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El acceso a los derechos se fortalece con la capacitación de los equipos profesionales

Es en el espacio institucional donde Argentina puede por primera vez poner en palabras que no desea a ese bebé, que lo rechaza porque ha sido fruto de una violación intrafamiliar, en una relación desigual, forzada por quién hace uso del poder

Por Lic. En Trabajo Social Susana D’Angelo/ Colegio de Trabajo Social 2da. Circunscripción

 

Argentina es una adolescente de 16 años a quien desde muy pequeña la vida la enfrentó a situaciones difíciles. A los dos años quedó huérfana y una tía asumió su guarda de responsabilidad parental.

De las vivencias con sus padres la joven no recuerda casi nada, lo que conoce de ellos es parte de la historia contada por su familia. De su padre no le han podido precisar el motivo, el lugar y el año de su muerte. En cuanto a su madre relata que ambas regresaron a vivir a la casa del padrastro de ésta y que un día su mamá comienzó a sentirse mal. Tiene un parto en la casa y el bebé nace sin vida.  Luego una ambulancia la llevó al hospital donde qued´p internada y murió a la semana.

A pesar de la pérdida irreparable y dolorosa para ella, su primera infancia fue alegre conviviendo en la casa de su abuela materna junto a sus tíos y primos. Es en ese ámbito familiar, alrededor de sus ochos años vivió su primera situación de abuso; es el momento donde Argentina siente que le arrebataron su niñez, la invadió la tristeza, y desde entonces no le encontró  sentido al juego y le brotó el enojo.

Ya en la adolescencia, a esa muchachita alta, flaca, con su cabello negro, largo, lacio y de hablar bajo casi en secreto, se le complejiza su situación de vulnerabilidad que interrumpe en su proyecto de vida. Culminó su educación secundaria en la escuela religiosa a la que ingresó desde el jardín infantes y que siempre le agradó. Ella se destacó por su capacidad y responsabilidad ante el estudio y construyó pocas pero lindas amistades. Además, planeaba poder continuar una carrera universitaria o tal vez lograr un trabajo que le permitiera independizarse más adelante.

Argentina regresa la tristeza y en su grupo familiar observan cambios en su conducta. Su tía un día visualiza en ella modificaciones en su cuerpo que ocultaba usando ropa amplia; su delgadez oficiaba de aliada. En una charla de mujeres con su tía, ella primero niega el embarazo, luego accede a realizarse un test rápido que confirma su estado de gravidez de primer trimestre. En ese momento la invade el llanto y además ingresa en un proceso de mucha angustia que desencadena en varios intentos de suicidio.

Confirmado el embarazo comienza un recorrido por distintos hospitales de una ciudad invisible del país, hasta ingresar a la guardia de uno de ellos y efectúa una consulta de urgencia; ese día los profesionales que la reciben, deciden su internación para los estudios correspondientes.

A partir de allí, el equipo de salud integral aborda sus intervenciones con la joven. Es en el espacio institucional donde Argentina puede por primera vez poner en palabras que no desea a ese bebé, que lo rechaza porque ha sido fruto de una violación intrafamiliar, en una relación desigual, forzada por quién hace uso del poder. Es en ese espacio y en el encuentro con ella misma, donde puede darle un sentido al porqué de tanta agresión a su cuerpo.

El equipo de salud respeta los derechos que le asisten a la joven y su decisión de no continuar con la gestación, acompañándola en el proceso de interrupción legal del embarazo. Este aspecto generó un debate profundo en los diferentes niveles de gestión de salud y fueron consultados además representantes de organismos de Derechos Humanos y protección de Derechos de niñas/niños para despejar cuestiones de índole éticas y legales. De las diversas reuniones interdisciplinares e intersectoriales surgieron divergencias en cuanto al posicionamiento e interpretación de la problemática, que dilataron la resolución del proceso de salud y culminaron en que la práctica no fuera factible de realizar por estar muy avanzado en las semanas de gestación que establecidas por protocolos.

El relato continúa, brindándole información a la joven de otros dispositivos posibles en referencia a su situación. Se la asesora y acompaña en otra alternativa respetando su deseo manifiesto de no querer a ese bebé; pudiendo asi acceder a información sobre el proceso de adopción.

Ante el nacimiento prematuro de ese bebé, en 25 semanas, ella brinda su consentimiento para la adopción, aunque nunca deja de vincularse con el recién nacido que no había sido deseado ni planificado, pero con quién más allá de todas las adversidades intenta construir un lazo amoroso. El tiempo y espacio del encuentro genera que rectifique dicho consentimiento.

Es entonces donde irrumpe otro escenario de vida para ella ligado más a su deseo y decisión de asumir su maternidad lo que se fue consolidándo de modo paulatino y con la intervención distintos actores: Acompañantes personalizados y equipos interdisciplinarios del Estado.

Es el tiempo donde Argentina decide escribir su historia de desvelo, preocupación, cuidado, obligaciones, diversión y amor como mamá.

Ante el relato de la historia singular y muchas otras que suceden a diario en diferentes instituciones de salud del país, surgen interrogantes y reflexiones acerca del proceso de atención de las IVE-ILE, en particular emerge una pregunta
¿Cuáles son las resistencias y los obstáculos que generan los equipos profesionales en el proceso de atención de las prácticas mencionadas?

Nuestro país desde el año 2020 cuenta con la sanción y promulgación de la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), obligatoriedad de brindar cobertura integral y gratuita que entró en vigencia desde el 24 de enero de 2021 en todo el territorio nacional.

En ella las mujeres y personas con otras identidades de género, con capacidad de gestar tienen derecho a decidir la interrupción; a requerir y acceder a la atención en los servicios del sistema de salud nacional (público y privado), recibir atención post-aborto y prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información y educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.

Por otra parte la ley establece que él o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en el proceso de interrupción tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia según las condiciones que establece la norma. Aunque no podrá negarse a realizar la práctica en caso de que la vida o salud de la persona gestante está en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

Además expresa claramente que no pueden ser objetores de conciencia quienes no realizan directamente la práctica de la interrupción, como quienes deben garantizar la realización de prácticas mínimas: ecografía, toma de tensión arterial, temperatura, anestesia, etc.

Es en relación a este aspecto –Objeción de Conciencia- donde los equipos profesionales que se desempeñan en las instituciones de salud generan los mayores obstáculos. Una situación para mencionar a modo de ejemplo, es el número considerable de profesionales de enfermería que expresan ser objetores en la atención de las prácticas IVE-ILE. Lo llamativo en ellos es que en el acto de objeción incluyen todo el proceso de atención específico.

Como profesionales de la salud pueden abstenerse al conflicto institucional, pero no así al derecho a la práctica. Pueden negarse a administrar la pastilla, pero lo que no pueden es suspender la atención de su práctica profesional determinada.

Otro sector que debería ser receptivo y orientador para las mujeres que se acercan a las instituciones de salud en búsqueda de asesoramiento, son las admisiones. Muchas de ellas no están autorizadas a brindar información sobre la atención de la práctica. Aunque el personal que allí atiende, apelando a la empatía y escucha, deriva informalmente  de modo presencial o por teléfono.

Además de los obstáculos mencionados hay otro factor importante a señalar; las resistencias que se organizan como estrategias al interior de las instituciones de salud, entre las que se pueden describir en primer término: Resistencia a alojar la atención IVE/ILE en los efectores de salud. Un ejemplo de ello pueden ser las maternidades que adoptan el Modelo de Maternidad Segura y Centrada en la Familia con enfoque intercultural; tienen como protagonistas de la atención a la madre embarazada, la madre y el recién nacido, respetando y protegiendo los derechos de la mujer y del niño. Por lo tanto, dichas instituciones no cuentan con los recursos de servicios y de infraestructura para
brindar una atención adecuada a estas prácticas.

Otro punto de resistencia aparece cuando se procede al uso del Misoprostol en la atención de prácticas de segundo trimestre. (13 semanas en adelante, donde no hay viabilidad fetal). Se extiende la Objeción de Conciencia incluyendo la manipulación del feto muerto. Ante los obstáculos y las resistencias detalladas se ponen en juego tres posicionamientos:

Laperspectiva de mujer y respeto a la persona gestante

La preservación de la vida de un sujeto, que no es sujeto (feto) para la ley.

El espacio institucional, influenciado por la mirada de lo religioso.

A modo de cierre, puede reflexionarse que habiendo transitado un poco más de un año de la implementación de la ley Nacional 27.610, la misma presenta dificultades a la hora de instalar en los efectores de salud una política institucional sobre el proceso de atención de IVE-ILE que involucre a todos los servicios de atención.

En ese sentido, el proceso de atención depende de la voluntad de quien intervenga y los profesionales de la salud ponen en riesgo las condiciones mínimas y de derechos que conllevan las prácticas a saber: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía, acceso a la información, calidad, etc.

Es por ello que, garantizar el acceso a los derechos implica también fortalecer la capacitación continua de los equipos profesionales.

 

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