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Diferentes sindicatos, federaciones y organizaciones de distintas partes del planeta están haciendo llegar en los últimos días fuertes manifestaciones de solidaridad para con el paro general que convocaron las centrales sindicales de Argentina contra el DNU y la Ley Ómnibus del gobierno de Javier Milei que cercenan derechos laborales, recortan conquistas gremiales y entregan soberanía, entre otras afectaciones sociales.
La medida de fuerza nacional fue convocada por la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la UTEP para el próximo miércoles 24 de enero.
IndustriALL Global Union, la máxima federación mundial de sindicatos industriales que representa a más de 50 millones de personas en 140 países, envió un comunicado “en solidaridad con la jornada nacional de lucha” que comienza diciendo: “Damos apoyo a las movilizaciones y plan de acción en todo el país para poner un freno a las violaciones de los derechos constituciones y laborales a través de la imposición del DNU, que incluye la derogación o modificación de 366 leyes, que de hecho resultaría en una reforma laboral, además del intento a través del proyecto de Ley Ómnibus, que incluye más de 700 leyes, de forzar, de una vez, una reforma constitucional”.
“Celebramos la decisión adoptada por la Cámara de Trabajo, ante el amparo presentado por la CGT y las dos CTA entre otros, de suspender la reforma laboral incluida en el DNU. De todas maneras, expresamos junto a ustedes una gran preocupación ya que la eventual adopción de algunas de las medidas que el gobierno de Milei está tratando de imponer resultaría en la desregulación de la mayoría de los sectores industriales y un resultante desastroso aumento del desempleo”, agrega el texto.
Luego de criticar medidas represivas como el protocolo antiprotesta de Patricia Bullrich, los sindicatos industriales del mundo advierten “la reforma laboral que el gobierno de Milei intenta aplicar estaría en clara violación de los derechos fundamentales de las y los trabajadores, y en particular resultaría en el cercenamiento del derecho a huelga, contemplado en el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Movimientos sociales, ambientales, sindicales, feministas y de la economía popular en alerta a nivel nacional e internacional
Por su parte, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, que reúne a las organizaciones de la Federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI) en 14 países del sur y el centro del continente, también se pronunció fuertemente “ante la ofensiva autoritaria y neoliberal desplegada desde la asunción del presidente Javier Milei”
“En menos de un mes de ocupar el poder –dice la reconocida asociación ambientalista-, el representante de extrema derecha neoliberal ha violentado a la sociedad argentina con sus proyectos autoritarios de reformas legales inconstitucionales a través de un decreto presidencial “de necesidad y urgencia”, además de profundizar enormemente la pobreza con una devaluación de la moneda del 120%; llevar a cabo un ajuste total del Estado en materia social y privilegiar su carácter represivo; e imponer la apertura económica y la desindustrialización; generar una inflación descontrolada y un aumento abrumador del costo de vida, efectivizando una ‘doctrina de shock’”.
“Todas estas medidas que perjudican al grueso de la población, serán respaldadas por otra norma de prohibición de las protestas: a través de un Protocolo del Ministerio de Seguridad que prohíbe el derecho fundamental a exigir y manifestarse públicamente, a organizarse social y políticamente y a ejercer la libertad de expresión. Estos derechos, consagrados por la Constitución Nacional Argentina y en acuerdos internacionales a los que el país suscribe, serán gravemente vulnerados por las medidas que buscan criminalizar a los sectores populares, organizaciones sociales y sus referentes”, agrega ATALC.
Sobre la cuestión ambiental, el escrito denuncia: “No conforme con estas atrocidades, posteriormente Javier Milei envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación, que contiene más de 600 artículos. Popularmente conocida como Ley ómnibus por la cantidad de modificaciones que propone. Sin embargo, es en realidad una fuerte reforma inconstitucional del Estado: le quita de facultades al Poder Legislativo, propone la privatización de 41 empresas estatales, permite el endeudamiento externo desde el Poder Ejecutivo sin pasar por el parlamento, elimina el derecho a la protesta social, modifica la ley de glaciares habilitando la minería y otras actividades económicas en zona periglaciar y amenazando el agua de las comunidades cordilleranas, habilita el desmonte modificando la Ley de Bosques, establece un «Régimen de Incentivo para grandes inversiones» destinado a sectores de agroindustria, infraestructura, minería, forestal, gas y petróleo, brindándoles seguridad jurídica y protección de derechos en materia tributaria, faculta al poder ejecutivo la creación de un mercado doméstico de emisión de gases de efecto invernadero pudiendo asignar derechos de emisión de GEI a cada sector de la economía, establece un mercado de carbono en el cual quienes hayan cumplido sus «metas de carbono» puedan «vender» su cupo a los que no estén cumpliendo las metas, modifica la ley de los mil días que complementa la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Introduce como objetivo la «detección de madres embarazadas e hijos por nacer» abriendo la puerta a la derogación de la ley del aborto”.
“Los movimientos sociales, ambientales, sindicales, feministas y de la economía popular nos encontramos en alerta a nivel nacional e internacional. ATALC apoya el llamamiento a paro general, se solidariza con los movimientos populares argentinos en la calle a pesar de los riesgos, hace responsable al gobierno de Javier Milei por la integridad de los y las manifestantes y llama a la comunidad internacional a una alerta permanente y solidaridad activa para que Argentina no pierda los derechos que ha conquistado con años de luchas populares”, concluyen.
