El 2013 será recordado como el año económico más complicado para la década kirchnerista y con mayores frentes de batalla, en el que asomaron con fuerza protagónica los históricos traumas argentinos como la devaluación, la inflación y la desmedida fiebre por el dólar.
Fueron doce meses en los que el billete “verde” tuvo múltiples precios, las reservas del Banco Central bajaron casi 13 mil millones de dólares, el crecimiento del PBI tendió a frenarse, se debilitó fuerte el superávit comercial y se diluyó el fiscal, teniendo como telón de fondo una desgastante batalla contra los fondos buitre.
Ese panorama preocupante se contrapone con el “otro país” en el que se vendieron casi 950 mil autos nuevos y 1.700.000 usados, fueron fabricados 800 mil vehículos; la cosecha marcó un récord con más de 105 millones de toneladas y las perspectivas son alentadoras.
Un país donde también existen 143 celulares cada 100 personas; donde el consumo sigue siendo un pilar del crecimiento aunque a menor ritmo; donde la Bolsa de Comercio porteña cierra el año con una ganancia del 95 por ciento y donde la pobreza afecta al 4,7 por ciento de la población para el Indec, pero trepa al 25 en las estadísticas privadas.
Una nación en la que el PBI crece al 3,1 por ciento, según estadísticas elaboradas por consultoras y trepa al 5,4 en los registros del organismo estatal. Más allá de la disparidad, son números nada desdeñables en un mundo tan convulsionado y hostil. No es tarea sencilla describir lo que pasó en la Argentina a lo largo de un año en materia económica y aquí va una muestra: el dólar oficial inició 2013 a 4,93 pesos, termina a 6,35 con una devaluación cercana al 30 por ciento, el doble de la de 2012 y la más alta desde 2003.
Como consecuencia del cepo cambiario, convivieron cuatro tipos de cambio: el oficial, el turista o tarjeta que terminó siendo 35 por ciento más caro, el contado con liqui para compra de bonos y el paralelo o blue, que llegó a superar los 10 pesos, marcando una brecha del ciento por ciento.
La inflación, el trauma argentino por excelencia, fue protagonista del año: las estadísticas oficiales aseguran que el costo de vida subió un 10 por ciento, pero para las mediciones privadas aumentó 26, un número acorde a los incrementos de salarios pactados a principios de año.
Una de las fortalezas de la administración K resultó dañada: la balanza comercial terminará el año con una caída cercana al 25 por ciento en comparación con 2012. Además, las cuentas públicas acumularon un déficit cercano a los 40 mil millones de pesos, 70 por ciento más que en 2012 y treparía a 91.843 millones de saldo negativo sin los aportes de la Ansés y el Banco Central. Este resultado está estrechamente ligado con el crecimiento del gasto: en sólo nueve meses, los recursos destinados a subsidios superaron a los que se concedieron a lo largo de todo 2012.
No obstante y aunque parezca insólito, el punto de mayor inflexión del año ocurrió el 19 de noviembre, cuando la presidenta Cristina Kirchner, recuperándose de una compleja intervención quirúrgica, aceptó la renuncia de una de sus primeras espadas y de los funcionarios más criticados e influyentes: el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Atacado por no haber podido mantener a raya los precios, decidió dejar el gobierno, en un golpe duro que Cristina aceptó como consecuencia de las desfavorables elecciones del 27 de octubre.
Además, decidió meter mano en el Gabinete y le dio otra impronta: en lugar de Juan Manuel Abal Medina designó como Jefe de Gabinete a Jorge Capitanich, y como ministro de Economía eligió a uno de los hombres de extrema confianza: Axel Kicillof reemplazó a Hernán Lorenzino, un funcionario de fácil adaptación al bajo perfil que el kirchnerismo siempre impuso para ese cargo.
Será recordado 2013 como el año caracterizado por esa obsesión casi compulsiva de los argentinos a tener un dólar en el bolsillo y que se convirtió en emblema de miles que salieron a hacer sonar sus cacerolas, en rechazo a las restricciones cambiarias.
Esta presión sumada al pago de deuda, los desembolsos por importaciones y los millonarios recursos que se van del país en turismo internacional y compras en el exterior vía web provocaron una caída de 13 mil millones de dólares en las reservas del Central, que terminan en torno a los 30.600 millones, aunque en los últimos días empezaron a revertir la tendencia.
Como un sello de identificación, el gobierno de Cristina no trazó un plan económico, pero no se podrá decir que no planteó una estrategia para enfrentar los sacudones internos por la desmedida demanda de dólares y para evitar una debacle por las presiones externas. Fue un año de renovada batalla con los fondos buitre, pelea que sigue abierta en los tribunales de los Estados Unidos y en la que el gobierno impulsó un blanqueo de capitales que tuvo un muy flojo resultado.
También se firmó un acuerdo con la americana Chevron para explotar el yacimiento de Vaca Muerta que podría convertirse en la solución a todos los males energéticos del país y equilibrar un déficit que supera los 6.000 millones de dólares anuales. El Congreso aprobó un nuevo régimen para el mercado de capitales, que concede una mayor intervención estatal.
En medio de todo eso, el gobierno reabrió el canje de deuda para tentar a los recalcitrantes fondos buitre que ni así estuvieron dispuestos a negociar y elevó, luego de las primarias de agosto, a 15 mil pesos el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.
En un año intenso, el gobierno anunció un acuerdo en los tribunales internacionales del Ciadi para cerrar juicios por 500 millones de dólares con empresas que siguen litigando por la debacle de 2001, lo cual abrió la posibilidad de recibir nuevos créditos por parte del Banco Mundial.
Fue un año de desafíos y en ese contexto el gobierno retomó el diálogo con el FMI, con el objetivo de establecer una nueva medición de precios a nivel nacional que reemplace al siempre cuestionado índice del Indec.
Apenas iniciado el nuevo año, el gobierno deberá ser el árbitro necesario en la puja salarial, ya que los gremios no estarán dispuestos a conseguir mejoras inferiores al 30 por ciento, máxime si se tiene en cuenta las sumas superiores que consiguieron los policías a partir de las inexplicables protestas de diciembre.
