Este viernes por la tarde el jefe de los fiscales santafesinos Jorge Baclini y la auditora María Cecilia Vranicich brindaron una conferencia de prensa y dieron detalles de la investigación que tiene en el ojo de la tormenta al fiscal Gustavo Ponce Asahad, a uno de sus colaboradores y al mismísimo fiscal Regional Patricio Serjal.
Estos últimos dos funcionarios y el empleado se encuentran fuera de sus funciones por distintos motivos y desde la Fiscalía elevaran un informe al órgano administrativo, la Legislatura, que deberá definir la suerte de los fiscales investigados. Para el caso de Ponce Asahad, sospechado de recibir dinero mensual para darle protección e impunidad al empresario Leonardo Peiti, una comisión legislativa citó a una reunión de urgencia para el próximo martes. En cuanto al empleado, por pedido de la interventora, Baclini lo suspendió preventivamente y notificó la situación a la Corte Suprema de Justicia.
En la vía penal los fiscales del caso evalúan la imputación que le harán a Ponce Asahad y su empleado mientras que estudian la situación del jefe regional, quien según el empresario, un hombre que está bajo investigación penal por juego clandestino en Melincué, se reunió dos veces con Serjal para discutir el aumento de la cuota mensual.
“Para el Ministerio Público de la Acusación es un daño terrible, un golpe muy fuerte” dijo Baclini aunque resaltó que no escondieron nada e hicieron una persecución administrativa y penal.
Baclini contó que, tras haberse presentado el prófugo Leonardo Peiti en Cañada de Gómez, el sospechoso prestó una declaración y lo volvió a hacer en la audiencia imputativa este viernes pasado el mediodía, en Rosario, donde se lo sindicó como miembro de una asociación ilícita cuyo organizador es Maximiliano «Cachete» Díaz y una tentativa de extorsión a un financista. En esa declaración Peiti dijo que cerca de un año atrás un fiscal lo contactó y le pidió una entrega mensual de dinero para no perseguirlo por juego ilegal, contó.
La suma se entregaba en pesos pero se cuantificaba en 4 o 5 mil dólares mensuales, aseguró. El empresario contó que este dinero era entregado a Ponce Asahad, con el que se encontró unas 30 veces, aunque no en todas le daba dinero.
El contacto y la relación era para evitar que Peiti quedara imputado o mencionado en la investigación por asociación ilícita que incluye extorsiones y hasta un crimen, el producido en enero pasado en el ataque al Casino.
En cuanto a Serjal, dijo que lo vio en dos oportunidades, una de ellas en un hotel de Buenos Aires, donde ambos se alojaron, dato que la Fiscalía está chequeando. La otra no hace mucho tiempo atrás y la cita fue para aumentar la cuota mensual.
Diez mil dólares
Hace unos 10 días o un poco más Ponce Asahad y Serjal visitaron el Organismo de Investigaciones, donde se interiorizaron sobre una detallada pesquisa que llevaban contra Peiti. Baclini explicó que Peiti es un empresario del juego que tiene negocios legales en Misiones, Formosa y Paraguay y la Fiscalía investiga negocios ilegales vinculados con esa actividad en la provincia de Santa Fe.
El empresario contó que lo contactaron y le pidieron una cifra mayor a raíz de esa investigación y le dijeron que destruyera su teléfono. Baclini dijo que, según la versión, le habían pedido la suma de 10 mil dólares y al día siguiente de la visita de los fiscales al Organismo la Investigaciones sobre el número celular del empresario «se perdió».
Peiti declaró que entregó la suma reclamada. La versión del ahora imputado «está corroborada», siempre según Baclini, por el abogado del empresario que se reunió con el fiscal Ponce Asahad en una oportunidad el viernes pasado, cuando según el letrado, Angelo Rossini, también le pidió dinero y con un testigo que manejó el vehículo en el que Peiti llegó en algunas oportunidades para encontrarse con el fiscal y realizar algunas de las entregas, ilustró el jefe de los fiscales provinciales.
Además Baclini contó que hay mensajes de whatsapp mandados por el empleado que trabaja para el fiscal investigado, Nelson Ugolini, cruces de llamadas y filmaciones de las cámaras de seguridad; ejemplificó que hay tomas del encuentro con el abogado y otra que se realizó el 9 de julio con Peiti, entre otras evidencias, dijo el fiscal general.
Vía administrativa
Baclini explicó que hay tres personas bajo investigación. Uno de ellos es el empleado Ugolini, que revistaba la Fiscalía que dirigía Ponce Asahad. A esta persona se le inició un sumario administrativo a cargo de la auditora María Cecilia Vranicich quien pidió su suspensión y lo resolvió, notificando a la Corte Suprema de Justicia.
En cuanto a Ponce Asahad, la comisión de Acuerdos de la Legislatura convocó a una reunión urgente para el martes a las 19 a la que citaron a la auditora Vranicich. Baclini dijo que la situación administrativa del fiscal es competencia directa de la Legislatura y ellos determinarán si se lo va a suspender o no. Por el momento el fiscal pidió su suspensión preventiva.
En cuanto a Serjal, la Fiscalía va a comunicar toda la evidencia a la Legislatura, que es el órgano encargado de la toma de decisiones administrativas. El fiscal regional está de licencia desde este viernes hasta el 11 de agosto próximo por haber estado en contacto con un funcionario que dio positivo de covid-19.
Baclini dijo que, para ellos, para el MPA es «un daño terrible, un golpe muy fuerte». Describió: “Consideramos muy importante que, desde que surgió este hecho, la Fiscalía estuvo al tanto y la Fiscalía General se dio todo el aval. Es importante que como órgano público no escondamos estas situaciones y las pongamos en evidencia; hay que destacar la actuación de los fiscales y los empleados porque hicieron posible que se pueda detectar la maniobra”.
Auditoría
La auditora Vranicich dijo que estuvo presente en el allanamiento a la casa de Ponce Asahad como veedora; allí se hizo un estudio minucioso del lugar y se secuestraron objetos de interés para la causa. Inició una investigación hace una semana y lograron establecer que la sospecha radica en un empleado y al entrecruzar evidencia surge el fiscal como sospechoso, describió.
Baclini agregó que está chequeado que en el período de tiempo investigado, durante la feria estival, ingresaron 10 personas al sistema donde se consulta información sobre causas en trámite y una de ellas es el empleado de Ponce Asahad, Ugolini. En uno de los allanamientos realizados el fin de semana se secuestró un pendrive con la identificación del teléfono del empleado de Ponce mandando datos de la investigación, aseveró.
