El agua descendió pero en Rosario dio paso al fuego: ayer, cuando ya no quedaban evacuados por el temporal del 19 y 20, aunque sí persistían los cortes de energía eléctrica como una de sus graves consecuencias, el protagonismo correspondió a los asaltos masivos a comercios, que en su mayoría tuvieron por blanco a los llamados supermercados chinos.
El saldo provisorio de los incidentes, que se iniciaron en la tarde del jueves, era anoche de dos muertos, numerosos heridos –cuatro de ellos graves– y alrededor de un centenar de detenidos.
La ciudad no tuvo la exclusividad de este escenario, que se repitió con características propias sobre todo en varias localidades de la provincia de Buenos Aires y antes en Río Negro, sin agotar la lista. Sin embargo, a diferencia de lo acontecido a escala nacional, la mayoría de las voces locales político-partidarias y de organizaciones sociales, más las autoridades provinciales, coincidieron –con matices– en asignar el inicio de las violentas irrupciones al accionar de grupos organizados que, incluso, se movilizaban en vehículos dotados de equipos de comunicación, los que fueron vistos e identificados en varios de los episodios. Con todo, se trató de quienes encendieron la mecha: resultó clara la existencia de un grado de fragilidad social que habilitó la escalada. En medio de este panorama, el gobernador reclamó a la Nación la presencia de fuerzas federales para sumarse al despliegue de la Policía santafesina. En respuesta, desde el Ministerio de Seguridad nacional esquivaron el envío de gendarmes desde otros puntos del país, pero pusieron a disposición los que actualmente están asentados en Rosario, que comenzaron a patrullar las calles.
En la tarde de ayer, el gobierno provincial y el rosarino cuantificaban en cerca de 50 los ingresos violentos a comercios desde entrada la tarde del jueves, aunque esa cifra era dinámica. Uno de los asaltos, incluso, fue a una mueblería. La mayoría ocurrió en las zonas oeste, sudoeste, sur y norte, en orden decreciente de casos. El saldo, dos muertos: una mujer de 40 años apuñalada y un joven de 22 víctima de un disparo de arma de fuego. Ambos, fallecidos en hospitales durante la madrugada de ayer. A ellos se sumaban varios heridos, al menos cuatro en estado delicado de salud (ver página 6). Sobre la mecánica de las irrupciones, desde el gobierno provincial, el Ejecutivo rosarino, los partidos con representación en el Concejo local y hasta los movimientos sociales con despliegue territorial en la ciudad apuntaron a la existencia de “instigadores” o “grupos organizados”, según los enunciadores (ver página 7). No hubo, como a nivel nacional, una voz disonante al estilo de la de Hugo Moyano, el histórico líder camionero que adjudicó al propio kirchnerismo una estrategia de “autovictimización” luego de justificar los saqueos en la existencia de una situación de crisis económica y política comparable con las de 1989 y 2001. Todo, después de que uno de sus lugartenientes, Héctor “Paraguayo” González, secretario adjunto del gremio en Campana y referente barrabrava de Villa Dálmine, fuera identificado como instigador de los incidentes en esa localidad bonaerense.
Grupos organizados
En Rosario, la propia intendenta Mónica Fein, como antes el gobernador Antonio Bonfatti –“había autos dando vueltas y motos marcando lugares”, dijo– y su ministro de Seguridad, Oscar Lamberto, quien mencionó “instigadores”, aludieron a vandalismo organizado. En el medio, tras la reunión de la jefa del Estado local con representantes de todos los bloques del Concejo, partió el mismo diagnóstico desde la presidencia del cuerpo: grupos delictivos organizados, dijeron con la aclaración de que despegaban de ese accionar a los movimientos sociales. Estos últimos, incluso, repudiaron la metodología del vandalismo y el robo. Referentes de uno de ellos, además, identificaron hasta con tomas fotográficas a dos vehículos cuya presencia se repitió en varios de los incidentes: un Peugeot 206 azul y otro 307 color bordó. Y a sus ocupantes, que describieron portadores de armas de fuego y equipos de comunicación sofisticados, como integrantes de bandas “narco”, a quienes conocen de sobra –explicaron– por su trabajo barrial.
Ahora, la Justicia
De los hasta anoche 141 detenidos, una veintena fueron devueltos a sus familias por ser menores y otros liberados. Sobre los restantes 92, a tono con los pedidos políticos de la Casa Gris, la Justicia prometió el máximo rigor investigativo y la imputación de delitos graves como el de “robo calificado en poblado y en banda”, que habilita penas de entre 5 y 15 años de prisión que pueden elevarse en un tercio por la participación de menores. Ayer declararon 30 de los detenidos, y el resto lo hará hoy. Al frente de la causa quedaron el juez Javier Beltramone y la fiscal de Cámaras Cristina Rubiolo. Además, se agregaron cuatro secretarios de instrucción para agilizar las averiguaciones (ver página 8).
Un trasfondo para mirar
Más allá de coberturas periodísticas con diferente grado de responsabilidad, de rumores que amplificaron la realidad por ingenuidad o intencionalidad de sus portadores, y de cierto grado de histeria que envolvió a algunos sectores, los hechos ocurrieron. También, más acá de los “instigadores” y promotores de la violencia, hubo un sustrato de entramado social vulnerable sobre el que las intenciones de generar un clima de caos se materializó. Y como sucede en estas circunstancias, afloraron las miserias: en la zona de Ovidio Lagos al 3600 los comerciantes optaron por colocar volquetes frente a sus negocios para protegerlos, y de inmediato el alquiler de esos contenedores pasó de entre 200 y 250 pesos diarios a, en algunos casos, mil pesos.
