Los ajustes del gobierno nacional afectan a varios sectores, pero en especial a los más vulnerados. Uno de ellos es el de los discapacitados. Los recortes repercuten directamente en el programa Incluir Salud (obra social del Estado), cuyos profesionales, escuelas especiales, centros de día o de educación terapéutica, hogares, transportistas, centros de rehabilitación, servicios de apoyo, inclusión escolar y residencias quedaron al borde del colapso.
Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la órbita de la vicepresidencia, que brinda servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). El programa transfiere fondos a las provincias para garantizar que todos los usuarios, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad.
En Santa Fe, hay alrededor de 6 mil personas en el programa. Los recortes de Nación afectan directamente los servicios de traslado que brindan transportistas a las instituciones del sector. En Rosario son 350 las licencias que habilitan a estos prestadores. El presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Capacidades Especiales de Santa Fe (Atraes), Pablo Bolego, explicó a El Ciudadano que el sector sufre retrasos en el pago que los ponen al borde de la inactividad. “Nos prometieron una partida presupuestaria para la segunda quincena de septiembre, pero dada la experiencia con el gobierno nacional no estamos en condiciones de creerles”, dijo. “Además, nos siguen recortando. En mayo nos hicieron una quita del 40 por ciento del monto en las prestaciones ya brindadas, que aún ni cobramos. Empujan a la quiebra al transportista y perjudican a las personas con discapacidad. En vez de decir que no existe más la prestación, hacen que seamos nosotros los que tengamos que explicar al paciente que no podemos llevarlo más”, se quejó.
Bolego aclaró que las dificultades trascienden a su actividad: el gobierno nacional, explicó, debe pagos por servicios prestados desde diciembre del año pasado a la mayoría de los prestadores. “Adeuda el 20 por ciento de agosto, septiembre y octubre de 2017, y se opone a otorgar aumento en los aranceles que permitan acompañar con la escalada inflacionaria del último año. Tienen que revisar la situación porque todo aumenta. El combustible, por ejemplo, y las tarifas de servicios públicos en permanente alza que soportan las instituciones”.
Adriana Ciarlantini, titular de la Dirección de Discapacidad de Rosario, no pudo precisar ante la consulta de este medio el número exacto de los rosarinos afectados por los ajustes de Incluir Salud. Sí confirmó que casi el 100 por ciento de los centros locales tienen convenio con el programa nacional. “Hace dos años funcionaba muy bien y las instituciones se volcaron mucho”. En la ciudad hay unas 60 instituciones, entre centros terapéuticos, hogares y centros educativos en riesgo por la retracción de los fondos federales.
“A la Municipalidad se acercan personas que nos explican que lo que están viviendo ya que el prestador, al no cobrar, amenazan con no brindar más el servicio y representan un verdadero problema, ya que es un colectivo muy vulnerable a nivel socio-económico y carente de información. Por eso asesoramos y orientamos. Hubo algunos casos en que nos plantearon que los transportistas no los quieren llevar más, pero hasta el momento son pocos”.
Protesta en Santa Fe
El próximo miércoles 26 de septiembre, a las 10 de la mañana, la Asociación de Transportistas de Personas con Capacidades Especiales de Santa Fe convocó a una concentración en el Monumento a la Bandera en la que compartirá con instituciones locales varias actividades destinadas a hacer públicos los problemas que enfrentan.
“Las instituciones no cerrarán sus puertas sino que llevarán sus actividades al Monumento”, explicó Pablo Bolego. “Participarán transportistas de Rosario y del Gran Rosario que también se ven afectados por los recortes en la prestación”, sentenció.
Adriana Ciarlantini, desde la Municipalidad, pidió que la convocatoria sea masiva, que acudan familiares y profesionales para que “se tomen en serio una política en discapacidad” privilegiando los derechos sobre las cuentas estrictamente económicas.
