
En ese contexto, la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, estableció que se trata de uno de los objetivos priorizados en el Plan de Persecución Penal del MPA, definió los lineamientos institucionales sobre la implementación progresiva y dispuso la conformación de un Equipo de Trabajo sobre Microtráfico para que centralice las gestiones sobre esta materia en el ámbito de la Fiscalía General.
El equipo está actualmente conformado por la Fiscal Coordinadora en Objetivos Priorizados de la Fiscalía General Carla Cerliani, los Fiscales Diego Vigo y Franco Carbone, el Subdirector de Investigación Criminal del Organismo de Investigaciones Victor Moloeznik y la Secretaria de Gestión con funciones en la Fiscalía General Marina Pieretti.
El trabajo se desarrolla de modo coordinado y conjunto con las cinco Fiscalías Regionales y con todos los fiscales y fiscales adjuntos de la provincia.
Resultados obtenidos
“Luego del primer año de trabajo, los resultados son contundentes”, remarcó Vranicich “La nueva ley nos permitió investigar los hechos y el fenómeno criminal de manera integral, lo cual impactó claramente en la baja de los índices de violencias, especialmente en los grandes centros urbanos”.
Según los informes del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico y la Secretaria de Política Criminal del MPA se realizaron 900 audiencias en toda la provincia por la comercialización de estupefacientes; 5.700 personas fueron investigadas; 833 fueron imputadas y 100 fueron condenadas.
Se logró la autorización judicial para que se concreten más de 45 inactivaciones y demoliciones de búnkeres. El derribo o inactivación de estos establecimientos, además del enorme valor simbólico que representa, permitió pacificar y recuperar el control de barrios que estaban cooptados por la violencia extrema.
Objetivo priorizado
Vranicich subrayó que “el abordaje del microtráfico es uno de nuestros objetivos priorizados por su relación con los casos de violencia extrema, y porque genera situaciones de inseguridad, temor y vulnerabilidad en los barrios y por el impacto que tiene en la tranquilidad pública, la paz social y la vida cotidiana de la ciudadanía”.
En ese sentido, en el video institucional que difundió el MPA se señala que “nuestro objetivo no es criminalizar a personas en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, niños y niñas o personas que atraviesan circunstancias adversas relacionadas con el consumo problemático de sustancias”.
Articulación
“El MPA entiende que la persecución penal del microtráfico debe ser realizada de manera articulada y coordinada con todas las instituciones del Estado, en particular con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, gobiernos locales, gobierno provincial y gobierno nacional”, afirmó Vranicich.
La Fiscal General finalizó respecto al trabajo coordinado con los fiscales federales que “la delimitación y distribución de competencias, la formación de equipos conjuntos de investigación y el diseño de estrategias de coordinación nos permitirán evitar atomizaciones, eventuales entorpecimientos en las investigaciones y mejorar resultados”.
