Por Lucila De Ponti, diputada provincial
Cruzando Avellaneda por calle Garibaldi se llega a la Vía Honda, el barrio cuyo nombre hace honor al carril ferroviario que se ubica metro y medio abajo y que se observa imponente antes de la calle Patagones. Hasta ahí llegábamos en bici los sábados por la tarde a dar un apoyo escolar y un taller recreativo para las infancias en el año 2006. Esa fue mi primera experiencia de militancia barrial, y fue el primer barrio que me abrió las puertas para conocer el mundo popular de carencias y faltas que conviven con el orgullo y la esperanza. Como decimos a veces en chiste, la Vía Honda era un barrio privado… privado de luz, de agua, de asfalto y de cloacas.
Me acuerdo que las vecinas caminaban varias cuadras para llenar los bidones de agua cuando llegaba la cuba de Aguas Santafesinas (ASSA) y que, buscando mejorar esa situación, la gente del barrio se organizó para instalar sus propias conexiones domiciliarias a la red de agua. Se recaudó la plata necesaria y se compraron los caños necesarios para conectar con la boca más cercana del troncal de ASSA. Luego cada familia terminaba de colocar las precarias cañerías que llevaban el agua al interior del domicilio. Ese día todo el barrio trabajó en conjunto por el objetivo tan ansiado. Y yo, que siempre había tenido la posibilidad de abrir una canilla en mi casa para tomar agua, entendí que la bendición de vivir a orillas del río Paraná no era la misma para todos.
Según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares llevado a cabo entre los años 2016 y 2017, en Rosario existen 112 barrios populares y se estima que allí viven más de 35.000 familias de las cuales el 98,21% no tiene acceso formal a la red de agua potable. En muchos de estos territorios los vecinos organizaron conexiones irregulares similares a la de Vía Honda, mientras que en otros se la siguen arreglando cargando bidones y tanques comunitarios con el camión de ASSA.
¿Cómo es que sigue faltando agua potable en una gran parte de los barrios de Rosario cuando estamos rodeados de agua? El acceso al agua potable no tiene que ser un privilegio de unos pocos. Al contrario, es un derecho humano garantizado por todas las convenciones internacionales relativas a la materia y que además es incorporado a nuestra legislación provincial a través de la Ley de Aguas (Ley 13740), la que determina en su Artículo 1° el objetivo central “de promover los distintos usos del agua de manera sustentable a favor de las generaciones presentes y futuras, garantizando el derecho humano fundamental de acceso al agua potable”.
Sin embargo, la normativa que rige la prestación de los servicios sanitarios en Santa Fe es la Ley 11220, que fue diseñada para acompañar el proceso de privatización de la empresa Aguas Santafesinas en los años ‘90 y que hoy representa un escollo para avanzar hacia la garantía universal del acceso al agua potable; Además de sostener otras dificultades vinculadas a la eficiencia del sistema en cuanto al uso sustentable del agua y la necesidad de establecer un cuadro tarifario sostenible que garantice un servicio de calidad.
Una gran cantidad de actores involucrados vienen promoviendo una derogación o modificación de esta normativa. Universidades, centros de estudios, sindicatos, organizaciones ambientalistas, entre otros, señalan que Santa Fe debe avanzar hacia un sistema de servicios sanitarios apuntalado sobre dos grandes pilares: la mirada ambiental en la gestión del uso del recurso hídrico y la garantía del acceso universal al derecho humano al agua potable y al saneamiento, expresada en un régimen tarifario equitativo y sostenible. Buscando, por ejemplo, que dejen de existir en Rosario barrios enteros sin acceso al agua mientras el Jockey Club utiliza 3 millones de litros por mes. No es suficiente que los grandes usuarios paguen multas por el consumo irresponsable cuando estamos hablando de un bien común que debe ser preservado.
Probablemente pensar en una sociedad del Estado para gestionar el sistema de servicios sanitarios habilite a darle prioridad a estos aspectos, que no tienen que ver con la rentabilidad económica ni con los privilegios sociales sino por el contrario, se relaciona con la necesidad de pensar una política pública que se articule con la protección de nuestros recursos naturales y el cuidado de los grandes filtros y reservorios de agua, para resolver una deuda fundamental del Estado democrático: que en pleno Siglo XXI, en una ciudad ubicada a orillas del caudaloso río Paraná, a miles de familias en nuestros barrios les falta el agua.
