Silvina Molina, Editora de Género y Diversidades/Télam
En Argentina hay, al menos, 2.000 grupos en redes sociales que aglutinan a varones que comparten imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento, generando en las víctimas consecuencias emocionales, psicológicas y físicas con total impunidad de parte de los agresores que «están ahora más violentos», una realidad denunciada por las sobrevivientes al impulso de la mexicana Olimpia Coral Melo, que logró cambiar la legislación en su país y que este jueves estuvo en el Senado para apoyar la aprobación de la norma local que ahora vuelve a Diputados.
Olimpia está otra vez en Argentina apoyando a mujeres que, como ella, son sobrevivientes de violencia digital, esa que ocurre en el mundo virtual, y que es tan real como la del mundo off line.
Ella, declarada una de las 100 personas mas influyentes del mundo por la revista Times, dio su nombre a las leyes que condenan la violencia digital en 32 estados mexicanos y es inspiración para proyectos legislativos que se están debatiendo en Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Estados Unidos y Argentina.
El proyecto ley Olimpia local contempla los delitos «que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo» incorporando este tipo de violencia a la ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres.
El proyecto de ley ya se votó en Diputados y este jueves se hizo en el Senado, pero regresa a la Cámara baja por una modificación de carácter técnico.
A la par, espera tratamiento legislativo el proyecto ley Belén que busca incluir como delito al Código Penal la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos, la extorsión y los deepfake (video, imagen o audio que imita la apariencia y el sonido de una persona generada por Inteligencia Artificial).
Esta iniciativa es en honor a Belén San Román, una joven policía de 25 años que se suicidó luego que un hombre con quien se relacionaba online difundiera un video íntimo sin su consentimiento.
Este es el panorama parlamentario sobre el que se asienta el activismo, al que Olimpia se refiere en una reunión con editoras de Género de Argentina, de la que participan también sobrevivientes de distintos lugares del país.
«Lo nuestro es un movimiento político, no partidario, que tiene que ver con cambios de conciencia, tecnológico, de narrativa, no sólo es un cambio jurídico», dice la joven mexicana.
Durante el encuentro ella insistirá sobre la narrativa adecuada, sobre el nombrar esta violencia como corresponde, y lo hace ante periodistas, consciente que son interlocutoras necesarias para generar conciencia.
«Hay, por lo menos, 2.000 mercados de explotación sexual digital en el país», explica Olimpia.
Estos «mercados» son grupos de varones, sobre todo creados en Telegram y Facebook, que «ejercen violencia sexual digital» compartiendo materiales íntimos de mujeres sin su consentimiento.
Algunas de las activistas argentinas se infiltraron en estos grupos y vieron en primera persona lo que comparten, lo que dicen.
«Ahora, con este contexto de discursos antiderechos, están más violentos en esos grupos», cuenta una de las activistas argentina.
La defensora digital mexicana resalta que «la situación es más grave para las latinas» y que «uno de cada cinco videos que circulan en la región son de niñas latinas en procesos migratorios».
«No existe la pornovenganza», agrega Olimpia, porque no hay pornografía, que es otra cosa, y no hay venganza, hay violencia sexual digital.
Destaca también que ella y sus compañeras «no defienden» el punitivismo, que lo que buscan es «acceder a justicia, implicar al Estado en la prevención y en la sanción de la violencia».
Por eso, el proyecto de ley propicia la educación digital, «porque es prevención, porque se trata de no deshumanizar internet, de entender cómo funcionan los algoritmos y tener conocimientos de ciberseguridad», explica.
El proyecto también procura incorporar la contención emocional y jurídica: «Hay videos circulando en los mercados de explotación sexual digital de cámaras ubicadas en baños, en probadores de ropa, por ejemplo, con total impunidad».
Y todo esto con un eje esencial que es «sanar juntas, que es comunitario, que es compartir herramientas de cuidados entre nosotras».
Esa red de contención tiene a sobrevivientes argentinas que rompieron el silencio y se convirtieron en activistas, como Camila Zegli, tucumana y estudiante de abogacía que dice a Télam que la justicia le dio «la espalda» y que por esa razón «se necesitan leyes para prevenir»; o Elena Sotelo que afirma que la violencia digital «arruina vidas».
«La ley Olimpia no sólo considera a la violencia digital como un delito, agrega la educación, para que se entienda que lo virtual es real, y es necesario, ya que las tecnologías están avanzando mucho y también está avanzando la morbosidad y la manera impune en la que se están manejando, saben que no es delito entonces te hacen lo que quieren y no importan las consecuencias para nosotras», añade.
Coincide con sus compañeras Florencia Villegas de la ciudad santafecina de San Justo, que pide que las mujeres «no nos tengamos que volver expertas en algo que no nos compete y que la justicia y el Estado se hagan cargo de lo que les corresponde porque, como dice nuestra compañera Olimpia: Queremos estar seguras también en Internet».
«Hay que mostrar las secuelas que deja la violencia digital que en los casos más extremos, te instigan al suicidio», resume.
Es lo que le pasó a San Román, una policía rural bonaerense, madre de una niña y un niño, que fue extorsionada por un hombre con el que mantenía una relación online y violentada, porque él difundió un video íntimo, y ella se suicidó.
Su papá, Marcelo, es otro activista contra la violencia digital: «Lo mío no es partidario, lo mío es como padre, confío en que los diputados de la oposición van a tratar la ley», señala a Télam desde Bragado, donde vive y participa activamente en la ONG Brazos que Calman, que reúne a mamás y papás que perdieron hijas o hijos en situaciones traumáticas.
«Doy charlas de prevención de suicidio y para hablar de violencia digital, es la manera de honrar a mi hija», cuenta este hombre que agradece a Olimpia, a las activistas argentinas, a la abogada Florencia Zerda de Género y TIC, (Gentic) y a la diputada Mónica Macha (quien presentó los proyectos de ley).
Lo mismo dicen las activistas: «Este esfuerzo por la ley Olimpia es autónomo, libre e independiente de fines electorales o partidistas «.
Esta semana ellas y Olimpia realizaron actividades en ciudad y provincia de Buenos Aires, y en Jujuy, Santa Fe y Entre Ríos.
Participaron de la marcha de ayer desde Plaza de Mayo a Congreso con la consigna La libertad es nuestra, que reunió a miles de personas en las calles porteñas y de distintos lugares del país, y cerraron la jornada en el Senado para presenciar la votación del proyecto que incorporar la figura de la «violencia digital».
El martes 3 de octubre, a las 11, habrá un homenaje a Belén San Román en el auditorio de la Cámara de Diputados.
La historia de Olimpia es conocida, pero es bueno recordar que a sus 18 años, su expareja viralizó un video íntimo. Ella pensó en no seguir adelante con su vida. Fueron su mamá y las mujeres de su familia las que la salvaron, por eso siempre se presenta como «hija de Josefina, nieta de Teresa, bisnieta de Olimpia».
Cuando logró ir a hacer la denuncia le dijeron que no había ley para castigar ese delito.
Cuando se googleaba su nombre aparecía ese video, esa violencia. Ahora, cuando se googlea su nombre, aparecen la leyes que ella va regando en todo el continente. En Argentina falta menos.
Línea 144 atención, contención y asesoramiento a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género./ WhatsApp: 1127716463
